SALUD PÚBLICA
· I.PRO.S.S.
Me presenté ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro promoviendo un amparo colectivo (art. 43 C.N. y ley 2.779) en defensa de los intereses colectivos de los afiliados al I.Pro.S.S.; residentes en las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, Gral. Conesa, Sierra Grande y El Bolsón, dado el trato discriminatorio y desigualitario que sufrían, en relación al servicio de salud en la consulta médica, primer nivel de atención, con respecto a los afiliados del resto de la Provincia. Pagaban sumas que oscilaban entre $ 40 y $ 60, debiendo luego solicitar un reintegro que no superaba los $ 10. La demanda judicial fue dirigida contra el I.Pro.S.S.; el Colegio Médico Zona Atlántica y Federación Médica de Río Negro.
Destaqué en todo momento; incluso en la audiencia de conciliación citada por el máximo tribunal Provincial, que nuestra Constitución en su artículo 59 sienta las bases de un especial régimen de derecho público, que eleva el derecho a la salud a la categoría de un bien social básico, pilar de nuestra organización civil, de ello se infiere claramente, la jerarquía del derecho involucrado. La situación desigual de estos afiliados constituía, además, una violación a principios superiores del derecho como la igualdad (art.16 CN), la no discriminación (art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. Art.75 Inc. 22 CN), la razonabilidad (art.28, 31, 33 de la CN) y el acceso a la salud (art. 59 CP).
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 17 de Septiembre del 2007 receptó ampliamente nuestros planteos, los que invito a que consulten en el informe escrito que presenté ante esta Legislatura en el mes de diciembre pasado. Sin perjuicio de la sentencia favorable a los intereses colectivos de los afiliados que representé, no fueron menores los pasos realizados posteriormente para lograr la efectiva concreción de la misma ante la férrea postura reticente de los médicos a cumplir con lo ordenado por el máximo tribunal.
Así notificada y agotados los plazos legales para su cumplimiento; esta Defensora del Pueblo dispuso que personal de la institución constate su acatamiento; todo ello en el marco de las atribuciones que expresamente me otorga la ley reglamentaria de mis funciones, hecho que motivó airadas quejas de un grupo de médicos remisos, mediante presentaciones administrativas, judiciales y mediáticas buscando con ello negar el derecho reconocido en una sentencia contundente en sus argumentos.
Luego de una larga disputa entiendo asimilaron la resolución judicial y aquí y ahora tenemos que 30.000 usuarios del Instituto se atienden con la presentación del bono de consulta.
Destaco que respecto de un número menor de médicos que aún no acatan la sentencia, iniciamos una ejecución de sanciones pecuniarias preestablecidas en el fallo (astreintes) a los efectos de revertir su actitud.
Por último una referencia, resulta sensible a esta Defensora del Pueblo la estrategia intentada por el Colegio Médico Zona Atlántica, que inició una demanda por doscientos mil pesos ($ 200.000) contra mi persona y la de tres empleados de la institución que habrían participado de la inspección realizada el día 24 de noviembre pasado en la clínica Viedma; invocando para ello un “daño moral” en cabeza del Colegio Médico por lo sucedido.
No me preocupa la demanda, lo que impacienta a esta Defensora, es que haya sido dirigida contra empleados públicos que cumplen su tarea.
Todo el accionar de la Defensora del Pueblo fue ratificado posteriormente por la orden de allanamiento emitida por el Superior Tribunal, a los efectos de que continuemos con la tarea inspectiva que habíamos iniciado.
Dimos en llamar a esta estrategia de inspección como “de punto fijo” y seguiremos aplicándola a lo largo de la Provincia para constatar asimismo, otra irregularidad, que es el cobro de “plus” sobre el precio del bono de consulta de la Obra Social Provincial.
Por otra parte, con la finalidad de despejar incógnitas sobre el desenvolvimiento de alguna áreas de gobierno, entre ellas el IPROSS, que eran por distintos medios sensiblemente cuestionadas y denunciadas por los habitantes de nuestra provincia, bajo mi supervisión y planificación, ordené la realización de un relevamiento minucioso de todas las Delegaciones del IPROSS en la Provincia.
Como resultado de lo realizado pudimos concluir en la síntesis que detallaremos a continuación:
Personal: Tanto en delegaciones grandes como en chicas es notoria la falta de personal, existen pedidos de mayor dotación de recurso humano de muy vieja data, que no han sido satisfechos por la administración central. En algunas delegaciones hay personal prestando servicios en forma irregular, a la espera del prometido nombramiento que no llega (por ej. Villa Regina).
Estructura edilicia: En la gran mayoría de los casos muy pobre, insuficiente, mal mantenida, algunas con techos que se llueven o con deficiente ventilación, poca o deficiente iluminación. Se advierte diferencia entre las delegaciones del Alto Valle, Viedma y Bariloche, con las del resto de la provincia en desmedro de estas ultimas.
Reintegros: Este es tal vez el problema mas acuciante que atraviesan las delegaciones y sus delegados, la demora excesiva en el giro de estos ocasionan situaciones muy violentas con el afiliado, al que el delegado esta obligado a dar soluciones, y según manifiestan, en ocasiones las demoras no tienen justificativo.
Provisión de distintos artículos: En ocasiones la entrega de leche, pañales infantiles y geriátricos se demora de forma exasperante y en los dos últimos casos, además, la calidad del producto es muy cuestionada por el afiliado. Hoy no se están entregando pañales.
Tratamientos de gran complejidad: El afiliado debe hacer frente a demoras e incumplimientos excesivos, que llegan casi al maltrato.
Provisión de prótesis: La demora en la entrega, la mala calidad, ocasionan una distorsión notable en el proceso de provisión de estos elementos.
Informática: Falta de equipamiento informático y de conexión en red entre delegaciones y con la central. Una prueba de ello, es que al momento de realizar el relevamiento, personal de esta Defensoría sacó, 5 (cinco) carné de afiliado al mismo nombre, en cinco días hábiles y consecutivos, sin que se le requiriera su identificación.
Falta también como consecuencia de esto, datos actualizados de cada afiliado, organismo al que pertenece, etc.
Servicio de Ambulancias: Faltan ambulancias, y para paliar ese déficit se recurre a los Hospitales resintiendo el servicio de éstos. En otros casos a contrataciones onerosas.
Falencias muchas que son históricas y no resultan sólo atribuibles a tal o cual gestión. Deberíamos analizar entre todos de que modo y a lo largo del tiempo hemos contribuido al desfinanciamiento de nuestra Obra Social.
De cualquier forma exhorto a las autoridades a poner todo el empeño y la inteligencia a disposición, para que nuestra obra social vuelva a estar de pie y asimismo, los exhorto para que cese la mutua dependencia económica y asistencia financiera que mantienen Salud Pública y el IPROSS, ya que la primera es patrimonio de todos los habitantes rionegrinos, pero la segunda sólo de los trabajadores estatales.
· AMPARO COLECTIVO CONTRA PAMI Y FECLIR
Ante los cortes del servicio sanatorial a los afiliados del PAMI por parte de la Federación de Clínicas de Río Negro, y con el objeto de obtener la normalización de estas prestaciones interrumpidas, intervine personalmente durante varios meses intentando un acuerdo de consenso entre las partes en conflicto. En ese cometido interactué con dirigentes y funcionarios, a fin de lograr la cancelación de la deuda que el PAMI mantenía con las clínicas. Tuve contactos con Oscar Laren funcionario del PAMI a nivel nacional, quien me manifestó que las Clínicas sobrefacturaban los servicios y que la deuda reclamada no era real. Esta Defensora le respondió, que pongan en marcha en forma inmediata auditorías para acreditar lo que se denunciaba. Y que no es excusa para dejar de cumplir con el pago de la deuda reclamada, pues los rehenes del conflicto son los afiliados.
A pesar de estos intentos, agravada la situación de corte de las prestaciones con la suspensión también a los afiliados del IPROSS y en riesgo de colapsar la capacidad de atención de los hospitales públicos, con fecha 6 de diciembre del 2007, esta Defensora del Pueblo promovió acción de amparo colectivo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra el PAMI y la FECLIR, ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, invocando la defensa de los intereses colectivos de todos los jubilados rionegrinos afiliados a la obra social nacional.
· LEY DE SALUD MENTAL
La Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental que fuera promulgada por nuestra Legislatura Provincial el día 10 de octubre de 1991, conocida comúnmente como “ley de desmanicomialización” , fue considerada en su momento, por la mayoría de los profesionales que tenían relación directa o indirecta con la problemática en análisis, una normativa de avanzada que ponía a la Provincia a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental.
Se buscaba con ello, que los pacientes con sufrimiento mental, sean atendidos y contenidos en el ámbito familiar, por profesionales dependientes del estado provincial, que aseguraran su tratamiento y rehabilitación, concibiéndose la internación como el último recurso, luego de agotadas todas las formas y posibilidades terapéuticas previas, con el objeto de lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona.
Con la prohibición de manicomios y neuropsiquiátricos, el objetivo de la ley, era implementar un sistema de salud que tienda a la externación de la persona y a su tratamiento ambulatorio.
La reinserción comunitaria de quien resulte internado, debía constituir el eje y la causa de esta instancia terapéutica, teniendo en cuenta la singularidad de la persona humana, sus diversos momentos vitales y sus potencialidades de autonomía.
El Estado Provincial, tenía un rol importante que cumplir en el diseño y puesta en marcha del sistema, mediante la creación de los centros de atención previstos en la Ley, que garantizarían que la misma no reproduciría el dispositivo del poder manicomial que se intentaba eludir.
Las diferentes crisis económicas y financieras que afectaron al sector público provincial, y la ausencia de políticas públicas para una planificación adecuada, la falta de recurso humano, la escasa o nula capacitación, la emigración de profesionales a la órbita privada, constituyeron algunas de las causas del “derrumbamiento del sistema”.
Hoy en día, los nobles preceptos que inspiraron la sanción de dicha ley, han demostrado que resultan ser de difícil aplicación, por causas atribuibles o no, en mayor o menor medida a los responsables del Sistema Público de Salud Mental.
Lo que no se puede negar, es el momento de crisis por el que atraviesa.
La famosa “Ley de Desmanicomialización” pretendió erradicar la internación del sufriente mental en la provincia; sin embargo, hoy no es más que una norma muy prolija y ambiciosa, pero que carece de sustento en una sociedad que apenas puede satisfacer las necesidades básicas de salud.
No podemos ser “progresistas en la provincia”, y trasladar a los rionegrinos que padecen estos trastornos mentales a comunidades terapéuticas y/o centros de rehabilitación privados que funcionan en ésta u otras provincias, abonando para ello sumas siderales que van desde los 1.300 a los 4.500 pesos por paciente por mes.
Le atribuyen al déficit presupuestario la no apertura de las “casas de medio camino” y de “las casas del inimputable” y demás infraestructura edilicia que garantice la contención institucional y familiar, así como la falta de recurso humano capacitado y, por otra parte, se destinan recursos económicos cuantiosos (desde las arcas de distintas reparticiones públicas) al sector privado.
Miles de pacientes que se encuentran en condiciones de marginación social y económica, que por su propia vulnerabilidad sumó centenares de personas al conjunto de los padecimientos mentales producto de adicciones a las drogas y al alcohol, golpearon las puertas de los hospitales públicos sin poder encontrar respuestas satisfactorias a sus demandas.
Este panorama desalentador, nos conminó desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro a abocarnos al estudio de la problemática, replantearnos el tema, adaptándolas a la realidad.
Algunos sectores con intereses económicos desinterpretaron nuestra postura, pero aquí ratifico que nuestra intención es el sinceramiento y que he recibido el apoyo de otros actores, como familiares de sufrientes mentales, que se comprometieron a participar de un amplio debate que propiciaremos este año, sin hipocresías, sobre esta temática de la desmanicomialización en Río Negro.
· Falta de control en la venta de alcohol a menores
A poco de comenzar a ejercer mis funciones como Defensora del Pueblo, por Resolución Nº 1.461/06, advertí a las autoridades públicas que no había suficientes controles sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores, especialmente en la localidad de San Carlos de Bariloche, que recibe grandes contingentes de turismo estudiantil.
En el marco de nuestra investigación solicitamos informes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al Ministerio de Turismo, a Ministerio de Salud y a la Policía. Los informes incorporados y las actas de inspección a cargo de las autoridades locales, nos permiten concluir que es reiterada la violación a la venta de alcohol a menores.
Por otra parte, la respuesta brindada por el Hospital de Bariloche revela la existencia de un importante número de casos de jóvenes atendidos con síntomas producto de intoxicaciones alcohólicas, así como menores accidentados o heridos con arma blanca, también relacionados con el consumo de alcohol.
El pasado mes de septiembre ocurrió un trágico accidente en Bariloche donde murieron cuatro jóvenes que habían ingerido alcohol en un local bailable que no tenía habilitación municipal. Me manifesté públicamente denunciando que el acuerdo, en sede judicial, entre la Municipalidad y los propietarios del local, para que éste continuara funcionando, era una burla a la población y a los padres de las víctimas. Nuestra denuncia fue determinante para que las autoridades municipales dispusieran, finalmente, la clausura definitiva de local.
Me siento obligada a decir que existe una gran hipocresía, pues por un lado se impulsan campañas de prevención para concientizar a los menores sobre el peligro del consumo de alcohol y a la par, se promocionan paquetes turísticos poniendo el acento en las salidas nocturnas y no se respetan las normas sobre prohibición de venta de alcohol a menores.
Esto desde ya, no es privativo de San Carlos de Bariloche, pues a lo largo de toda la Provincia, se observan desde estaciones de servicios, hasta pequeñas despensas, que venden alcohol a menores hasta la madrugada.
Formulo entonces una fuerte exhortación a las todos los Intendentes y a las autoridades provinciales, para que se comprometan con la custodia de la salud e integridad física de los menores y ejerzan los debidos controles sobre la venta de alcohol a nuestros jóvenes. Una acción conjunta entre los Municipios, la policía y el sistema de Educación va a redundar, con plena seguridad, en alejar a los jóvenes rionegrinos de los accidentes graves y de los actos delictivos casi siempre relacionados con el consumo de alcohol y drogas.
· Hospitales
En el marco del relevamiento intensivo de distintas dependencias del Estado Provincial, recorrimos 29 hospitales provinciales y algunos centros periféricos, cuestionados en denuncias particulares.
El aspecto y las prestaciones de la estructura edilicia de los mismos en muchos de los casos es lamentable, Sierra Grande, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mexía, El Cuy, Chichinales, Luís Beltrán y otros.
Detectamos anomalías tales como, parches de mampostería, techos que se llueven, paredes con grietas alarmantes, cielorrasos que se caen, vidrios rotos, baños con pérdidas sanitarias, fallas estructurales, hundimiento de cimientos, falta de pintura, filtraciones, pisos levantados, cañerías corroídas, mantenimiento deficiente, presencia de salitre, falta de higiene, sólo por enumerar algunos puntos sobresalientes.
También inspeccionamos en el mes de agosto la obra en ejecución del nuevo Hospital de El Bolsón, cuyo plazo de entrega se encontraba ya fenecido y aún pendiente de finalización.
En cuanto a los recursos humanos, se observa que existe insuficiente dotación de personal tanto en cantidad como en especialidades. Encabeza la carencia, el personal de enfermería. Con relación al personal de maestranza o mucamas pudimos advertir que figura en los listados de personal, gran cantidad de los mismos desempeñando tareas administrativas para las que no están capacitados, en menoscabo de las tareas de limpieza e higiene y de la excelencia del trabajo hospitalario.
Es una denuncia recurrente de los usuarios del servicio el incumplimiento de los profesionales médicos en atención de consultorios. Por lo que reclamamos mayores controles.
Vehículos obsoletos, inadecuados para las regiones donde prestan servicios, sin el debido mantenimiento, determinan en ocasiones que los traslados, derivaciones o atención domiciliaria de urgencia, se vea seriamente comprometida.
Hay hospitales que carecen de aparatología básica, como una incubadora de traslado y otros que tienen en exceso tecnología que está disponible en centros cercanos, pudiendo ser destinada y optimizado su uso si se instalan en otros hospitales del territorio provincial. Ello, además, de que es necesaria en muchos Hospitales la renovación de aparatología, ya obsoleta.
Otro punto preocupante es que hay morgues en mal estado, precarias o con sistema de refrigeración fuera de servicio. El caso más grave es la del Hospital de Allen (documento fotográfico).
Residuos patógenos: Lugares de acopio, no guardan las mínimas condiciones de seguridad que requiere este tema conforme al Manual de manejo dictado por el propio Ministerio de Salud. Villa Regina y Viedma, son dos claros ejemplo de ello (fotografía de ambos hospitales), allí se observan recintos con vidrios rotos o inexistentes, que tornan en extremo peligroso su almacenamiento.
Controles internos: Cito el caso particular del hospital Artémides Zatti de Viedma, que en nota remitida por su Director explicando por qué este centro hospitalario, con más de 600 agentes, no cuenta con un reloj de control de horario, indicó que no era relevante en tanto que el reloj no asegura la permanencia de los empleados en el Hospital y sólo firman una planilla.
Provisión de insumos: Salvo contadas excepciones, los directores no muestran satisfacción con relación al tipo de medicamentos que provee el PROZOME, que además no son entregados con regularidad.
Con respecto al programa nacional “Remediar” también se han expresado quejas por la distribución inequitativa entre los distintos centros y por el menú de medicamentos que ofrecen, tanto en su tipo como en la cantidad.
Sistema de otorgamiento de turnos: Este sigue siendo un problema al parecer de imposible solución. Insto enfáticamente a los responsables de Salud Pública de la Provincia para que solucionen esta problemática crónica. Sí destaco, un estudio que se está realizando con rigor, en el Hospital de Viedma, relativo a los turnos hospitalarios, para el que solicito apoyo oficial.
· I.PRO.S.S.
Me presenté ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro promoviendo un amparo colectivo (art. 43 C.N. y ley 2.779) en defensa de los intereses colectivos de los afiliados al I.Pro.S.S.; residentes en las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, Gral. Conesa, Sierra Grande y El Bolsón, dado el trato discriminatorio y desigualitario que sufrían, en relación al servicio de salud en la consulta médica, primer nivel de atención, con respecto a los afiliados del resto de la Provincia. Pagaban sumas que oscilaban entre $ 40 y $ 60, debiendo luego solicitar un reintegro que no superaba los $ 10. La demanda judicial fue dirigida contra el I.Pro.S.S.; el Colegio Médico Zona Atlántica y Federación Médica de Río Negro.
Destaqué en todo momento; incluso en la audiencia de conciliación citada por el máximo tribunal Provincial, que nuestra Constitución en su artículo 59 sienta las bases de un especial régimen de derecho público, que eleva el derecho a la salud a la categoría de un bien social básico, pilar de nuestra organización civil, de ello se infiere claramente, la jerarquía del derecho involucrado. La situación desigual de estos afiliados constituía, además, una violación a principios superiores del derecho como la igualdad (art.16 CN), la no discriminación (art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. Art.75 Inc. 22 CN), la razonabilidad (art.28, 31, 33 de la CN) y el acceso a la salud (art. 59 CP).
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 17 de Septiembre del 2007 receptó ampliamente nuestros planteos, los que invito a que consulten en el informe escrito que presenté ante esta Legislatura en el mes de diciembre pasado. Sin perjuicio de la sentencia favorable a los intereses colectivos de los afiliados que representé, no fueron menores los pasos realizados posteriormente para lograr la efectiva concreción de la misma ante la férrea postura reticente de los médicos a cumplir con lo ordenado por el máximo tribunal.
Así notificada y agotados los plazos legales para su cumplimiento; esta Defensora del Pueblo dispuso que personal de la institución constate su acatamiento; todo ello en el marco de las atribuciones que expresamente me otorga la ley reglamentaria de mis funciones, hecho que motivó airadas quejas de un grupo de médicos remisos, mediante presentaciones administrativas, judiciales y mediáticas buscando con ello negar el derecho reconocido en una sentencia contundente en sus argumentos.
Luego de una larga disputa entiendo asimilaron la resolución judicial y aquí y ahora tenemos que 30.000 usuarios del Instituto se atienden con la presentación del bono de consulta.
Destaco que respecto de un número menor de médicos que aún no acatan la sentencia, iniciamos una ejecución de sanciones pecuniarias preestablecidas en el fallo (astreintes) a los efectos de revertir su actitud.
Por último una referencia, resulta sensible a esta Defensora del Pueblo la estrategia intentada por el Colegio Médico Zona Atlántica, que inició una demanda por doscientos mil pesos ($ 200.000) contra mi persona y la de tres empleados de la institución que habrían participado de la inspección realizada el día 24 de noviembre pasado en la clínica Viedma; invocando para ello un “daño moral” en cabeza del Colegio Médico por lo sucedido.
No me preocupa la demanda, lo que impacienta a esta Defensora, es que haya sido dirigida contra empleados públicos que cumplen su tarea.
Todo el accionar de la Defensora del Pueblo fue ratificado posteriormente por la orden de allanamiento emitida por el Superior Tribunal, a los efectos de que continuemos con la tarea inspectiva que habíamos iniciado.
Dimos en llamar a esta estrategia de inspección como “de punto fijo” y seguiremos aplicándola a lo largo de la Provincia para constatar asimismo, otra irregularidad, que es el cobro de “plus” sobre el precio del bono de consulta de la Obra Social Provincial.
Por otra parte, con la finalidad de despejar incógnitas sobre el desenvolvimiento de alguna áreas de gobierno, entre ellas el IPROSS, que eran por distintos medios sensiblemente cuestionadas y denunciadas por los habitantes de nuestra provincia, bajo mi supervisión y planificación, ordené la realización de un relevamiento minucioso de todas las Delegaciones del IPROSS en la Provincia.
Como resultado de lo realizado pudimos concluir en la síntesis que detallaremos a continuación:
Personal: Tanto en delegaciones grandes como en chicas es notoria la falta de personal, existen pedidos de mayor dotación de recurso humano de muy vieja data, que no han sido satisfechos por la administración central. En algunas delegaciones hay personal prestando servicios en forma irregular, a la espera del prometido nombramiento que no llega (por ej. Villa Regina).
Estructura edilicia: En la gran mayoría de los casos muy pobre, insuficiente, mal mantenida, algunas con techos que se llueven o con deficiente ventilación, poca o deficiente iluminación. Se advierte diferencia entre las delegaciones del Alto Valle, Viedma y Bariloche, con las del resto de la provincia en desmedro de estas ultimas.
Reintegros: Este es tal vez el problema mas acuciante que atraviesan las delegaciones y sus delegados, la demora excesiva en el giro de estos ocasionan situaciones muy violentas con el afiliado, al que el delegado esta obligado a dar soluciones, y según manifiestan, en ocasiones las demoras no tienen justificativo.
Provisión de distintos artículos: En ocasiones la entrega de leche, pañales infantiles y geriátricos se demora de forma exasperante y en los dos últimos casos, además, la calidad del producto es muy cuestionada por el afiliado. Hoy no se están entregando pañales.
Tratamientos de gran complejidad: El afiliado debe hacer frente a demoras e incumplimientos excesivos, que llegan casi al maltrato.
Provisión de prótesis: La demora en la entrega, la mala calidad, ocasionan una distorsión notable en el proceso de provisión de estos elementos.
Informática: Falta de equipamiento informático y de conexión en red entre delegaciones y con la central. Una prueba de ello, es que al momento de realizar el relevamiento, personal de esta Defensoría sacó, 5 (cinco) carné de afiliado al mismo nombre, en cinco días hábiles y consecutivos, sin que se le requiriera su identificación.
Falta también como consecuencia de esto, datos actualizados de cada afiliado, organismo al que pertenece, etc.
Servicio de Ambulancias: Faltan ambulancias, y para paliar ese déficit se recurre a los Hospitales resintiendo el servicio de éstos. En otros casos a contrataciones onerosas.
Falencias muchas que son históricas y no resultan sólo atribuibles a tal o cual gestión. Deberíamos analizar entre todos de que modo y a lo largo del tiempo hemos contribuido al desfinanciamiento de nuestra Obra Social.
De cualquier forma exhorto a las autoridades a poner todo el empeño y la inteligencia a disposición, para que nuestra obra social vuelva a estar de pie y asimismo, los exhorto para que cese la mutua dependencia económica y asistencia financiera que mantienen Salud Pública y el IPROSS, ya que la primera es patrimonio de todos los habitantes rionegrinos, pero la segunda sólo de los trabajadores estatales.
· AMPARO COLECTIVO CONTRA PAMI Y FECLIR
Ante los cortes del servicio sanatorial a los afiliados del PAMI por parte de la Federación de Clínicas de Río Negro, y con el objeto de obtener la normalización de estas prestaciones interrumpidas, intervine personalmente durante varios meses intentando un acuerdo de consenso entre las partes en conflicto. En ese cometido interactué con dirigentes y funcionarios, a fin de lograr la cancelación de la deuda que el PAMI mantenía con las clínicas. Tuve contactos con Oscar Laren funcionario del PAMI a nivel nacional, quien me manifestó que las Clínicas sobrefacturaban los servicios y que la deuda reclamada no era real. Esta Defensora le respondió, que pongan en marcha en forma inmediata auditorías para acreditar lo que se denunciaba. Y que no es excusa para dejar de cumplir con el pago de la deuda reclamada, pues los rehenes del conflicto son los afiliados.
A pesar de estos intentos, agravada la situación de corte de las prestaciones con la suspensión también a los afiliados del IPROSS y en riesgo de colapsar la capacidad de atención de los hospitales públicos, con fecha 6 de diciembre del 2007, esta Defensora del Pueblo promovió acción de amparo colectivo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra el PAMI y la FECLIR, ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, invocando la defensa de los intereses colectivos de todos los jubilados rionegrinos afiliados a la obra social nacional.
· LEY DE SALUD MENTAL
La Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental que fuera promulgada por nuestra Legislatura Provincial el día 10 de octubre de 1991, conocida comúnmente como “ley de desmanicomialización” , fue considerada en su momento, por la mayoría de los profesionales que tenían relación directa o indirecta con la problemática en análisis, una normativa de avanzada que ponía a la Provincia a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental.
Se buscaba con ello, que los pacientes con sufrimiento mental, sean atendidos y contenidos en el ámbito familiar, por profesionales dependientes del estado provincial, que aseguraran su tratamiento y rehabilitación, concibiéndose la internación como el último recurso, luego de agotadas todas las formas y posibilidades terapéuticas previas, con el objeto de lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona.
Con la prohibición de manicomios y neuropsiquiátricos, el objetivo de la ley, era implementar un sistema de salud que tienda a la externación de la persona y a su tratamiento ambulatorio.
La reinserción comunitaria de quien resulte internado, debía constituir el eje y la causa de esta instancia terapéutica, teniendo en cuenta la singularidad de la persona humana, sus diversos momentos vitales y sus potencialidades de autonomía.
El Estado Provincial, tenía un rol importante que cumplir en el diseño y puesta en marcha del sistema, mediante la creación de los centros de atención previstos en la Ley, que garantizarían que la misma no reproduciría el dispositivo del poder manicomial que se intentaba eludir.
Las diferentes crisis económicas y financieras que afectaron al sector público provincial, y la ausencia de políticas públicas para una planificación adecuada, la falta de recurso humano, la escasa o nula capacitación, la emigración de profesionales a la órbita privada, constituyeron algunas de las causas del “derrumbamiento del sistema”.
Hoy en día, los nobles preceptos que inspiraron la sanción de dicha ley, han demostrado que resultan ser de difícil aplicación, por causas atribuibles o no, en mayor o menor medida a los responsables del Sistema Público de Salud Mental.
Lo que no se puede negar, es el momento de crisis por el que atraviesa.
La famosa “Ley de Desmanicomialización” pretendió erradicar la internación del sufriente mental en la provincia; sin embargo, hoy no es más que una norma muy prolija y ambiciosa, pero que carece de sustento en una sociedad que apenas puede satisfacer las necesidades básicas de salud.
No podemos ser “progresistas en la provincia”, y trasladar a los rionegrinos que padecen estos trastornos mentales a comunidades terapéuticas y/o centros de rehabilitación privados que funcionan en ésta u otras provincias, abonando para ello sumas siderales que van desde los 1.300 a los 4.500 pesos por paciente por mes.
Le atribuyen al déficit presupuestario la no apertura de las “casas de medio camino” y de “las casas del inimputable” y demás infraestructura edilicia que garantice la contención institucional y familiar, así como la falta de recurso humano capacitado y, por otra parte, se destinan recursos económicos cuantiosos (desde las arcas de distintas reparticiones públicas) al sector privado.
Miles de pacientes que se encuentran en condiciones de marginación social y económica, que por su propia vulnerabilidad sumó centenares de personas al conjunto de los padecimientos mentales producto de adicciones a las drogas y al alcohol, golpearon las puertas de los hospitales públicos sin poder encontrar respuestas satisfactorias a sus demandas.
Este panorama desalentador, nos conminó desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro a abocarnos al estudio de la problemática, replantearnos el tema, adaptándolas a la realidad.
Algunos sectores con intereses económicos desinterpretaron nuestra postura, pero aquí ratifico que nuestra intención es el sinceramiento y que he recibido el apoyo de otros actores, como familiares de sufrientes mentales, que se comprometieron a participar de un amplio debate que propiciaremos este año, sin hipocresías, sobre esta temática de la desmanicomialización en Río Negro.
· Falta de control en la venta de alcohol a menores
A poco de comenzar a ejercer mis funciones como Defensora del Pueblo, por Resolución Nº 1.461/06, advertí a las autoridades públicas que no había suficientes controles sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores, especialmente en la localidad de San Carlos de Bariloche, que recibe grandes contingentes de turismo estudiantil.
En el marco de nuestra investigación solicitamos informes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al Ministerio de Turismo, a Ministerio de Salud y a la Policía. Los informes incorporados y las actas de inspección a cargo de las autoridades locales, nos permiten concluir que es reiterada la violación a la venta de alcohol a menores.
Por otra parte, la respuesta brindada por el Hospital de Bariloche revela la existencia de un importante número de casos de jóvenes atendidos con síntomas producto de intoxicaciones alcohólicas, así como menores accidentados o heridos con arma blanca, también relacionados con el consumo de alcohol.
El pasado mes de septiembre ocurrió un trágico accidente en Bariloche donde murieron cuatro jóvenes que habían ingerido alcohol en un local bailable que no tenía habilitación municipal. Me manifesté públicamente denunciando que el acuerdo, en sede judicial, entre la Municipalidad y los propietarios del local, para que éste continuara funcionando, era una burla a la población y a los padres de las víctimas. Nuestra denuncia fue determinante para que las autoridades municipales dispusieran, finalmente, la clausura definitiva de local.
Me siento obligada a decir que existe una gran hipocresía, pues por un lado se impulsan campañas de prevención para concientizar a los menores sobre el peligro del consumo de alcohol y a la par, se promocionan paquetes turísticos poniendo el acento en las salidas nocturnas y no se respetan las normas sobre prohibición de venta de alcohol a menores.
Esto desde ya, no es privativo de San Carlos de Bariloche, pues a lo largo de toda la Provincia, se observan desde estaciones de servicios, hasta pequeñas despensas, que venden alcohol a menores hasta la madrugada.
Formulo entonces una fuerte exhortación a las todos los Intendentes y a las autoridades provinciales, para que se comprometan con la custodia de la salud e integridad física de los menores y ejerzan los debidos controles sobre la venta de alcohol a nuestros jóvenes. Una acción conjunta entre los Municipios, la policía y el sistema de Educación va a redundar, con plena seguridad, en alejar a los jóvenes rionegrinos de los accidentes graves y de los actos delictivos casi siempre relacionados con el consumo de alcohol y drogas.
· Hospitales
En el marco del relevamiento intensivo de distintas dependencias del Estado Provincial, recorrimos 29 hospitales provinciales y algunos centros periféricos, cuestionados en denuncias particulares.
El aspecto y las prestaciones de la estructura edilicia de los mismos en muchos de los casos es lamentable, Sierra Grande, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mexía, El Cuy, Chichinales, Luís Beltrán y otros.
Detectamos anomalías tales como, parches de mampostería, techos que se llueven, paredes con grietas alarmantes, cielorrasos que se caen, vidrios rotos, baños con pérdidas sanitarias, fallas estructurales, hundimiento de cimientos, falta de pintura, filtraciones, pisos levantados, cañerías corroídas, mantenimiento deficiente, presencia de salitre, falta de higiene, sólo por enumerar algunos puntos sobresalientes.
También inspeccionamos en el mes de agosto la obra en ejecución del nuevo Hospital de El Bolsón, cuyo plazo de entrega se encontraba ya fenecido y aún pendiente de finalización.
En cuanto a los recursos humanos, se observa que existe insuficiente dotación de personal tanto en cantidad como en especialidades. Encabeza la carencia, el personal de enfermería. Con relación al personal de maestranza o mucamas pudimos advertir que figura en los listados de personal, gran cantidad de los mismos desempeñando tareas administrativas para las que no están capacitados, en menoscabo de las tareas de limpieza e higiene y de la excelencia del trabajo hospitalario.
Es una denuncia recurrente de los usuarios del servicio el incumplimiento de los profesionales médicos en atención de consultorios. Por lo que reclamamos mayores controles.
Vehículos obsoletos, inadecuados para las regiones donde prestan servicios, sin el debido mantenimiento, determinan en ocasiones que los traslados, derivaciones o atención domiciliaria de urgencia, se vea seriamente comprometida.
Hay hospitales que carecen de aparatología básica, como una incubadora de traslado y otros que tienen en exceso tecnología que está disponible en centros cercanos, pudiendo ser destinada y optimizado su uso si se instalan en otros hospitales del territorio provincial. Ello, además, de que es necesaria en muchos Hospitales la renovación de aparatología, ya obsoleta.
Otro punto preocupante es que hay morgues en mal estado, precarias o con sistema de refrigeración fuera de servicio. El caso más grave es la del Hospital de Allen (documento fotográfico).
Residuos patógenos: Lugares de acopio, no guardan las mínimas condiciones de seguridad que requiere este tema conforme al Manual de manejo dictado por el propio Ministerio de Salud. Villa Regina y Viedma, son dos claros ejemplo de ello (fotografía de ambos hospitales), allí se observan recintos con vidrios rotos o inexistentes, que tornan en extremo peligroso su almacenamiento.
Controles internos: Cito el caso particular del hospital Artémides Zatti de Viedma, que en nota remitida por su Director explicando por qué este centro hospitalario, con más de 600 agentes, no cuenta con un reloj de control de horario, indicó que no era relevante en tanto que el reloj no asegura la permanencia de los empleados en el Hospital y sólo firman una planilla.
Provisión de insumos: Salvo contadas excepciones, los directores no muestran satisfacción con relación al tipo de medicamentos que provee el PROZOME, que además no son entregados con regularidad.
Con respecto al programa nacional “Remediar” también se han expresado quejas por la distribución inequitativa entre los distintos centros y por el menú de medicamentos que ofrecen, tanto en su tipo como en la cantidad.
Sistema de otorgamiento de turnos: Este sigue siendo un problema al parecer de imposible solución. Insto enfáticamente a los responsables de Salud Pública de la Provincia para que solucionen esta problemática crónica. Sí destaco, un estudio que se está realizando con rigor, en el Hospital de Viedma, relativo a los turnos hospitalarios, para el que solicito apoyo oficial.
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