La Ministra uría respondió críticas de la interhospitalaria

La Ministra Uría respondió críticas de la interhospitalaria.

La interhospitalaria por la salud consideró que, en vez de buscar consenso para solucionarlo, el gobernador Saiz apostó a "ganar" en el conflicto que llevan adelante algunos sectores en los hospitales de la provincia. La respuesta llegó de parte de la Ministra de Salud, Cristina Uría. Viedma. La Ministra de Salud, Cristina Uría, convocó a los miembros de la interhospitalaria "a levantar las retenciones de servicios y sumarse al equipo de trabajo que esta evaluando la jerarquización de la carrera sanitaria para el presupuesto del año próximo"
Lo hizo al rechazar cuestionamientos realizados por dirigentes de ese nucleamiento con relación al accionar del gobierno provincial ante los reclamos del sector.
Desde el Alto Valle, la interhospitalaria por la salud emitió un comunicado de prensa donde se expresó que "el gobernador (Miguel) Saiz, ante la problemática de la salud, decidió desde un inicio que ese conflicto lo quería ganar, ganar en vez de resolverlo, es decir, descartó toda posibilidad que implicara un reconocimiento del estado critico de la salud en Río Negro, y a partir de ahí la búsqueda consensuada de soluciones"
Ante esa acusación, y por la misma vía, Uría aseguró que "faltan a la verdad cuando dicen que este gobierno no atiende las demandas del sector, porque desde el inicio de los reclamos se convoco a participar de una mesa de trabajo a los representantes de los sectores involucrados; logrando hasta la fecha avanzar en un acuerdo con las asociaciones de técnicos y profesionales y de médicos en materia de política salarial para el ejercicio fiscal 2010"

Funcionarios
Para la interhospitalaria "este deseo de ganar o ganar, lo lleva (a Saiz) a cometer muchos errores, por ejemplo: los 300 pesos prometidos de aumento, son hasta diciembre y es en realidad un aporte extra que el gobierno nacional otorgo producto del trabajo 24 horas sin descanso durante la emergencia por la gripe A"
Al respecto, la Ministra de Salud negó que se hayan recibido aportes extras con los fines mencionados, y aclaró que esa sobrecarga horaria fue afrontada con fondos provinciales.
"No es cierto lo que afirman Cecilia Chavero (delegada de ATE), Ramona Ortiz (trabajadores autoconvocados) y Enzo Giacinti (CC-ARI) cuando expresan que la Nación otorgo un aporte extra al gobierno provincial por la sobrecarga laboral producida por la emergencia sanitaria a raíz de la gripe A. Todo el trabajo extraordinario realizado en horas extras y guardias fue asumido desde el mes de mayo con el presupuesto provincial", aseguró la titular de la cartera sanitaria provincial.
Asimismo, la Ministra de Salud aseguró que también "demuestran una falta total de conocimiento cuando expresan que la masa salarial de los funcionarios se incremento de 29.813 millones de pesos a 186.624 millones en el período de cuatro años; porque el presupuesto provincial 2009 -remarcó Uría- es de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Es decir, si fuera cierto lo que afirman estas personas, la masa salarial de los funcionarios representaría el presupuesto provincial de más de cuarenta y seis años. Tan absurdo es lo afirmado que no resiste el menor análisis"

Hospitlarios discuten lo de hoy y cómo será el año próximo

	A la par del conflicto, analizan la rejerarquización para 2010 y aspectos de la carrera de técnicos y profesionales.
	El diálogo sigue entre gobierno y hospitalarios. De todos modos no hubo tantos avances. ROCA (AR).- Funcionarios de Salud de la provincia se reunieron en esta ciudad con técnicos y profesionales hospitalarios. Allí se analizaron diversas propuestas de jerarquización para el año que viene, que serán evaluadas por los trabajadores. Según se informó, la "mesa de trabajo conformada por representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de la Función Pública y de Técnicos y Profesionales hospitalarios, volvió a reunirse con el propósito de avanzar en la definición de lineamientos de rejerarquización para el próximo año". En el encuentro que se realizó el lunes, estuvieron presentes la directora de Recursos Humanos de la cartera sanitaria provincial, Silvia Fernández; el secretario de la Función Pública, Carlos Oliva y representantes de los hospitales de Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma. En ese marco, según precisaron ayer, se evaluaron propuestas relacionadas con la carrera de Técnicos y Profesionales encuadrados en la Ley 1904 que el Ministerio de Salud viene trabajando desde mediados de este año. Entre tales puntos se destacó "la jerarquización del full time, como así también de la formación recibida; el reconocimiento de las recertificaciones de especialidad médica a fin de garantizar la calidad de las prestaciones en los servicios de Salud, la revisión de las guardias, la permanencia en la categoría de revista, y el proyecto que prevé la opción para los mayores de 55 años de no hacer guardia". Otro de los temas propuestos hizo referencia al pago del lucro cesante a politraumatizados, pacientes oncológicos crónicos y embarazadas que no puedan, por cualquiera de esas razones, cumplir con sus guardias. Según recordaron los funcionarios, para el presente ejercicio el Gobierno provincial "ya determinó el pago a la totalidad del sector Salud de una suma fija de 300 pesos hasta el mes de diciembre y un aumento del 40 por ciento en guardias y horas extras". Lo cierto es que más allá de estas reuniones, los avances no alcanzan para superar la situación actual porque el Gobierno ya anticipó que no puede ofrecer más a los hospitalarios y que si hubiera otras mejoras recién podrían ser contempladas para el año que viene. Los trabajadores convocaron para una marcha a realizarse el jueves en los puentes que unen Neuquén y Cipolletti, donde plantearán nuevamente sus reclamos y exigirán una reunión con el gobernador Saiz.

Desproporción indignante (Por Alicia Miller)

	El Estado adolece en muchos sectores pero asigna privilegio a jueces. RÍO NEGRO La independencia depende de valores morales, no del salario.
	En esta provincia de Río Negro, los hospitales trabajan en situación de vulnerabilidad de servicio por la escasez de tecnología e insumos y por el relativamente bajo nivel salarial de médicos y profesionales, que desalienta la formación de equipos de calidad y lleva a los más destacados a desempeñarse en el sector privado o en establecimientos públicos de Estados vecinos. Aquí, los estudiantes de escuelas públicas no tendrán 180 días de clases sino poco más de la mitad, en gran medida porque los docentes hicieron una huelga de 46 días en reclamo de ganar un sueldo mínimo de 1.900 pesos. El personal profesional de Promoción Familiar no puede cumplir en forma adecuada con la obligación ineludible del Estado de asistir a niños y niñas desamparados o en situación de riesgo y en casos de violencia familiar. Todavía gran parte de ese personal está vinculado a través de formas laborales del tipo "contratos basura", sin estabilidad ni aportes jubilatorios. Además, su número no alcanza para cumplir con los requerimientos, lo que ha derivado en atrasos castigados judicialmente. La Policía rionegrina no tiene recursos para realizar investigaciones eficaces que permitan identificar y condenar a los responsables de delitos graves, lo que genera gran cantidad de absoluciones por el beneficio de la duda o por desconocimiento de sus autores. Una evidencia elocuente de ello es que una víctima de un delito sexual violento, de Bariloche, tuvo que pagar de su bolsillo para que se hiciera un identikit de su agresor. Es que la Justicia y la Policía no tienen peritos para ese servicio y debió recurrirse a otra jurisdicción. Pero en esta misma provincia los jueces y funcionarios del Poder Judicial cobran ingresos hasta cinco veces superiores a los de médicos, ingenieros y otros profesionales del Estado, no pagan impuesto a las Ganancias, cobran antigüedad por períodos ajenos a su relación laboral con la Provincia. Y, ahora, se jubilarán con el 82% móvil de sus remuneraciones, lo que representa entre 14.000 y 25.000 pesos de haber jubilatorio mensual. La desproporción entre las situaciones descriptas es indignante. Y el empeño que los integrantes del Poder Judicial y del poder político ponen en garantizar esa inequidad resulta obsceno para los principios republicanos. Sobre todo, porque no ha sido política frecuente del Poder Judicial rionegrino el cuidar del despojo las finanzas de esa misma administración provincial a la que reclaman tamaña remuneración. El argumento de que los jueces deben cobrar sueldos muy elevados para garantizar que sus sentencias sean independientes del poder político o económico no resiste el menor análisis. En principio, porque toda función pública supone cierta vocación de servicio, reñida con una desmedida ambición aunque no con un sano deseo de bienestar que aleje la incertidumbre sobre el futuro personal y familiar. Un desequilibrio evidente entre el ingreso judicial y el del resto de los funcionarios públicos o privados resulta indeseable, pues aleja a los jueces de la comprensión de la realidad en la que viven los justiciables, cuyos asuntos deben resolver en sus fallos, quitándoles la relación de lo que cuestan bienes en litigio, el pago de honorarios y multas o los objetos robados para las víctimas. Hay evidencias de que la independencia en los fallos tiene más que ver con la formación moral y profesional de cada magistrado que con el nivel de sus remuneraciones. Sólo así se explica que algunos jueces cumplan muy bien su tarea y otros holgazaneen o se corrompan, aun con ingresos similares. En otro aspecto, es obvio que una desmedida exigencia económica no hace quedar nada bien a los jueces. Más bien los presenta como personas sólo dispuestas a cumplir con su deber contra el pago de sumas considerables. Desvirtúa también el concepto de la intangibilidad de remuneraciones que les es garantizada. Lo que busca la Constitución es preservar a jueces y fiscales de presiones que amenacen sus ingresos con el fin de llenarlos de inquietud. No debe entenderse como un virtual peculado moral que abuse de la cercanía con el poder administrador para constituirse en una casta con un nivel de vida sin ninguna relación con los ingresos de cualquier otro sector del Estado al que pertenecen. Pero más cabe dudar de la intención del gobierno de Miguel Saiz y de los legisladores oficialistas en la ratificación del convenio jubilatorio, considerando que éstos nunca han demostrado el menor interés por garantizar una Justicia eficaz. Por el contrario. Este mismo gobierno ha buscado condicionar cada designación de funcionarios judiciales y mantuvo durante años al legislador Daniel Sartor como integrante del Consejo de la Magistratura. Es el mismo diputado que está siendo investigado penalmente para que explique cómo amasó una fortuna si habría tenido como único ingreso comprobable su sueldo de funcionario político o legislador. Mucho más haría en favor de la independencia del Poder Judicial rionegrino que el Consejo de la Magistratura se mostrara rápido y estricto en su tarea. El viernes, contrariamente, la mayoría oficialista evitó enjuiciar al juez Pedro Funes por inconductas en la causa Flavors, por argumentar que sus errores habían sido ya remediados por la Cámara del Crimen. Lo curioso es que tanto el STJ como los legisladores oficialistas eluden llamar las cosas por su nombre y presentan la ratificación del convenio previsional como un modo de "oxigenar" al Poder Judicial. Lo que significa es, ni más ni menos, empujar a la jubilación a los jueces con más experiencia y formación. En cambio, nada hicieron para corregir la exigencia de dos años de residencia en la provincia para todo aspirante al Poder Judicial, cláusula que sigue influyendo en la escasez y la discreta calidad de postulantes a la magistratura. Tampoco han puesto remedio al engorroso mecanismo de selección de aspirantes, que recién logró las primeras designaciones a un año de implementado. Con la aprobación del 82% móvil para funcionarios judiciales, el oficialismo asumió finalmente el costo político que no quiso afrontar hace un año cuando el gobernador Saiz remitió el convenio a la Legislatura. Y los mismos legisladores que antes objetaban que el beneficio debía ser para todos los trabajadores o para nadie justificaron ahora esa opción futura. Saben que esa alternativa es inviable pero ocultan la verdad. También se busca disimular el "precio" entregado al gremio judicial a cambio de su manso aval: el STJ consintió en conformar una comisión para redactar un convenio colectivo de Trabajo. Y algo más "cash": Sitrajur volverá a recibir el 2 por mil de todo lo que ingrese por tasa de Justicia, que el mismo oficialismo le había retirado en 1998. Esto significaría anualmente entre 800.000 y 900.000 pesos por año, que saldrán del bolsillo de los usuarios del servicio de justicia hacia las arcas gremiales. La independencia judicial ni se habrá enterado de estas cosas. ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar