REPORTAJE a Jueza

–A la luz de su experiencia ¿qué opinión le merece la actual organización de la Justicia Penal en Río Negro?
–Desde lo formal, la implementación del juicio oral fue sin dudas la transformación más valiosa, porque la oralidad permite escuchar a la víctima, percibir si alguien miente o no. Con el sistema escrito el juez leía lo que un tercero había escrito de lo que dijo otro. El sumariante volcaba lo que interpretaba. Aun así, el empleado judicial era muy bien formado. Había pocos errores, incluso ortográficos –y hoy de esos se ven "horrores"–. Claro que también había menos causas.
–Estamos en otra etapa de cambios.
–Sí, y todo se hace a base de parches, al no haber macropolíticas bien definidas. El legislador debe pensar el conjunto, sin presiones. Y el juez no puede ser una máquina de aplicar sanciones o beneficios. A veces se corre el riesgo de olvidarse de la víctima.
–¿De qué manera se compatibiliza esa idea de servicio público cuando las personas que integran el Poder Judicial se ubican distantes de la comunidad?
–Antes se planteaba que el juez hablaba por sus sentencias y el periodismo no existía para el juez. Con la democracia, se planteó cómo manejar los contactos para no infringir la ley ni hacer daño a nadie. Después, la política dejó los ámbitos tradicionales para inmiscuirse en el Poder Judicial. Esto generó un shock, sobre todo cuando se pretendía evitar decisiones que siempre habían sido adoptadas por criterios técnico jurídicos. Llegaron las teorías extremadamente garantistas. El retaceo de información puede estar generado, en gran medida, por el temor, por falta de confianza.
–Entre los cambios está el Consejo de la Magistratura, el órgano más político relacionado con la Justicia.
–Aun los primeros años de democracia los jueces eran designados por una Junta de Calificación que, a mi juicio, tuvo aciertos y errores, guiada siempre por la buena fe. Hizo buenas designaciones. Teníamos un Superior Tribunal contenedor, estudioso, que cumplía sus plazos, esperábamos sus sentencias para leerlas porque lo respetábamos muchísimo. Desde 1987 con el juicio oral, creció el Poder Judicial y la complejidad trajo el deterioro de algunas áreas. Varias veces representé a la parte técnica en el Consejo de la Magistratura y siempre fue una tarea tremendamente difícil, porque empezó a notarse la impronta política y, a veces, se antepusieron otros factores a la pura aplicación de la ley. Se notó una intención política de designar a determinadas personas en determinados cargos, fundamentalmente del fuero Penal. Creo que se vincula con el deterioro en el manejo de la función pública, de los fondos del Estado. Ahí empezó la preocupación política por tener gente en puestos clave de la Justicia Penal que pudiera –llegado el momento– actuar de determinado modo. No siempre les fue bien porque alguno de esos funcionarios actuó como debía. Hay que ver que, si bien hay tres representantes del Colegio de Abogados, muchos abogados –sobre todo en Viedma– son asesores del Estado.
–En Viedma se concentran decisiones importantes: la recurribilidad de los amparos ante el STJ, los delitos contra la administración pública, la competencia originaria contencioso administrativa.
–Sí. Y puertas adentro de la Justicia, en Viedma, se vive el temor de que puedan hacer un jury por cualquier motivo. Es casi imposible que las resoluciones del Consejo de la Magistratura lleguen a la Corte y es un tribunal integrado incluso por legos. Sus juicios son políticos, no técnicos. En el Poder Judicial hay miedo. Y no se puede trabajar con miedo a represalias internas. Es necesaria la tranquilidad de pensar que nadie, por no gustarle lo que decida, le va a iniciar una acción. Abundan los sumarios, a veces por motivos no propios del Consejo de la Magistratura pero que ingresan a ese organismo y se prolongan en el tiempo por falta de resolución. Lejos estoy de hacer una defensa corporativa, los que me conocen sabrán que jamás me ató ninguna lealtad que no sea el estricto cumplimiento de la ley. Pero hablo de la necesidad de premios y castigos.
–Usted ha intervenido en las causas más importantes de corrupción –la defraudación al Banco Provincia, las jubilaciones privilegiadas, el Cedepre, Lotería, los casos Bombardieri y Sánchez–. ¿Ha recibido presiones políticas?
–Nunca de ningún tipo. Absolutamente. Trabajé con total libertad.
–¿Sabe que la Cámara que integra con María del Carmen Vivas de Vázquez es llamada "la Cámara de las brujas"?
