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El severo diagnóstico está contenido en un informe que elaboró este mes el órgano de control externo y que es complementario del documento anual 2006/2007 formulado el 28 de diciembre del año pasado ante la Legislatura.
Es que hubo una omisión involuntaria, según reconoció la defensora Ana Piccinini, al momento de confeccionar e imprimir el informe anual, que ahora fue completado e enviado a los distintos bloques parlamentarios.
La serie de relevamientos apuntó a “constatar el funcionamiento de algunas áreas de Gobierno, cuestionadas a través de medios de prensa y otras denunciadas por los habitantes en la Defensoría del Pueblo, en forma escrita, anónima, telefónica o por correo electrónico”.
La tarea se efectuó “bajo estricta planificación y supervisión, a fin de confirmar o desestimar las denuncias respectivas” y para ello se relevaron algunas dependencias de Salud Pública, Educación, Policía y delegaciones del interior de la obra social provincial IPROSS.
Por Salud Pública, área considerada de vital importancia en la calidad de vida de los rionegrinos, se recorrió en forma exhaustiva la totalidad de los hospitales de la provincia y centros periféricos.
La tarea –inspección ocular, documentación fotográfica y testimonios obtenidos- reflejaron en muchos casos deficiencias en cuanto a infraestructura edilicia, carencia de personal profesional y no profesional, equipamiento técnico insuficiente u obsoleto, (detalles de) aprovisionamiento de los nosocomios y atención a la ciudadanía.
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