viernes, 25 de enero de 2008

Ambicioso pedido de aumento de UPCN: el 27%

25-01-2008 - 00:18:24
Ambicioso pedido de aumento de UPCN: el 27%

El pedido no fue formalizado en la reunión de ayer, pero Scalesi hizo el anuncio periodístico. Acordaron equiparar las asignaciones familiares a lo que paga Nación.

La UPCN requerirá al Gobierno provincial un incremento salarial del 27% en la próxima reunión de la Mesa de la Función Pública, luego de que ayer se haya acordado equiparar las asignaciones familiares a lo definido por la Nación en octubre pasado.
La información fue suministrada ayer por el titular del gremio, Juan Carlos Scalesi, minutos después del encuentro con los integrantes de la Mesa, presidida por el gobernador Miguel Saiz.Además, se acordó que el aguinaldo se siga al menos momentáneamente, pagando en cuotas mensuales, aunque se evaluará retornar a las dos cuotas anuales.
El pedidoA pesar de que el gremio no expuso en la reunión de ayer sus pretensiones salariales, tanto UPCN como el Gobierno continuarán trabajando en proyecciones y cruzamiento de datos. En diez o quince días volverán a verse las caras para avanzar en definiciones.Scalesi buscará que el incremento sea abonado con los salarios del mes de marzo a más tardar.AsignacionesLos montos de las asignaciones familiares que paga el Estado provincial serán equiparadas a Nación, lo que implica un aumento promedio del orden del 30% en este concepto.
Dado que los salarios de enero ya fueron liquidados y están próximos a abonarse, habrá retroactividad en los sueldos de febrero, que se pagarán en los primeros días de marzo.La equiparación de las asignaciones fue calificada por Scalesi como ‘un gran avance para todos los empleados públicos’.
AguinaldoFinalmente, la posibilidad de pagar en dos cuotas el aguinaldo será analizada una vez que se haga efectivo el aumento previsto. Salir del sistema de cuota mensual implicaría una baja en los haberes del 8,33%, aunque eso sea recuperado luego en las cuotas semestrales.
Saiz, haciendo equilibrio entre las pretensiones de Scalesi y los números de Verani.

martes, 22 de enero de 2008

Se incrementan tres aportes obligatorios

22-01-2008 - 10:05:54

Empleados públicos rionegrinos recibirán menos sueldo de bolsillo

Viedma (ADN). Todos los trabajadores del Estado rionegrino percibirán a partir de enero de este año menos sueldo neto de bolsillo al incrementarse los aportes de tres ítems de sus haberes: el IPROSS, las AFJP y el seguro obligatorio IAPS.En el caso del IPROSS, la Legislatura provincial aprobó el 6 de diciembre del año pasado el proyecto de reforma del Instituto enviado por el Poder Ejecutivo que, entre otras modificaciones, incrementó el aporte de los trabajadores del 3,5 al 4 por ciento.
La norma ya está vigente y fue publicada en el Boletín Oficial del 3 de este mes.En cuanto al seguro de vida IAPS (Instituto Autárquico Provincial del Seguro) aumentó de 1,5 a 1,8, estableciendo un nuevo techo de 43 pesos (estaba en 18).
Por último, el tercer incremento en los aportes es para todos los trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que aumentó del 7 al 11 por ciento desde el primero de enero, con lo que se equiparará con el descuento aplicado a quienes se encuentran en el régimen de reparto.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones comenzó a regir en el año 1994, con aportes del 11 por ciento, pero tras la crisis y con el objetivo de estimular el consumo en el año 2001 se redujo esa alícuota al cinco por ciento.Por otra parte, todos aquellos trabajadores que usaron la opción y retornaron desde la AFJP al régimen de reparto, sufrirán también el aumento desde el 7 al 11 por ciento.
Sumados estos tres ítems que aumentan, dan un 4,8 por ciento de mayores aportes que realizarán los trabajadores y consecuentemente al mismo tiempo, una reducción en su sueldo neto de bolsillo por un porcentaje equivalente.


Pablo Verani, titular de Hacienda.

viernes, 18 de enero de 2008

Investigar en los hospitales (Última llamada)

A pesar del significativo avance de la investigación biomédica en España, una asignatura pendiente colea desde hace décadas: el desarrollo de una investigación potente de laboratorio en la red de hospitales públicos.


No hay razones objetivas desde el punto de vista económico o social que justifiquen el importante vacío que persiste en este campo, las razones son probablemente de índole cultural. La atención sanitaria de gran calidad que se presta en los hospitales públicos tiene su origen en el esfuerzo de formación del cuerpo médico, a través del sistema de residentes, que se terminó de implementar de manera estable durante la década de los años setenta. Sin embargo es hora de reflexionar.


La ausencia de una carrera profesional establecida, con honrosas excepciones, ha devenido en un conjunto de profesionales bien formados pero poco incentivados desde el punto de vista económico e intelectual.

Con frecuencia se les transmite que la única prioridad es la eliminación de las listas de espera y rara vez se les enseñan jalones en el camino que les permitan mantenerse estimulados. Es casi imposible pedirles que además hagan investigación de laboratorio o colaboren en ella, máxime cuando este esfuerzo es complejo, además de escasamente recompensado.

Y, sin embargo, la medicina se mueve a pasos agigantados por el concurso y aportaciones de la bioquímica, la biología o la genética. Y nuestros médicos se lo están perdiendo, y lo que es más grave, todos nos lo estamos perdiendo.

La investigación biomédica en España se hace y debe hacerse en organismos públicos de investigación tales como el CSIC y la Universidad. Pero de manera consustancial a su denominación tiene que hacerse en los hospitales, junto a los pacientes. En este aspecto nos queda un largo reco

Una masa crítica de personal investigador es fundamental

La administración pública ha venido haciendo esfuerzos a través de diferentes programas para mejorar la situación. Entre éstos se sitúan las ayudas a proyectos, las becas de ampliación de estudios y el programa de investigadores contratados con vocación de estabilidad. Los instrumentos son probablemente adecuados. Donde reside el problema es en:

a) la ausencia real de una masa crítica investigadora en la mayoría de los hospitales

b) la necesidad de instaurar un cambio progresivo sobre la percepción de la investigación en la cultura de los hospitales

c) la reforma del currículum universitario y de postgrado.

Al igual que en las reacciones de fisión nuclear, la existencia de una masa crítica de personal investigador es fundamental para llegar a ser un elemento de importancia en la vida de un hospital. La gran mayoría de unidades de investigación tienen poco personal y su participación en la vida intelectual de los hospitales es limitada. Ello tiene que ver en parte con el hiato casi insalvable que ha caracterizado las relaciones entre clínicos e investigadores de laboratorio. De siempre estas relaciones han estado impregnadas de recelo mutuo; el de los clínicos porque les cuesta entender el esfuerzo dedicado a metas que dan resultados a medio o largo plazo, el de los investigadores porque no entienden cómo se pueden tomar tantas decisiones sin un conocimiento detallado de los procesos biológicos o sin, al menos, interesarse por los mismos. Esto debe cambiar. Los clínicos y los gerentes de los hospitales deben empezar a considerar la investigación básica un valor de cambio y un instrumento eficaz de mejora diagnóstica y terapéutica; los investigadores deben interiorizar que los clínicos son los únicos capaces de poner en perspectiva sus descubrimientos moleculares. Hay que dotar al clínico de tiempo protegido en el que pueda dedicarse de manera específica a tareas investigadoras, mejorando y ampliando iniciativas ya en curso. Un elemento adicional, pero clave, para poder cambiar este panorama, es la reforma del currículo académico y profesional en la medicina española. El estudio de disciplinas básicas en la carrera de medicina debe potenciarse, ya que la medicina de hoy en día es cada vez más molecular. El bagaje de conocimientos necesario de un clínico del siglo XXI es cualitativa y cuantitativamente distinto del de hace 20 años. Este hecho debe impregnar las facultades y los hospitales como bálsamo de Fierabrás que cierre cualquier herida pasada entre clínicos e investigadores de laboratorio. Además, es urgente reformar el baremo prevalente utilizado para valorar los méritos profesionales de los clínicos a la hora de una promoción: sin duda alguna la antigüedad es un grado pero igual de importante o más es el haber demostrado mediante publicaciones o patentes aportaciones al conocimiento o aplicaciones del mismo. Este último dato es esencial ya que su peso está claramente infravalorado en la mayoría de los concursos de méritos que juzgan la valía de nuestros médicos.

Todo esto ha sido ya dicho por eminentes gestores, clínicos e investigadores en diversos foros y formatos. Como decía André Gide, todo ya está dicho pero, como nadie atiende, hay que volver a repetirlo cada mañana. La investigación clínica goza en España de buena salud, la práctica clínica también, la bonanza inversora de gobernantes creyentes en investigación ha permitido que haya un buen número de investigadores básicos excelentes en el país. Aprovechemos este viento de cola así como la excelente disposición de los pacientes a colaborar. El diagnóstico está hecho, las técnicas curativas son conocidas. En breve estrenaremos legislatura: los ministros/as de Sanidad y Educación que la inauguren tienen una oportunidad de oro para aplicar el tratamiento. No la dejemos pasar salvo que decidamos, como pésima alternativa, dejar pasar el tren de la medicina del siglo XXI.

Santiago Lamas es especialista en nefrología y profesor de investigación del CSIC.

El ministro de Salud bonaerense se queja por el alto índice de ausentismo en los hospitales

Claudio Zin dijo que en promedio es del 35% y que "desde ordenanzas hasta médicos no concurren a trabajar" por "enfermedad, desmotivación o cuadros depresivos". Los gremios lo niegan y sostienen que sólo es del 10%.

"Uno de cada tres agentes, por diversos motivos, está ausente". Así lo denunció el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, a la grave carencia de profesionales en los hospitales de la provincia. El ausentismo en los centros sanitarios, según dijo, llega a un sorprendente 35 por ciento.

En declaraciones de Radio Provincia, el funcionario explicó que "desde ordenanzas hasta médicos no concurren a trabajar". "De este modo –se quejó- el sistema no puede funcionar".

Entre las causas de las ausencias Zin mencionó "enfermedad, desmotivación o cuadros depresivos", y agregó que "de este modo es muy complicado manejar un sistema tan sensible como es la salud".

Sin embargo, reconoció que "seguramente hay un porcentaje grande que tiene que ver con enfermedad o fatiga, porque la gente está sobrecargada". Y explicó que "en esto hay un tema de gestión hospitalaria, vinculada a la actitud que cada director de hospital o grupo toma con su personal".

Por ese motivo, dijo, les pidieron a todos los responsables involucrados en el tema "que traten de motivar a su gente, de hacer un análisis detallado de por qué ocurre este ausentismo", afirmó el ministro.

Zin planteó que "cualquier empresa importante que tiene un ausentismo del 6 por ciento entra en crisis y nosotros, con semejante ausentismo, estamos en una zona peligrosa". "Cuando falta gente, el sistema funciona recargando al resto", consideró.

Desde la otra vereda, el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), Jorge Yabkowski, aseguró que las cifras mencionadas por el ministro "son una barbaridad y una mentira intencional". El ausentismo, dijo, "no alcanza al 10 por ciento del plantel".

"Sólo se trata de una estrategia mediática para tapar el congelamiento de los nombramientos", señaló. Y agregó: "De esta manera se trata de tapar una acción política y el ajuste de personal, que es grave",

miércoles, 16 de enero de 2008

En el primer trimestre se definiran pautas salariales



En el primer trimestre definirán pautas salariales
Lo afirmó el titular de la Función Pública, Carlos Oliva. A fin de mes se reuniría la mesa. También plantean avanzar en el pase a planta permanente.

Viedma. La Mesa de la Función Pública comenzaría a reunirse a fin de mes, y en el primer trimestre quedarán definidas las pautas salariales para el transcurso del año, según informó ayer el secretario de ese área, Carlos Oliva.

El funcionario sostuvo que incluso la equiparación de las asignaciones familiares con la Nación (100 pesos por hijo cuando Río Negro paga 70) quedará definida en el marco de la discusión más amplia.

Planta permanente
Este año se plantea el desafío del pase a planta permanente de los contratados (la Provincia cuenta con tres mil). Oliva sostuvo que en ese aspecto ‘estamos trabajando con el gremio mayoritario’.

El ingeniero recordó que ‘el gobernador ya realizó el pase a planta de los contratados al 30 de noviembre de 2003. Esa Ley planteaba que los contratados que pasaran luego de esa fecha, tenían que hacerlo a partir de un concurso.

Eso está previsto en la Ley y este año vamos a avanzar’, dijo.
No obstante, aclaró que ‘eso lleva tiempo y no hay que crear falsas expectativas. Hay que hacer relevamientos, exámenes, etcétera’, finalizó.


Las asignaciones familiares serán incluidas en las pautas.

lunes, 7 de enero de 2008

La misma piedra (por Alicia Miller)


La misma piedra

Falta de diálogo, de recursos o de ideas, hay problemas recurrentes. No hay juez que pueda enmendar lo que no se ha hecho bien en la gestión.

La judicialización de la actividad gubernativa es un fantasma que desagrada al Poder Ejecutivo.
Los jueces, a su vez, la rehúyen, porque los pone en aprietos políticos y aseguran que desvirtúa su función.
Tampoco suele ser conveniente a los ciudadanos, que la mayoría de las veces quedan atrapados en un procedimiento que les es ajeno y se ven obligados a esperar respuestas durante largo tiempo.
En condiciones normales, la tarea de gobierno supone una suerte de "contrato" informal entre los funcionarios y los gobernados, no en forma individual sino como sectores o grupos. En la negociación se naturalizan presiones, datos y contramarchas, así como tironeos por un presupuesto siempre escaso, hasta definir en qué ocupar el dinero.
Lo que sucede en Río Negro desde hace demasiado tiempo es que el gobierno provincial parece tan "afincado" que ha perdido el hilo de esa necesaria relación con los sectores sociales. Sobre la escasez de recursos, se toman decisiones de utilizarlos para una cosa y no para otra, sin que medie la conformación de un consenso sobre el particular.
Durante el último tiempo, ha sido notable el incremento de los conflictos que se muerden la cola, dan varias vueltas, y terminan derivando hacia la Justicia, sin que eso garantice tampoco una salida expedita.
La provincia cumple 18 años en situación de emergencia financiera. Es decir que lo que debió ser un remedio extremo para el corto plazo se ha convertido en un contrasentido jurídico, sin que se tomaran ninguna de las medidas que hubieran podido sanear la hacienda pública.
Una y otra vez, se acudió a medidas excepcionales -pago en bonos, reducción salarial, pago en cuotas, postergación de obligaciones con particulares, suspensión de términos procesales en juicios contra el Estado-, y la emergencia se hizo adulta mientras la deuda pública no ha parado de crecer.
La situación del PCB en toda la provincia -y en especial en Sierra Grande- es un ejemplo de cómo una cuestión técnica y relativamente menor ha derivado en un sinfín de dificultades, que -claro está- tampoco pudo resolver la intervención judicial.
Las crisis recurrentes del Ipross, son otro ejemplo. La falta de libre elección del profesional en Viedma y El Bolsón está bajo análisis judicial desde hace un año, mientras la atención en el resto de la provincia camina por una cuerda floja con tropezones periódicos.
También amenaza con judicializarse la situación de impugnaciones por adjudicación de viviendas del IPPV en Viedma.
Llega esta época del año, y el gremio docente Unter acaba de alertar sobre el mal estado de numerosas escuelas en toda la provincia, e incluso la imposibilidad, en algunos casos, de atender la matrícula prevista en los edificios existentes. Tampoco hay paritarias ni diálogo, y la amenaza de paro vuelve a ensombrecer la pretensión de cumplir el sueño de los 180 días de clases.
Uno y otro tema llevan a temer una nueva andanada de amparos y recursos ni bien comience el ciclo lectivo.
En lo que respecta a los edificios escolares, el gobierno se encamina otra vez a licitar las refacciones para que las realicen empresas privadas, después de que los municipios de las grandes ciudades se negaran a asumirlo y fracasara el esquema con empresas u organismos públicos.
Pero esto sucede en enero, cuando cualquier trámite de contratación devoraría el valioso tiempo que queda de receso educativo. Y cuando todavía la Justicia no ha terminado de resolver las causas por presunta defraudación con obras similares de la anterior etapa "privatista", de varios años atrás.
En otro plano, se buscó también que los porteros constituyeran una Sociedad Anónima para ahorrar dinero al Estado y, ante el fracaso, volvieron al esquema de empleo público.
También el Fondo de Obras Sociales de los hospitales, puesto bajo la administración de la UPCN, mostró pobres resultados en su objetivo de mejorar la recaudación y la eficiencia.
Y algo similar sucede con el transporte escolar para escuelas especiales que, caro y todo, no parece ser el mejor.
En cuanto a la política de tierras fiscales, durante muchos años el Estado fue moroso en otorgar los títulos de propiedad a los ocupantes que cumplían con los requisitos que exige la ley, porque no encontró un método equitativo para definir el valor de las tierras en las distintas regiones de la provincia. En los últimos años buscó resolver la situación del área petrolera, pero eligió hacerlo a través de una empresa privada, sin que en principio se comprenda la razón de tal delegación de facultades propias. Costoso para los particulares e inconveniente para el Estado, la controversial "solución" acumula ahora juicios en los tribunales del Alto Valle, y hasta el momento no ha dejado conforme a nadie.
En cuanto a la relación con los municipios, han sido frecuentes en estos años los reclamos opositores por el envío puntual de la coparticipación, por el incumplimiento de promesas o por la duplicación de servicios por parte de organismos provinciales en comunas no oficialistas.
Pero ahora es el intendente de la capital provincial y dirigente del mismo partido que el gobernador quien pide "voluntad política" para que Vialidad repare rutas tan esenciales como los principales circuitos turísticos costeros, la circunvalación y el acceso a la estación de ferrocarril.
Jorge Ferreira es también quien -como se indicó en este espacio el domingo anterior- ha denunciado que funcionarios de Gobierno lo espían y le graban conversaciones para utilizarlas en la "interna" oficial.
Lo asombroso es que nadie -ni de la oposición ni de las áreas aludidas- se ha sentido en la necesidad de negar, preguntar o explicar nada sobre el presunto uso de recursos públicos para tareas de espionaje, prohibidas expresamente por la ley de Seguridad Interior. Ese silencio parece indicar que lo irregular se ha "normalizado", como lo evidenció un jefe policial que, poco tiempo atrás, respondió una requisitoria periodística al respecto con un tranquilo: "Bueno, espionaje hay en todas partes".
Estatal o privado termina siendo una disyuntiva ciega cuando no existe control de gestión ni mínimas exigencias de calidad o transparencia.
Y, cuando esto sucede, no hay juez que pueda enmendar lo que no se ha hecho bien en el plano administrativo.
Pasa el tiempo, y la provincia tropieza una y otra vez con las mismas piedras.
Y el gato juega con su cascabel.

ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar

sábado, 5 de enero de 2008

Río Negro, entre las provincias con peor desempeño fiscal

Río Negro, entre las provincias con peor desempeño fiscal

Un estudio privado muestra el progresivo deterioro que experimentaron las cuentas públicas rionegrinas. Los magros indicadores de eficiencia y solvencia fiscal desnudan importantes falencias de la administración Saiz. La situación fiscal de Río Negro es realmente comprometida. Por un lado está el continuo crecimiento del gasto que determinó -por primera vez en los últimos cinco años- un resultado primario negativo sobre las cuentas públicas de la provincia para este 2007 a punto de finalizar.
Estadísticas oficiales destacan en este sentido que el gobierno de Miguel Saiz triplicó el gasto público durante su primera gestión, un dato inédito en la historia de la provincia. Por otra parte, nada indica que pueda existir un cambio de tendencia en el segundo mandato al frente del Ejecutivo provincial, dada la inercia que ya llevan los números del presupuesto. El otro frente es la creciente dependencia económica de la administración rionegrina respecto de Nación, lo que hace que cualquier cambio en las reglas de juego que imprima esta última genere desequilibrios fiscales que pueden poner en riesgo hasta el pago de los salarios. Ocurrió con el reciente aumento de las retenciones a las exportaciones decretado para el sector petrolero y con las continuas postergaciones de Nación frente al acuerdo de refinanciamiento de deuda que tiene con la provincia a través del ex PFO.
Las cuentas entran en rojo cuando dejan de ingresar en las arcas provinciales cifras poco significativas en términos nominales. En el 2005 alrededor de 20 millones de pesos no eran representativos para las cuentas fiscales. Hoy, con un presupuesto mayor, esa cifra puede representar el paso del cielo al infierno para el ministro de Hacienda, Pablo Verani. Los desvíos que hoy se observan en los números de la provincia permiten ver sólo la punta del iceberg. Lo peor -muchos arriesgan- está por venir.
Un reciente estudio elaborado por la consultora Delphos Investment muestra en detalle cómo se posiciona cada una de las provincias argentinas en relación con las siguientes variables: eficiencia y solvencia fiscal e indicadores sociales, de competitividad e infraestructura. A partir de éstas se elabora un ranking en el que Río Negro ocupa el puesto 18, en el universo de los 24 distritos en que se divide el país.
El dato resulta decepcionante para muchos pero para nada es original, ya que desde fines del 2006 la tendencia de las estadísticas comenzó a evidenciar el progresivo deterioro de las cuentas fiscales de la provincia, el que cada día que pasa resulta más difícil de revertir. Según consignan los datos del estudio en cuestión, tomados de fuentes de Nación, Río Negro cerrará el 2007 con un déficit primario de 9 millones de pesos, situación a la que llegó luego de sostener un superávit promedio del orden de los 80 millones de pesos durante el período 2003-2006. ¿Qué significa esto? Que la provincia perdió su capacidad de ahorro y que, de no haber modificaciones en la ecuación presupuestaria gastos/ingresos, la administración Saiz deberá recurrir inexorablemente al endeudamiento para poder hacer frente a todos sus compromisos fiscales en tiempo y forma. Con pasivos hoy en torno de los 3.200 millones de pesos, la capacidad de endeudamiento de la provincia es limitada. Los indicadores de solvencia que muestra Río Negro dan cuenta de que ésta se halla sobreendeudada.
Tomando sólo un dato macro, se resume el concepto anterior: mientras que la relación de la media provincial del parámetro Deuda pública/PBG se ubica en el 11,4%, en el caso de Río Negro este mismo indicador es del 32,2%; es decir, casi tres veces el promedio nacional (ver infograma). Esta tendencia termina por definir dos conceptos para los números presupuestarios del segundo período de la administración Saiz: el primero es que la provincia ingresa en una espiral económica negativa con poco margen para poder actuar o revertir la tendencia y el segundo, que los aportes de Nación serán, a medida que pase el tiempo, cada vez más importantes para sostener las cuentas fiscales rionegrinas, lo que lleva a mantener una dependencia no deseada para el desarrollo de las instituciones de la provincia.
ESTADO Y SECTOR PRIVADO
El estudio de Delphos Investment muestra que entre los indicadores de peor performance que presenta Río Negro se encuentra la solvencia que exhiben sus cuentas fiscales. Tal como puede apreciarse en una de las infografías, en este aspecto la provincia se encuentra en el puesto 21 del ranking de provincias. Sólo tres estados del interior están en peores condiciones: Jujuy, Chaco y Formosa, los tres más pobres del país. El otro indicador que está por debajo de la media nacional es el de infraestructura. En éste se contemplan la red vial, el producto industrial, la facturación de energía y el producto per cápita. Estas dos variables, junto con la de eficiencia fiscal -que también mide por debajo de la media-, están relacionadas íntimamente con el rol del Estado en el desarrollo económico de la provincia. Las estadísticas muestran a las claras el pálido desempeño que tuvo el sector público durante el año que está por terminar. Pero hay que aclarar que esto no es obra exclusiva de este gobierno: el deterioro progresivo del estado en Río Negro ya lleva más de dos décadas. Lo lamentable es que, habiendo existido la posibilidad de cambiar esta tendencia en los últimos años, la administración Saiz la haya dejado pasar. El único indicador de los que se computan en el estudio que se encuentra por encima de la media nacional es el de competitividad. Aquí se tiene en cuenta el desarrollo de las exportaciones de la provincia, su crecimiento y otras variables relacionadas con el comercio y su inserción en los mercados.
Río Negro en este aspecto se encuentra en el puesto Nº 8. La buena performance llega de la mano del positivo desempeño que tuvo el sector privado en todo lo referente a su desarrollo comercial. Sin lugar a dudas, las políticas macro impulsadas desde la Nación a partir del 2002 ayudaron a consolidar este escenario positivo para el sector privado. El problema reside en que el sector público de la provincia no acompañó este importante empuje generado por las empresas. Un dato éste cuyo costo, a la larga, terminará pagando cada uno de los rionegrinos que habitan estas tierras. Los datos La totalidad de la información cuantitativa utilizada en el presente informe proviene del estudio realizado por Delphos Investment sobre la base de publicaciones de organismos oficiales, en particular, el INDEC, los ministerios de Economía y del Interior, la Secretaría de Energía y el Banco Central de la República Argentina. Se aclara que la deuda provincial considerada corresponde a una estimación en función de los datos del 2006 y de las proyecciones de déficit financiero. El gráfico radar, al inicio del infograma con los detalles de la provincia de Río Negro, busca explicar en forma sencilla las diferencias entre los distintos indicadores que presenta la provincia y la media a nivel país. Los índices rionegrinos se encuentran dentro de la media provincial, lo que marca una situación claramente negativa. Una Nación rica con estados más pobres El proceso de menoscabo sobre las cuentas fiscales provinciales no es mérito exclusivo de Río Negro. Comenzó en todos los estados del interior en el 2006 y continuó, de manera aún más intensa, a lo largo del 2007.
Así lo refleja el estudio de Delphos Investment, en el que se detalla que la imagen percudida del superávit financiero a nivel nacional se refleja de manera más dramática en los resultados de cada provincia como consecuencia casi ineludible de una serie de factores de diferente índole. En primera instancia, tal como sucedió el año anterior, una buena cantidad de los recursos nacionales provino de impuestos no coparticipables (comercio exterior, débitos y créditos, seguridad social, etcétera). Esta divergencia entre los recursos nacionales y los provinciales se muestra notablemente exagerada si se considera que una porción no despreciable del superávit nacional del 2007 fue sostenida por las transferencias "de una vez" originadas en el traspaso de las cuentas de jubilación privada al sistema de reparto, generando una ampliación adicional de la "brecha nación-provincias". En términos agregados, el resultado primario de las provincias mostraría una reversión de signo, alcanzando un déficit primario cercano a los 250 millones de pesos, el cual implicaría un resultado financiero negativo de unos 3.000 millones de pesos, ilustrando la notable diferencia entre el desempeño provincial y el nacional. En este punto, queda por analizar la sostenibilidad de esta situación en función de las posibles acciones que puedan llevarse a cabo desde el gobierno nacional para reequilibrar las cuentas fiscales. La Nación encontró la fórmula para sostener su caja con superávit a través de las políticas extractivas generadas por las retenciones a las exportaciones. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de estas medidas sobre el consolidado de las provincias? En términos generales, las respuestas no son alentadoras. En principio, los aumentos en las retenciones no tienen impacto positivo directo sobre la recaudación provincial ni sobre el monto de recursos obtenidos directamente a través de la coparticipación; es más, en muchos casos generan resultados negativos sobre los ingresos de las provincias, como es el caso del petróleo.
El aumento de las últimas retenciones a los hidrocarburos generó un impacto positivo en las cuentas nacionales, a partir del 2008, del orden de los 2.900 millones de pesos. Para las provincias productoras de crudo -entre las que se encuentran Río Negro y Neuquén- la medida determinará una caída de los ingresos por regalías de algo más de 480 millones de pesos. De este modo, las provincias exportadoras de los productos cuyas retenciones aumentaron aportarán una cantidad de recursos mayor al fondo nacional, recibiendo, a priori, menos fondos que antes. En definitiva, desde el Ejecutivo nacional se insiste en mantener el lema "una Nación rica con provincias pobres". Con este escenario en puerta habrá que esperar un crecimiento en la proporción de recursos no coparticipables, los que funcionarán como una herramienta totalmente discrecional sobre todos aquellos fondos públicos que van desde la Nación hacia los distritos.
Fuente Diario Rio Negro.