–...las brujas o "las chicas", según quién sea el que opina (risas). En serio, no hay que restarle mérito en la Cámara al elemento varón (Eduardo Jiménez).
–¿Alguna vez sintió que debía ponerse una coraza?
–No, no. Sentí que aumentó la responsabilidad de no cometer errores. Creo que fue una autoexigencia enorme y desgastante. Uno se sentía preocupado por no cometer el más mínimo error.
–¿A quién siente que debe rendir cuentas de su tarea?
–A la comunidad.
–¿Todos los jueces pensarán igual?
–Creo que cuando uno jura como juez tiene que saber bien que responde al soberano, al pueblo, del cual es representante indirecto. Por eso me entusiasmé con el juicio oral, porque pensé que iba a venir gente a ver cómo trabaja la Justicia, como un control permanente. A mí me gustaba aquel STJ que yo sabía que me iba a controlar hasta las comas, pero un control de legalidad. Porque ¿de qué tiene miedo un juez? ¡De equivocarse!
–¿No siente esa misma contención con el Superior Tribunal actual?
–En algunas cosas sí y en otras… No sé si es contención. No sé por qué a veces los Superiores Tribunales fallan de una manera que yo –por experiencia y estudio– considero distinta a mi visión.
–¿Son sentencias más políticas?
–Es un poder del Estado, pero dentro del marco jurídico. Hay, sí, resoluciones que generan suspicacia, como cuando sin demasiados fundamentos y en ciertas causas se revocan penas efectivas imponiendo penas en suspenso o se reduce considerablemente alguna pena de cumplimiento efectivo o se anulan determinados fallos... Pero nada puedo decir a ciencia cierta de que exista la satisfacción de un interés político detrás de esas resoluciones. Hay resquemor. Y se gene-ran los miedos para muchas personas que trabajan en el Poder Judicial. A veces se dice que el Poder Judicial no informa, no habla. Pero hay miedo. No es fácil transitar la magistratura teniendo causas delicadísimas –homicidios, robos a mano armada, que generan expectativas en la comunidad– y saber que se tienen cuatro o cinco denuncias que no se resuelven en el Consejo de la Magistratura. Uno siente que la presión puede venir de ese lado.
–¿El 82 % móvil?
–Lo tendría que tener todo el mundo. No es una jubilación privilegiada. El juez que ha trabajado como corresponde y reúne los requisitos que marca la ley tiene derecho a ella. Ojalá mi padre, que fue médico toda su vida y tuvo una jubilación de hambre; ojalá todos pudieran cobrarlo. Aunque ni sé si lo cobraré, porque lo previsional en este país es de un deterioro tan inmoral que nadie sabe. Sobre Ganancias, siempre pensé que tenemos que pagar el impuesto.
–¿Le parece que el juicio por jurados contribuiría a mejorar la satisfacción de la comunidad o la calidad de la Justicia?
–Definitivamente no. Sin duda es una meta, pero inviable en la Argentina de hoy. Son tantas las carencias de gran parte de la sociedad y los miedos a perder lo que ha logrado, que los riesgos acerca de un desempeño despojado de toda presión son muy altos. Eso, sin contar los costos. Pero sería interesante que la comunidad se comprometiera, de a poco, y viera lo que es juzgar a un par.
–¿El sistema acusatorio puro podría mejorar el servicio de justicia?
–Va a depender de la infraestructura que tengan las Fiscalías, de la capacitación y el grado de compromiso de los fiscales. Las instituciones son buenas, el tema es las personas que las aplican. Se pueden mejorar las leyes, pero para actuar bien hay que actuar bien.
–¿Y el juicio abreviado?
–Las posibilidades de este instituto son importantes para descongestionar a los juzgados de causas menores y permitir ocuparse de la investigación de causas de envergadura. Pero, como a otros, si no se los dota del andamiaje necesario, si no son aceptados y aplicados con gran responsabilidad, se puede caer en el facilismo de pretender sacarse expedientes y no juzgar con acierto. El juez debe ver si accede o no a cada pedido, evaluando a conciencia y escuchando a la víctima. Y se debe contar con organismos de contralor y seguimiento de los imputados que gozan de ese beneficio. Resulta impostergable lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en el actuar de la Justicia. Todavía existen muchos funcionarios y jueces en los que confiar, que actúan con responsabilidad y apego a la ley y que también tienen ese sinsabor de no dar lo que se espera de ellos. Pero la sociedad debe saber que no depende de su sola voluntad hacerlo.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar