Blog Oficial de la A.P.y T. del Hospital Regional Artémides Zatti - Viedma (Provincia de Río Negro) Argentina.
martes, 20 de mayo de 2008
lunes, 19 de mayo de 2008
La cuestión social (Por Alicia Miller)
Las falencias de una administración suelen evidenciarse a partir de expresiones destempladas de los perjudicados.
Se manifiestan como erupciones de un fuego subterráneo y silencioso.
Las personas gestionan, reclaman, trabajan, se inscriben, acuden, tramitan... individualmente. Si la administración las atiende y les responde, es habitual que no abandonen nunca esa condición individual. Se plantea así una primera instancia de relación bilateral, acotada entre un gobierno y un ciudadano de a pie.
La falta de respuestas, la desatención, la demora, la burocracia excesiva, la carencia de recursos en el lugar y el tiempo indicados... tales factores generan habitualmente que los afectados se vinculen entre sí, compartan experiencias, se quejen juntos y, finalmente, actúen en forma unificada y organizada. Ése es el momento en que -lo que ha sido un proceso más o menos prolongado y bastante silencioso- sale a la luz, toma visibilidad pública: se convierte en noticia.
Por eso, ante cada hecho puntual conviene desandar los procesos hasta su origen. Ver qué se hizo, qué se debió haber hecho, quién puso el germen del problema y quién lo abonó y lo regó con sus acciones o su pasmosa pasividad.
No profundizar en este análisis implica el riesgo de obtener una fotografía inexacta, una realidad fragmentaria y caótica.
Así, en cambio, pueden establecerse las ligazones profundas entre sucesos que emergen sin vinculación aparente.
En los últimos tiempos, la provincia de Río Negro se ha ido conmoviendo sucesivamente por estallidos de malestar en áreas sensibles: el prolongado corte de servicios de las clínicas a afiliados de la obra social estatal Ipross, tomas de terrenos o de viviendas en varias ciudades, una protesta de médicos y de enfermeros en hospitales públicos, paros docentes reemplazados luego por movilizaciones y "escraches". Todo eso, sumado al incesante fluir de reclamos individuales sobre reintegros, provisión de prótesis o medicamentos especiales, quejas por escuelas rotas o sin personal o recursos suficientes y por desatención a menores desamparados...
En el Ipross, el período de conflicto salió un tiempo de la "agenda pública". Pero no ha quedado superado. Lo único que se hizo fue aumentar los aportes y sumar dos integrantes más al Consejo de Administración, elementos insuficientes para garantizar que una nueva crisis no vuelva a producirse en un horizonte cercano. No se avanzó en la reestructuración deseada, ni en la informatización ni en la adecuación de procedimientos.
Para mayor decepción, la incorporación de más dirigentes gremiales a la conducción de la obra social no significó ampliar los puntos de vista sino sólo incrementar la discriminación y el "ninguneo" que se practica desde siempre hacia los sindicatos no oficialistas.
En un marco jurídico de libertad sindical, el gobierno de Miguel Saiz no sólo respalda a nivel nacional una gestión que sigue negando personería gremial a la CTA sino que repite en la provincia esquemas maniqueos respecto de ATE y Unter.
De algún modo, ese mismo marco subyace en el prolongado conflicto que se vive en los hospitales, donde ATE tiene una representación considerable y en los cuales UPCN suele actuar como factor de defensa de las políticas gubernamentales.
Pero el malestar allí excede lo salarial. Y va más allá, incluso, de las representaciones gremiales: los profesionales, técnicos y enfermeros se sienten en gran medida agobiados, engranajes de un sistema que no hace nada por optimizar los recursos con los que cuenta.
"No hay incentivos, no hay políticas... sólo interesa que parezca que funciona", señaló hace unos días un profesional hospitalario resuelto a plantarse frente a lo que consideran un "abandono" por parte del gobierno de Saiz.
En los hospitales saben que no pueden esperar que sus usuarios respalden o presionen por sus planteos, porque en general tienen sus propios y urgentes problemas. Y no comprenden por qué son uno de los pocos sectores del Estado que no cobran zona desfavorable ni antigüedad.
En cuanto a la situación con tierras y viviendas, una característica de este gobierno es la inacción. Acompañada por la indiferencia. Así, a nadie puede asombrar que las quejas y reclamos públicos se multipliquen.
La gestión de Vicente Pili al frente del IPPV ha sido de las más pobres en materia de realizaciones. Y no ha mostrado capacidad de reacción ante los conflictos ni una adecuada política de comunicación.
Las tomas de terrenos complican a intendentes de toda la provincia. Pero los jefes comunales son conscientes de que -aun ilegales- las ocupaciones son el resultado lógico de una necesidad habitacional que el Estado no hace nada por satisfacer.
Desde la crisis del "Estado de bienestar" las gestiones gubernamentales han oscilado entre períodos de no intervención en la "cuestión social" y otros en que se ha intentado paliar aunque sea en parte las necesidades básicas de amplios sectores sociales. Pero siguen siendo ciertas ongs las que demuestran mayor creatividad para desarrollar ideas y obtener recursos a fin de generar alternativas que respeten la dignidad de quienes están en la pobreza.
Nadie vive en una casilla de cantoneras por placer. No si puede evitarlo. Nadie pide al Estado que regale o prodigue, pero sí que busque métodos que permitan la accesibilidad con dignidad.
Ante la necesidad, la especulación con planes asistenciales o con la entrega de viviendas sociales es un insulto que roza lo inhumano.
A este tipo de broncas pareció responder la ocupación de viviendas virtualmente terminadas en Bariloche, cuya asignación por parte del IPPV no fue manejada en forma eficiente.
Si la motivación resulta inexplicable en cualquier caso, cuesta más aún por ser Bariloche la ciudad más grande de la provincia, con una notoria desigualdad social, y que vive hoy el único escenario electoral previsto para el año.
Allí se elige un intendente, pero tanto la oposición como el oficialismo dirimen el esquema general de fuerzas con vistas al 2011. Y el oficialismo provincial no ha escatimado esfuerzos.
No obstante, Pili se negó a ir a Bariloche y no logró destrabar el tema, como tampoco pudo evitar una toma anunciada.
En Viedma, cerca de su despacho también brotan las tomas y conflictos, como lo hicieron las impugnaciones en el último plan adjudicado.
En síntesis, Nación retacea los fondos del Plan Federal. Y Río Negro no ha sabido o no ha podido plantear alternativas propias.
Mientas, en la sociedad crecen los grupos y sube la tensión de los reclamos.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
Fuerte protesta de trabajadores del Hospital Público de Viedma

19-05-2008 - 14:00:20
ATE y la Asociación de Técnicos y Profesionales expresaron su malestar por la falta de mejoras en los salarios y las condiciones laborales.
Viedma (ADN). Los trabajadores del hospital Artémides Zatti -adheridos a distintas organizaciones sindicales y sectores independientes- realizaron hoy una protesta en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo.
En rueda de prensa, el secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, y su par gremial de la Asociación de Técnicos y Profesionales, David Acuña, dieron a conocer esta mañana el reclamo conjunto que realizan ante el Ministerio de Salud, que dirige Cristina Uría.
Capretti informó que la asamblea dispuso elaborar un informe de las condiciones laborales de los trabajadores y del estado edilicio del hospital público, con detalles específicos.
jueves, 15 de mayo de 2008
Sindrome del quemado
15-05-2008 - 17:00:07
Inédito fallo judicial reconoce el síndrome de desgaste profesional
Una sentencia de la Cámara Laboral de Bariloche ordenó a la ART a considerar como enfermedad-accidente al síndrome del quemado que acreditó una psicóloga de la Policía.
Bariloche (ADN). Un fallo de la Cámara Laboral de Bariloche reconoció como enfermedad-accidente el denominado síndrome del desgaste profesional (burn out), también conocido como "síndrome del quemado" en un caso particular de una psicóloga de la Policía y que sentaría precedente en Río Negro.La sentencia de la Cámara Laboral ordenó a la ART a considerar como una enfermedad-accidente el síndrome del desgaste profesional acreditado por comisiones médicas en el caso de la psicóloga Lidia Maldonado, quien trabajó en la fuerza policial durante 18 años.El fallo sentaría precedente a nivel provincial e incluso nacional debido a que se trata de una nueva enfermedad que tuvo su origen hace 15 años atrás y al no manifestarse de manera precisa y física, la patología no es reconocida por las comisiones médicas que rigen a los empleados del Estado.La enfermedad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que precisó que principalmente afecta a mujeres y hombres de entre 25 y 40 años.El síndrome del quemado representa un estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por el involucramiento crónico en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes.En este caso, la psicóloga de la Policía mantuvo durante 18 años una tarea diaria vinculada con la atención de casos de violencia familiar, abuso sexual, y asistencia psicológica a los internos de la Alcaidía e intervención en sumarios.Según el fallo, la mujer en 2006 "presentó episodios frecuentes de crisis de angustia con importante componente somático (síntomas neurovegetativos, diarreas etc), asociado a un tono afectivo depresivo con predominio de ideas de culpa y de peyoración de la propia existencia, fallas amnésicas, dificultad en concentrarse".La comisión médica interviniente no descartó la patología, pero argumentó que la ART no debía cubrir los tratamientos necesarios para la mujer porque no se encontraba la enfermedad en el listado de enfermedades o accidentes de trabajo reconocidos por un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación sobre riesgos de trabajo.El juez de la Cámara, Juan Lagomarsino, explicó a ADN que "la enfermedad está tipificada y en la causa aparece claramente porque la mujer es psicóloga de la Policía (...) se estudió por profesionales de la salud, los médicos son los primeros en dar cuenta de este tipo de padecimiento, afectan a los profesionales de servicio, trabajan con gente, con conflictos, y normalmente le pasa a la gente responsable".La ley de riesgo de trabajo fijó una cierta cantidad de enfermedades como consecuencias laborales y no incorporó el síndrome de desgaste profesional y tampoco el moobing."Es una regla del derecho que el legislador no puede abarcar todo, es una regla tan antigua como el derecho, por ejemplo el hantavirus que se incorporó hace poco e incluso nosotros tuvimos una causa que cuando se inició el hantavirus no estaba incorporado como riesgo de trabajo", señaló.En la Justicia rionegrina se han presentado denuncias o casos referidos al "síndrome del quemado", inclusive el gremio SITRAJUR años atrás denunció una situación similar en empleados judiciales, sin embargo hasta el momento ninguno había obtenido un fallo a su favor.
Desaparecen medicamentos oncológicos de Salud
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| Desaparecen medicamentos oncológicos de Salud | ||
| Se estima en medio millón de pesos el faltante. El envío figura como entregado y recibido. | ||
| VIEDMA (AV)- Un faltante de medicamentos oncológicos por más de medio millón de pesos generó una denuncia desde el Ministerio de Salud rionegrino. Se trata de la segunda causa penal que se inicia por este mismo motivo. En el marco de esta investigación, el juez Carlos Reussi ordenó una serie de medidas, entre ellas, el allanamiento de la vivienda del farmacéutico Gabriel Girotti, quien hasta diciembre pasado estuvo encargado de la droguería de Salud. Actualmente regresó a su función anterior al frente de la farmacia del hospital Zatti. La ministra de Salud, Cristina Uría, confirmó a "Río Negro" la presentación de la denuncia penal al ser detectado que una cantidad de medicamentos oncológicos no estaba en la droguería central de la cartera a pesar de que en el remito figuraba como entregada y recibida. La funcionaria detalló que a raíz de la causa judicial anterior -también de faltante de medicamentos oncológicos detectada el año pasado- el Ministerio continuó trabajando en mejorar los controles relacionados con los medicamentos del Programa de Control de Cáncer. Afirmó que en dos meses de investigación se reunió documentación y se presentó una denuncia penal frente a las presuntas irregularidades, que podrían tener carácter delictivo. También expresó que se informó a los organismos de control como la Fiscalía de Investigaciones Admi- nistrativas. Consultada sobre la irregularidad, Uría detalló que no se encontró parte del stock oncológico de uno de los remitos. Por eso, la funcionaria explicó que se implementaron todos los mecanismos para determinar si ese faltante se debía a que ya habían sido entregados a los pacientes, lo que fue descartado ante el cruzamiento de datos en los padrones del programa. "Ante la falta de certeza de dónde estaban esos medicamentos oncológicos que figuraban en ese remito fue que se reunió la documentación, se armó un expediente y fue formulada la denuncia". Estos medicamentos corresponden a la licitación pública anual de 2007 por unos siete millones de pesos convocada para cubrir las necesidades del Programa. Fue pactada originalmente en tres entregas a lo largo del año y este remito en cuestión, de julio pasado, correspondía a la tercera. Lo que falta es una parte de esta última entrega, siendo importante la cantidad de medicamentos que no se sabe dónde están y cuyo monto ronda entre los 500.000 y 600.000 pesos, según lo puntualizado por Uría. Varios de los renglones de esta licitación los ganó la droguería Gavazza de Bahía Blanca y todo el faltante corresponde a lo proveído por esta empresa. Tras señalar que este programa cubre la totalidad de la medicación en forma gratuita para los pacientes oncológicos que no tienen obra social, la ministra detalló que la solicitud de estos medicamentos se genera en los hospitales a partir del pedido de los médicos oncólogos. Llegan al programa a nivel central y luego de ser auditado para certificar si la medicación que se está indicado está contemplada en el vademécum oncológico y si corresponde con la patología denunciada se genera el pedido, basado en una estimación aproximada para cubrir el año con la medicación, cuyo costo supera los 6.000 por cada caja. Adjudicada la licitación el medicamento es recibido en la droguería central del ministerio (donde se depositan todos los correspondientes a los distintos programas de salud) que se encarga de la distribución. |
miércoles, 14 de mayo de 2008
La deuda rionegrina ya se ubica en los niveles del 2001
jueves, 8 de mayo de 2008
Salud admite falencias en los hopitales
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