Rio Negro unifica los criterios de atención oncológica

	Aporta cerca de 15 millones al año para prestaciones contra el cáncer. Con seis años de atraso se integró la comisión de regulación. El Ipross analiza una denuncia contra un especialista.
	VIEDMA (AV)- Río Negro asigna de 13 a 15 millones de pesos anuales en la adquisición de medicamentos oncológicos. La provincia avanza finalmente en la fijación de criterios terapéuticos para financiar ese tipo de tratamientos. Salud acusó la existencia de un vademécum oncológico y un protocolo, aunque su vigencia es relativa. Hay diferencias y cuestionamientos entre los organismos sanitarios y los prestadores. Por caso, la junta de Administración del Ipross evalúa un pedido de sanción para un oncólogo por incumplimiento de las normas médicas, pero la junta todavía no resolvió. La solicitud técnica pretende incluso la suspensión de la matrícula. El expediente del Ipross reeditó el análisis de la normativa provincial y Salud concluyó así con la conformación de la comisión prevista en la ley 3758, que reguló "el empleo de las prácticas oncoquimioterápicos". Su conformación llega algo demorada porque se cumplió la semana pasada, es decir, seis años después de entrada en vigencia de la normativa, que se promulgó en setiembre del 2003. Esa comisión funcionará en el ámbito de Salud y la preside la ministra Cristina Uría. La integración se completará con los legisladores Marta Milesi (radical), Inés Lazzarini (PPR) y Luis Bonardo (Foro), el secretario Técnico del Ipross, Sergio Wisky, el secretario de Salud, Daniel Chiosso, el jefe del Programa Provincial de Control de Cáncer, Miguel Ledesma y el titular del área Farmacia del ministerio, Carlos Felicito. Cuestionan un tratamiento Wisky integra está comisión y firmó recientemente un dictamen donde cuestiona la prescripción y tratamiento oncológico de Rubén Kowalyszyn. El caso fue enviado a la junta -que preside Alcides Pinazo- para su análisis. A principios del 2008, Pinazo había anunciado que la obra social fijará parámetros y con ello límites en la provisión oncológica. No fue así. El Ipross desembolsa actualmente más de 12 millones anuales (contra los casi 8 millones del 2007) y Salud entrega por otros tres millones, según las últimas estimaciones. Al conformar la Comisión, la ministra expresó que ella deberá "analizar y proponer los lineamientos para la programación, normatización y fiscalización del empleo de los medicamentos oncoquimioterá- picos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. En un intento de justificación, la funcionaria manifestó que esas "funciones que debía realizar esa comisión fue desarrollada por Salud a lo largo de los últimos años, asumiendo el compromiso de cumplir las obligaciones que le son propias". Recordó que Río Negro dispone del Registro de Tumores y Seguimiento de pacientes y que en el 2007 se definió el protocolo de tratamientos oncológicos y el vademécum oncológico provincial, cuya elaboración estuvo a cargo de especialistas del sector público. Ambos documentos están contenidos en las "Guías Terapéuticas de Tratamientos de Eficacia Aprobada en Oncología Clínica, Oncohematología y Oncopediatría". En otra parte, Uría destacó que la comisión tiene la atribución de "realizar un protocolo de tratamientos oncológicos y definir un vademécum para satisfacer las necesidades terapéuticas en la cobertura total de las patologías, con el menor costo y el mejor tratamiento". También ese cuerpo -según la normativa- deberá "promover reuniones de oncólogos del sector salud público y privado para la implementación de protocolos y normatización de tratamientos, y proponer las actividades que correspondan para asegurar la distribución y contralor de este tipo de drogas". El viernes, funcionarios de Salud ya se reunieron con oncólogos y se acordaron nuevos criterios de revisión del "actual protocolo de tratamientos", considerando "la dinámica que adquiere en medicina este tipo de documentos por la constante innovación tecnológica".

Tiempo de sequía (Por Alicia Miller)

	Como el desmonte que desertifica, en las causas de la crisis rionegrina actual hay actos voluntarios de la gestión Saiz. El crecimiento del empleo público se financió a expensas de partidas de gastos no salariales y de obras públicas.
	La escasez de dinero es, en estos tiempos, la única razón de Estado en Río Negro. Es un mal con picos agudos estacionales pero que no puede sorprender a nadie en la administración de Miguel Saiz. Su síntoma más evidente es el malestar de los empleados públicos, que se manifiestan en las calles en procura de cobrar su salario. Pero su más grave efecto es la ruptura de la cadena lógica -proyecto, desarrollo, evaluación y proyección- en las áreas más sensibles del Estado. Las consecuencias irreversibles se miden, por eso, en los años que demandará recuperar la calidad de vida perdida por grandes sectores de la población. Durante los últimos años el radicalismo rionegrino tomó el Estado como botín particular. Y, con total desprecio por las sanas prácticas de la administración de la cosa pública, abusó en designar a miles de empleados en cargos no justificados más que por el deseo de quedar bien con punteros políticos, familiares, amigos o adversarios proclives a buscar la mano generosa del poder. El empobrecimiento provincial -medido tanto en términos de endeudamiento del Estado, déficit de inversión en capital y profesionales en la administración como en pérdida de chance del sector privado- no es un cataclismo de la naturaleza. Como el desmonte, es el componente de actos humanos voluntarios que -unidos a contingencias naturales como la sequía y el viento- derivaron en que se arruinaran tal vez por varias décadas inmensas superficies de tierras ricas en el este rionegrino y el partido de Patagones. Más que caso fortuito, la desertización suele ser el efecto natural de las acciones y omisiones de productores, funcionarios y consumidores. Algo similar sucede con la "seca" financiera provincial. La situación es preocupante. Saiz designó durante su gestión a siete estatales por día, un récord que no alude -lamentablemente- a la cobertura de médicos de especialidades críticas, cargos que están vacantes en numerosos hospitales. En mayo de este mismo año, cuando la crisis económica mundial ya llevaba meses en los titulares, Saiz dispuso el pase a planta permanente de cuatro mil empleados, todos ingresados sin concurso y muchos de ellos funcionarios de designación política y unos cuantos con apenas un año en el Estado. El ingreso irrestricto daña a todos los estatales del mismo modo en que un aluvión daña a un lago. Hoy resulta difícil distinguir entre agentes públicos aptos y ñoquis. Todos están en los listados, con similares rangos salariales, sin evaluación que los distinga. Todos, también, sufren incertidumbre cuando el gobierno admite que no tiene recursos para afrontar la masa salarial de 150 millones de pesos por mes. Todos se ven perjudicados. Además, claro está, de aquellos rionegrinos que no trabajan en el Estado pero que pagan sus impuestos para sostenerlo y pretenden ser usuarios de los servicios que tiene a su cargo. Resulta obvio que, si la masa salarial representaba al inicio de la gestión Saiz un 50% de los gastos corrientes y ahora equivale al 63%, el crecimiento del empleo público se financió a expensas de las partidas de gastos corrientes no salariales y de obras públicas. Fue la opción que eligió este gobierno. En lugar de fortalecer el Estado dotándolo de eficiencia, Saiz prefirió fortalecer su situación política relativa haciendo favores con dinero que no le pertenece. Hoy, al no existir una política de obras públicas, la Uocra advierte sobre un crecimiento del desempleo y la retracción comercial resiente los propios ingresos fiscales. La falta de recursos impide al Estado cumplir con los pagos a médicos y clínicas -que amenazan con cortar la atención a las familias de estatales- y los hospitales, retrasados en actualización de tecnología e insumos, se ven complicados para satisfacer la demanda. Los jueces reclaman más recursos para cumplir su esquema de actualización salarial, pero al mismo tiempo los organismos del Ejecutivo que deben hacer informes sociales o psicológicos para numerosas causas judiciales apenas pueden funcionar, afectados por contratos laborales precarios, sin teléfono, vehículos ni otros recursos esenciales. Son sólo ejemplos de una trama compleja. Tan frágil es hoy la situación financiera de la gestión Saiz que hasta la misma Concertación política peligra, al quedarse el gobierno sin dinero para obras, subsidios, cargos y partidas especiales, que fueron los argumentos fundacionales de su base de alianzas. Tal endeblez preocupa al gobierno, ante la perspectiva de que la cuestión financiera sea más precaria aún en el primer trimestre del año próximo. Las gestiones vuelven a ser intensas. Y todas apuntan hacia Buenos Aires. Allí, el gobierno nacional que más recursos ha concentrado en las últimas décadas, elude todavía tratar una ley de coparticipación federal que respete las previsiones de la reforma constitucional de 1994. En lugar de permitir a las provincias financiarse, acaba de derogar la ley de Responsabilidad Fiscal, que las habilitará a endeudarse por encima de los topes que aquella establecía. Ahora, la única solución que ve Saiz es pedir un préstamo a bancos privados por 200 millones de pesos, que sólo le permitirá aliviar en algo el interés que paga por el inmenso descubierto diario en el Banco Patagonia. Cuando salga el crédito, el gobierno lo celebrará como un triunfo. Aunque la espiral de desfinanciamiento habrá dado un giro más cerrado sobre las cuentas rionegrinas, comprometiendo el futuro de numerosos proyectos productivos, educativos y sociales que no tendrán quién los solvente. ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar