El Consejo formalizó el pago en dos cuotas del aguinaldo.
La reunión del Consejo de la Función Pública que se realizó en Casa de gobierno, no arrojó resultados concretos acerca de la magnitud del aumento salarial que recibirán los empleados estatales agremiados en UPCN, que deberán esperar hasta el martes próximo para conocer cuánto ofrecerá finalmente la cartera de Hacienda de incremento. Paralelamente, también se conocerá el modo en que el mismo se distribuirá durante el presente año.
El encuentro comenzó alrededor del mediodía de ayer y participaron en representación del Gobierno el secretario General de la Gobernación, el ministro de Hacienda y el secretario de la Función Pública; Francisco González, Pablo Verani y Carlos Oliva, respectivamente. La parte gremial, estuvo representada por el titular de UPCN y diputado nacional, Juan Carlos Scalesi.
Durante la reunión Scalesi solicitó un incremento salarial de casi el 30%, pero manteniendo las proporciones que se otorguen en tal sentido en los diferentes escalafones de los empleados públicos rionegrinos, principalmente los que van del 12 al 16. Para estas categorías, además, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa.
Ayer también se acordó la vuelta al viejo sistema de pago del aguinaldo en dos cuota semestrales.
"La pretensión del gremio supera las posibilidades que veníamos trabajando en torno a un incremento salarial que rondaba el 20%", expresó ayer el ministro Pablo Verani después del encuentro del Consejo de la Función Pública, y señaló que se pidió un impasse hasta el martes próximo para "evaluar nuevas alternativas".
Las alternativas están relacionadas por una parte, con la paritaria docente que se realizará hoy en Trabajo -ver aparte- y en la cual debe definirse como se implementará a lo largo del año el reciente aumento salarial otorgado por el Gobierno, que y esta es la segunda cuestión, contando el Incentivo Docente que abona la Nación llevaron en esta provincia a que el incremento de haberes rondará el mismo 30% que ayer reclamó UPCN.
Carlos Oliva, secretario de la Función Pública, manifestó a AL DIA que la intención del gobierno es que "la masa salarial aumente del mismo modo para los empleados estatales, los docentes y los policías". El funcionario, expresó que hasta el martes venidero se va a "estudiar el impacto" que produciría el aumento pedido por UPCN en los fondos de Hacienda.
Verani, admitió que "la actual legislación produjo un estancamiento" en los escalafones de trabajadores que se encontraban desde el número 12 en adelante, y por ello dijo se tomó la decisión de incorporar "sumas adicionales" que puntualizó ingresarán al haber fijo.
Paritaria docente en Trabajo
A partir de las 10 de hoy se reanudará en la Secretaría de Trabajo, la paritaria entre el Ministerio de Educación y el sindicato docente -Unter-, para terminar de definir cómo se implementará a lo largo del año el reciente aumento salarial del 30% para el sector y la magnitud del mismo que se incorporará al salario básico.
Las negociaciones -ver nota central- entre Educación y Unter en torno a como se terminará resolviendo la implementación del incremento de haberes, tendrán un fuerte impacto en las que llevan adelante UPCN y la plana mayor de la Policía, ya que estos actores pretenderán el mismo trato dispensado al gremio docente.
miércoles, 26 de marzo de 2008
martes, 18 de marzo de 2008
Bariloche: paran hospitalarios en reclamo salarial
martes, 11 de marzo de 2008
UPCN quiere que los salarios se discutan cada tres meses
| La que manda la discusión por los haberes es la inflación y los estatales creen que no se puede acordar por un año. | |||||||||||
| | |||||||||||
 | |||||||||||
VIEDMA (AV).- La seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) planteará una nueva metodología a fin de asegurar una adecuada recuperación salarial para los empleados provinciales. La intención es acordar con el gobierno la necesidad de protagonizar una discusión de carácter trimestral, aunque por detrás este gremio y los docentes; se están enganchando otros sectores laborales vinculados al Estado. El secretario general, Juan Carlos Scalesi, adelantó a "Río Negro" este nuevo esquema que será propuesto en los próximos días "sin necesidad de clavarnos con un piso que no podemos llegar o bien luego nos supera la inflación". Declaró que "en ningún momento sabíamos que el incremento sería en un solo tramo", a la vez que aclaró en cuanto a eventuales porcentajes de recomposición que "no me quiero apurar, ni tampoco quedarnos cortos". El dirigente sostuvo que "tampoco podemos ser tan locos de salir a pedir 1.800 pesos (en referencia a las aspiraciones de la Unter)" y en consecuencia "hay que ser prudente y no poner el carro delante de los caballos". El principal gremio estatal mantiene un acuerdo de recomposición por 8,33 por ciento mensual para el primer trimestre, dentro de una serie de negociaciones en las que había arrancado trasladando al Consejo Provincial de la Función Pública un reclamo del 27 por ciento. En tanto, el gobierno abrió las discusiones con sólo un 15 por ciento. En las últimas negociaciones, consiguió la restitución del pago semestral del Sueldo Anual Complementario. La conducción gremial tiene plena libertad para discutir sobre esta base, merced a un aval otorgado por asamblea. Este nuevo lineamiento en las discusiones salariales marca un giro en los que hasta ahora venía sosteniendo el gobierno provincial en la puja con los docentes. Los reclamos de la Unter parecieron haber actuado como un disparador en virtud de que ya se prendieron los viales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y los jubilados policiales. El Sindicato de Trabajadores Viales provinciales acordó con la patronal un 20 por ciento, tras una autorización del plenario sindical de acordar entre ese porcentaje -como piso- y un 30 por ciento. Su secretario general, Carlos Sansuerro, indicó que esto representará un mínimo de 1.300 pesos para el ingresante, aunque dejó en claro que si en las negociaciones con los gremios estatales prospera un aumento superior "también lo tenemos que ligar". También puso reparos en cuanto al lapso de vigencia del incremento acordado. Añadió que "el 20 por ciento que nos darán será para los primeros seis meses del año, y luego a partir de julio nos tenemos que volver a sentar a conversar porque parece que la culpa de la inflación la tienen los salarios". Un plenario de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a sesionar en esta capital para analizar, entre otras cuestiones, la inquietud en los ingresos de haberes. La demanda de este sector es un piso de 1.400 pesos y un 30 por ciento sobre ese piso. |
Los empleados públicos tendrían un nuevo aumento salarial
| 11-03-2008 - 07:26:53 |
| Desde abril |
| Los empleados públicos tendrían un nuevo aumento salarial |
Viedma. Con los salarios de abril, los empleados públicos rionegrinos tendrían un nuevo aumento, si prosperan las ya avanzadas negociaciones que el gremio UPCN lleva adelante con el Gobierno provincial. Esta decisión incluyó que se siga pagando el porcentaje correspondiente al Sueldo Anual Complementario en doce cuotas iguales, que totalizaban el 8,33 por ciento de los salarios, transformándolo en un aporte a cuenta de un futuro incremento. Con este panorama, la cifra de la segunda cuota iría entre el 5 y el 7 por ciento, dejando para después de julio el tercer incremento, con el que se arribaría a un total de entre el 19 y el 20 por ciento, tal como marcaron las cifras de las negociaciones nacionales con docentes, camioneros y la UOCRA, por ejemplo.  La mesa. Esta semana o la próxima habrá confirmaciones. |
sábado, 1 de marzo de 2008
Informe de la Defensora del Pueblo en la Legislatura
SALUD PÚBLICA
· I.PRO.S.S.
Me presenté ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro promoviendo un amparo colectivo (art. 43 C.N. y ley 2.779) en defensa de los intereses colectivos de los afiliados al I.Pro.S.S.; residentes en las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, Gral. Conesa, Sierra Grande y El Bolsón, dado el trato discriminatorio y desigualitario que sufrían, en relación al servicio de salud en la consulta médica, primer nivel de atención, con respecto a los afiliados del resto de la Provincia. Pagaban sumas que oscilaban entre $ 40 y $ 60, debiendo luego solicitar un reintegro que no superaba los $ 10. La demanda judicial fue dirigida contra el I.Pro.S.S.; el Colegio Médico Zona Atlántica y Federación Médica de Río Negro.
Destaqué en todo momento; incluso en la audiencia de conciliación citada por el máximo tribunal Provincial, que nuestra Constitución en su artículo 59 sienta las bases de un especial régimen de derecho público, que eleva el derecho a la salud a la categoría de un bien social básico, pilar de nuestra organización civil, de ello se infiere claramente, la jerarquía del derecho involucrado. La situación desigual de estos afiliados constituía, además, una violación a principios superiores del derecho como la igualdad (art.16 CN), la no discriminación (art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. Art.75 Inc. 22 CN), la razonabilidad (art.28, 31, 33 de la CN) y el acceso a la salud (art. 59 CP).
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 17 de Septiembre del 2007 receptó ampliamente nuestros planteos, los que invito a que consulten en el informe escrito que presenté ante esta Legislatura en el mes de diciembre pasado. Sin perjuicio de la sentencia favorable a los intereses colectivos de los afiliados que representé, no fueron menores los pasos realizados posteriormente para lograr la efectiva concreción de la misma ante la férrea postura reticente de los médicos a cumplir con lo ordenado por el máximo tribunal.
Así notificada y agotados los plazos legales para su cumplimiento; esta Defensora del Pueblo dispuso que personal de la institución constate su acatamiento; todo ello en el marco de las atribuciones que expresamente me otorga la ley reglamentaria de mis funciones, hecho que motivó airadas quejas de un grupo de médicos remisos, mediante presentaciones administrativas, judiciales y mediáticas buscando con ello negar el derecho reconocido en una sentencia contundente en sus argumentos.
Luego de una larga disputa entiendo asimilaron la resolución judicial y aquí y ahora tenemos que 30.000 usuarios del Instituto se atienden con la presentación del bono de consulta.
Destaco que respecto de un número menor de médicos que aún no acatan la sentencia, iniciamos una ejecución de sanciones pecuniarias preestablecidas en el fallo (astreintes) a los efectos de revertir su actitud.
Por último una referencia, resulta sensible a esta Defensora del Pueblo la estrategia intentada por el Colegio Médico Zona Atlántica, que inició una demanda por doscientos mil pesos ($ 200.000) contra mi persona y la de tres empleados de la institución que habrían participado de la inspección realizada el día 24 de noviembre pasado en la clínica Viedma; invocando para ello un “daño moral” en cabeza del Colegio Médico por lo sucedido.
No me preocupa la demanda, lo que impacienta a esta Defensora, es que haya sido dirigida contra empleados públicos que cumplen su tarea.
Todo el accionar de la Defensora del Pueblo fue ratificado posteriormente por la orden de allanamiento emitida por el Superior Tribunal, a los efectos de que continuemos con la tarea inspectiva que habíamos iniciado.
Dimos en llamar a esta estrategia de inspección como “de punto fijo” y seguiremos aplicándola a lo largo de la Provincia para constatar asimismo, otra irregularidad, que es el cobro de “plus” sobre el precio del bono de consulta de la Obra Social Provincial.
Por otra parte, con la finalidad de despejar incógnitas sobre el desenvolvimiento de alguna áreas de gobierno, entre ellas el IPROSS, que eran por distintos medios sensiblemente cuestionadas y denunciadas por los habitantes de nuestra provincia, bajo mi supervisión y planificación, ordené la realización de un relevamiento minucioso de todas las Delegaciones del IPROSS en la Provincia.
Como resultado de lo realizado pudimos concluir en la síntesis que detallaremos a continuación:
Personal: Tanto en delegaciones grandes como en chicas es notoria la falta de personal, existen pedidos de mayor dotación de recurso humano de muy vieja data, que no han sido satisfechos por la administración central. En algunas delegaciones hay personal prestando servicios en forma irregular, a la espera del prometido nombramiento que no llega (por ej. Villa Regina).
Estructura edilicia: En la gran mayoría de los casos muy pobre, insuficiente, mal mantenida, algunas con techos que se llueven o con deficiente ventilación, poca o deficiente iluminación. Se advierte diferencia entre las delegaciones del Alto Valle, Viedma y Bariloche, con las del resto de la provincia en desmedro de estas ultimas.
Reintegros: Este es tal vez el problema mas acuciante que atraviesan las delegaciones y sus delegados, la demora excesiva en el giro de estos ocasionan situaciones muy violentas con el afiliado, al que el delegado esta obligado a dar soluciones, y según manifiestan, en ocasiones las demoras no tienen justificativo.
Provisión de distintos artículos: En ocasiones la entrega de leche, pañales infantiles y geriátricos se demora de forma exasperante y en los dos últimos casos, además, la calidad del producto es muy cuestionada por el afiliado. Hoy no se están entregando pañales.
Tratamientos de gran complejidad: El afiliado debe hacer frente a demoras e incumplimientos excesivos, que llegan casi al maltrato.
Provisión de prótesis: La demora en la entrega, la mala calidad, ocasionan una distorsión notable en el proceso de provisión de estos elementos.
Informática: Falta de equipamiento informático y de conexión en red entre delegaciones y con la central. Una prueba de ello, es que al momento de realizar el relevamiento, personal de esta Defensoría sacó, 5 (cinco) carné de afiliado al mismo nombre, en cinco días hábiles y consecutivos, sin que se le requiriera su identificación.
Falta también como consecuencia de esto, datos actualizados de cada afiliado, organismo al que pertenece, etc.
Servicio de Ambulancias: Faltan ambulancias, y para paliar ese déficit se recurre a los Hospitales resintiendo el servicio de éstos. En otros casos a contrataciones onerosas.
Falencias muchas que son históricas y no resultan sólo atribuibles a tal o cual gestión. Deberíamos analizar entre todos de que modo y a lo largo del tiempo hemos contribuido al desfinanciamiento de nuestra Obra Social.
De cualquier forma exhorto a las autoridades a poner todo el empeño y la inteligencia a disposición, para que nuestra obra social vuelva a estar de pie y asimismo, los exhorto para que cese la mutua dependencia económica y asistencia financiera que mantienen Salud Pública y el IPROSS, ya que la primera es patrimonio de todos los habitantes rionegrinos, pero la segunda sólo de los trabajadores estatales.
· AMPARO COLECTIVO CONTRA PAMI Y FECLIR
Ante los cortes del servicio sanatorial a los afiliados del PAMI por parte de la Federación de Clínicas de Río Negro, y con el objeto de obtener la normalización de estas prestaciones interrumpidas, intervine personalmente durante varios meses intentando un acuerdo de consenso entre las partes en conflicto. En ese cometido interactué con dirigentes y funcionarios, a fin de lograr la cancelación de la deuda que el PAMI mantenía con las clínicas. Tuve contactos con Oscar Laren funcionario del PAMI a nivel nacional, quien me manifestó que las Clínicas sobrefacturaban los servicios y que la deuda reclamada no era real. Esta Defensora le respondió, que pongan en marcha en forma inmediata auditorías para acreditar lo que se denunciaba. Y que no es excusa para dejar de cumplir con el pago de la deuda reclamada, pues los rehenes del conflicto son los afiliados.
A pesar de estos intentos, agravada la situación de corte de las prestaciones con la suspensión también a los afiliados del IPROSS y en riesgo de colapsar la capacidad de atención de los hospitales públicos, con fecha 6 de diciembre del 2007, esta Defensora del Pueblo promovió acción de amparo colectivo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra el PAMI y la FECLIR, ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, invocando la defensa de los intereses colectivos de todos los jubilados rionegrinos afiliados a la obra social nacional.
· LEY DE SALUD MENTAL
La Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental que fuera promulgada por nuestra Legislatura Provincial el día 10 de octubre de 1991, conocida comúnmente como “ley de desmanicomialización” , fue considerada en su momento, por la mayoría de los profesionales que tenían relación directa o indirecta con la problemática en análisis, una normativa de avanzada que ponía a la Provincia a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental.
Se buscaba con ello, que los pacientes con sufrimiento mental, sean atendidos y contenidos en el ámbito familiar, por profesionales dependientes del estado provincial, que aseguraran su tratamiento y rehabilitación, concibiéndose la internación como el último recurso, luego de agotadas todas las formas y posibilidades terapéuticas previas, con el objeto de lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona.
Con la prohibición de manicomios y neuropsiquiátricos, el objetivo de la ley, era implementar un sistema de salud que tienda a la externación de la persona y a su tratamiento ambulatorio.
La reinserción comunitaria de quien resulte internado, debía constituir el eje y la causa de esta instancia terapéutica, teniendo en cuenta la singularidad de la persona humana, sus diversos momentos vitales y sus potencialidades de autonomía.
El Estado Provincial, tenía un rol importante que cumplir en el diseño y puesta en marcha del sistema, mediante la creación de los centros de atención previstos en la Ley, que garantizarían que la misma no reproduciría el dispositivo del poder manicomial que se intentaba eludir.
Las diferentes crisis económicas y financieras que afectaron al sector público provincial, y la ausencia de políticas públicas para una planificación adecuada, la falta de recurso humano, la escasa o nula capacitación, la emigración de profesionales a la órbita privada, constituyeron algunas de las causas del “derrumbamiento del sistema”.
Hoy en día, los nobles preceptos que inspiraron la sanción de dicha ley, han demostrado que resultan ser de difícil aplicación, por causas atribuibles o no, en mayor o menor medida a los responsables del Sistema Público de Salud Mental.
Lo que no se puede negar, es el momento de crisis por el que atraviesa.
La famosa “Ley de Desmanicomialización” pretendió erradicar la internación del sufriente mental en la provincia; sin embargo, hoy no es más que una norma muy prolija y ambiciosa, pero que carece de sustento en una sociedad que apenas puede satisfacer las necesidades básicas de salud.
No podemos ser “progresistas en la provincia”, y trasladar a los rionegrinos que padecen estos trastornos mentales a comunidades terapéuticas y/o centros de rehabilitación privados que funcionan en ésta u otras provincias, abonando para ello sumas siderales que van desde los 1.300 a los 4.500 pesos por paciente por mes.
Le atribuyen al déficit presupuestario la no apertura de las “casas de medio camino” y de “las casas del inimputable” y demás infraestructura edilicia que garantice la contención institucional y familiar, así como la falta de recurso humano capacitado y, por otra parte, se destinan recursos económicos cuantiosos (desde las arcas de distintas reparticiones públicas) al sector privado.
Miles de pacientes que se encuentran en condiciones de marginación social y económica, que por su propia vulnerabilidad sumó centenares de personas al conjunto de los padecimientos mentales producto de adicciones a las drogas y al alcohol, golpearon las puertas de los hospitales públicos sin poder encontrar respuestas satisfactorias a sus demandas.
Este panorama desalentador, nos conminó desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro a abocarnos al estudio de la problemática, replantearnos el tema, adaptándolas a la realidad.
Algunos sectores con intereses económicos desinterpretaron nuestra postura, pero aquí ratifico que nuestra intención es el sinceramiento y que he recibido el apoyo de otros actores, como familiares de sufrientes mentales, que se comprometieron a participar de un amplio debate que propiciaremos este año, sin hipocresías, sobre esta temática de la desmanicomialización en Río Negro.
· Falta de control en la venta de alcohol a menores
A poco de comenzar a ejercer mis funciones como Defensora del Pueblo, por Resolución Nº 1.461/06, advertí a las autoridades públicas que no había suficientes controles sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores, especialmente en la localidad de San Carlos de Bariloche, que recibe grandes contingentes de turismo estudiantil.
En el marco de nuestra investigación solicitamos informes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al Ministerio de Turismo, a Ministerio de Salud y a la Policía. Los informes incorporados y las actas de inspección a cargo de las autoridades locales, nos permiten concluir que es reiterada la violación a la venta de alcohol a menores.
Por otra parte, la respuesta brindada por el Hospital de Bariloche revela la existencia de un importante número de casos de jóvenes atendidos con síntomas producto de intoxicaciones alcohólicas, así como menores accidentados o heridos con arma blanca, también relacionados con el consumo de alcohol.
El pasado mes de septiembre ocurrió un trágico accidente en Bariloche donde murieron cuatro jóvenes que habían ingerido alcohol en un local bailable que no tenía habilitación municipal. Me manifesté públicamente denunciando que el acuerdo, en sede judicial, entre la Municipalidad y los propietarios del local, para que éste continuara funcionando, era una burla a la población y a los padres de las víctimas. Nuestra denuncia fue determinante para que las autoridades municipales dispusieran, finalmente, la clausura definitiva de local.
Me siento obligada a decir que existe una gran hipocresía, pues por un lado se impulsan campañas de prevención para concientizar a los menores sobre el peligro del consumo de alcohol y a la par, se promocionan paquetes turísticos poniendo el acento en las salidas nocturnas y no se respetan las normas sobre prohibición de venta de alcohol a menores.
Esto desde ya, no es privativo de San Carlos de Bariloche, pues a lo largo de toda la Provincia, se observan desde estaciones de servicios, hasta pequeñas despensas, que venden alcohol a menores hasta la madrugada.
Formulo entonces una fuerte exhortación a las todos los Intendentes y a las autoridades provinciales, para que se comprometan con la custodia de la salud e integridad física de los menores y ejerzan los debidos controles sobre la venta de alcohol a nuestros jóvenes. Una acción conjunta entre los Municipios, la policía y el sistema de Educación va a redundar, con plena seguridad, en alejar a los jóvenes rionegrinos de los accidentes graves y de los actos delictivos casi siempre relacionados con el consumo de alcohol y drogas.
· Hospitales
En el marco del relevamiento intensivo de distintas dependencias del Estado Provincial, recorrimos 29 hospitales provinciales y algunos centros periféricos, cuestionados en denuncias particulares.
El aspecto y las prestaciones de la estructura edilicia de los mismos en muchos de los casos es lamentable, Sierra Grande, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mexía, El Cuy, Chichinales, Luís Beltrán y otros.
Detectamos anomalías tales como, parches de mampostería, techos que se llueven, paredes con grietas alarmantes, cielorrasos que se caen, vidrios rotos, baños con pérdidas sanitarias, fallas estructurales, hundimiento de cimientos, falta de pintura, filtraciones, pisos levantados, cañerías corroídas, mantenimiento deficiente, presencia de salitre, falta de higiene, sólo por enumerar algunos puntos sobresalientes.
También inspeccionamos en el mes de agosto la obra en ejecución del nuevo Hospital de El Bolsón, cuyo plazo de entrega se encontraba ya fenecido y aún pendiente de finalización.
En cuanto a los recursos humanos, se observa que existe insuficiente dotación de personal tanto en cantidad como en especialidades. Encabeza la carencia, el personal de enfermería. Con relación al personal de maestranza o mucamas pudimos advertir que figura en los listados de personal, gran cantidad de los mismos desempeñando tareas administrativas para las que no están capacitados, en menoscabo de las tareas de limpieza e higiene y de la excelencia del trabajo hospitalario.
Es una denuncia recurrente de los usuarios del servicio el incumplimiento de los profesionales médicos en atención de consultorios. Por lo que reclamamos mayores controles.
Vehículos obsoletos, inadecuados para las regiones donde prestan servicios, sin el debido mantenimiento, determinan en ocasiones que los traslados, derivaciones o atención domiciliaria de urgencia, se vea seriamente comprometida.
Hay hospitales que carecen de aparatología básica, como una incubadora de traslado y otros que tienen en exceso tecnología que está disponible en centros cercanos, pudiendo ser destinada y optimizado su uso si se instalan en otros hospitales del territorio provincial. Ello, además, de que es necesaria en muchos Hospitales la renovación de aparatología, ya obsoleta.
Otro punto preocupante es que hay morgues en mal estado, precarias o con sistema de refrigeración fuera de servicio. El caso más grave es la del Hospital de Allen (documento fotográfico).
Residuos patógenos: Lugares de acopio, no guardan las mínimas condiciones de seguridad que requiere este tema conforme al Manual de manejo dictado por el propio Ministerio de Salud. Villa Regina y Viedma, son dos claros ejemplo de ello (fotografía de ambos hospitales), allí se observan recintos con vidrios rotos o inexistentes, que tornan en extremo peligroso su almacenamiento.
Controles internos: Cito el caso particular del hospital Artémides Zatti de Viedma, que en nota remitida por su Director explicando por qué este centro hospitalario, con más de 600 agentes, no cuenta con un reloj de control de horario, indicó que no era relevante en tanto que el reloj no asegura la permanencia de los empleados en el Hospital y sólo firman una planilla.
Provisión de insumos: Salvo contadas excepciones, los directores no muestran satisfacción con relación al tipo de medicamentos que provee el PROZOME, que además no son entregados con regularidad.
Con respecto al programa nacional “Remediar” también se han expresado quejas por la distribución inequitativa entre los distintos centros y por el menú de medicamentos que ofrecen, tanto en su tipo como en la cantidad.
Sistema de otorgamiento de turnos: Este sigue siendo un problema al parecer de imposible solución. Insto enfáticamente a los responsables de Salud Pública de la Provincia para que solucionen esta problemática crónica. Sí destaco, un estudio que se está realizando con rigor, en el Hospital de Viedma, relativo a los turnos hospitalarios, para el que solicito apoyo oficial.
· I.PRO.S.S.
Me presenté ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro promoviendo un amparo colectivo (art. 43 C.N. y ley 2.779) en defensa de los intereses colectivos de los afiliados al I.Pro.S.S.; residentes en las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, Gral. Conesa, Sierra Grande y El Bolsón, dado el trato discriminatorio y desigualitario que sufrían, en relación al servicio de salud en la consulta médica, primer nivel de atención, con respecto a los afiliados del resto de la Provincia. Pagaban sumas que oscilaban entre $ 40 y $ 60, debiendo luego solicitar un reintegro que no superaba los $ 10. La demanda judicial fue dirigida contra el I.Pro.S.S.; el Colegio Médico Zona Atlántica y Federación Médica de Río Negro.
Destaqué en todo momento; incluso en la audiencia de conciliación citada por el máximo tribunal Provincial, que nuestra Constitución en su artículo 59 sienta las bases de un especial régimen de derecho público, que eleva el derecho a la salud a la categoría de un bien social básico, pilar de nuestra organización civil, de ello se infiere claramente, la jerarquía del derecho involucrado. La situación desigual de estos afiliados constituía, además, una violación a principios superiores del derecho como la igualdad (art.16 CN), la no discriminación (art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. Art.75 Inc. 22 CN), la razonabilidad (art.28, 31, 33 de la CN) y el acceso a la salud (art. 59 CP).
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 17 de Septiembre del 2007 receptó ampliamente nuestros planteos, los que invito a que consulten en el informe escrito que presenté ante esta Legislatura en el mes de diciembre pasado. Sin perjuicio de la sentencia favorable a los intereses colectivos de los afiliados que representé, no fueron menores los pasos realizados posteriormente para lograr la efectiva concreción de la misma ante la férrea postura reticente de los médicos a cumplir con lo ordenado por el máximo tribunal.
Así notificada y agotados los plazos legales para su cumplimiento; esta Defensora del Pueblo dispuso que personal de la institución constate su acatamiento; todo ello en el marco de las atribuciones que expresamente me otorga la ley reglamentaria de mis funciones, hecho que motivó airadas quejas de un grupo de médicos remisos, mediante presentaciones administrativas, judiciales y mediáticas buscando con ello negar el derecho reconocido en una sentencia contundente en sus argumentos.
Luego de una larga disputa entiendo asimilaron la resolución judicial y aquí y ahora tenemos que 30.000 usuarios del Instituto se atienden con la presentación del bono de consulta.
Destaco que respecto de un número menor de médicos que aún no acatan la sentencia, iniciamos una ejecución de sanciones pecuniarias preestablecidas en el fallo (astreintes) a los efectos de revertir su actitud.
Por último una referencia, resulta sensible a esta Defensora del Pueblo la estrategia intentada por el Colegio Médico Zona Atlántica, que inició una demanda por doscientos mil pesos ($ 200.000) contra mi persona y la de tres empleados de la institución que habrían participado de la inspección realizada el día 24 de noviembre pasado en la clínica Viedma; invocando para ello un “daño moral” en cabeza del Colegio Médico por lo sucedido.
No me preocupa la demanda, lo que impacienta a esta Defensora, es que haya sido dirigida contra empleados públicos que cumplen su tarea.
Todo el accionar de la Defensora del Pueblo fue ratificado posteriormente por la orden de allanamiento emitida por el Superior Tribunal, a los efectos de que continuemos con la tarea inspectiva que habíamos iniciado.
Dimos en llamar a esta estrategia de inspección como “de punto fijo” y seguiremos aplicándola a lo largo de la Provincia para constatar asimismo, otra irregularidad, que es el cobro de “plus” sobre el precio del bono de consulta de la Obra Social Provincial.
Por otra parte, con la finalidad de despejar incógnitas sobre el desenvolvimiento de alguna áreas de gobierno, entre ellas el IPROSS, que eran por distintos medios sensiblemente cuestionadas y denunciadas por los habitantes de nuestra provincia, bajo mi supervisión y planificación, ordené la realización de un relevamiento minucioso de todas las Delegaciones del IPROSS en la Provincia.
Como resultado de lo realizado pudimos concluir en la síntesis que detallaremos a continuación:
Personal: Tanto en delegaciones grandes como en chicas es notoria la falta de personal, existen pedidos de mayor dotación de recurso humano de muy vieja data, que no han sido satisfechos por la administración central. En algunas delegaciones hay personal prestando servicios en forma irregular, a la espera del prometido nombramiento que no llega (por ej. Villa Regina).
Estructura edilicia: En la gran mayoría de los casos muy pobre, insuficiente, mal mantenida, algunas con techos que se llueven o con deficiente ventilación, poca o deficiente iluminación. Se advierte diferencia entre las delegaciones del Alto Valle, Viedma y Bariloche, con las del resto de la provincia en desmedro de estas ultimas.
Reintegros: Este es tal vez el problema mas acuciante que atraviesan las delegaciones y sus delegados, la demora excesiva en el giro de estos ocasionan situaciones muy violentas con el afiliado, al que el delegado esta obligado a dar soluciones, y según manifiestan, en ocasiones las demoras no tienen justificativo.
Provisión de distintos artículos: En ocasiones la entrega de leche, pañales infantiles y geriátricos se demora de forma exasperante y en los dos últimos casos, además, la calidad del producto es muy cuestionada por el afiliado. Hoy no se están entregando pañales.
Tratamientos de gran complejidad: El afiliado debe hacer frente a demoras e incumplimientos excesivos, que llegan casi al maltrato.
Provisión de prótesis: La demora en la entrega, la mala calidad, ocasionan una distorsión notable en el proceso de provisión de estos elementos.
Informática: Falta de equipamiento informático y de conexión en red entre delegaciones y con la central. Una prueba de ello, es que al momento de realizar el relevamiento, personal de esta Defensoría sacó, 5 (cinco) carné de afiliado al mismo nombre, en cinco días hábiles y consecutivos, sin que se le requiriera su identificación.
Falta también como consecuencia de esto, datos actualizados de cada afiliado, organismo al que pertenece, etc.
Servicio de Ambulancias: Faltan ambulancias, y para paliar ese déficit se recurre a los Hospitales resintiendo el servicio de éstos. En otros casos a contrataciones onerosas.
Falencias muchas que son históricas y no resultan sólo atribuibles a tal o cual gestión. Deberíamos analizar entre todos de que modo y a lo largo del tiempo hemos contribuido al desfinanciamiento de nuestra Obra Social.
De cualquier forma exhorto a las autoridades a poner todo el empeño y la inteligencia a disposición, para que nuestra obra social vuelva a estar de pie y asimismo, los exhorto para que cese la mutua dependencia económica y asistencia financiera que mantienen Salud Pública y el IPROSS, ya que la primera es patrimonio de todos los habitantes rionegrinos, pero la segunda sólo de los trabajadores estatales.
· AMPARO COLECTIVO CONTRA PAMI Y FECLIR
Ante los cortes del servicio sanatorial a los afiliados del PAMI por parte de la Federación de Clínicas de Río Negro, y con el objeto de obtener la normalización de estas prestaciones interrumpidas, intervine personalmente durante varios meses intentando un acuerdo de consenso entre las partes en conflicto. En ese cometido interactué con dirigentes y funcionarios, a fin de lograr la cancelación de la deuda que el PAMI mantenía con las clínicas. Tuve contactos con Oscar Laren funcionario del PAMI a nivel nacional, quien me manifestó que las Clínicas sobrefacturaban los servicios y que la deuda reclamada no era real. Esta Defensora le respondió, que pongan en marcha en forma inmediata auditorías para acreditar lo que se denunciaba. Y que no es excusa para dejar de cumplir con el pago de la deuda reclamada, pues los rehenes del conflicto son los afiliados.
A pesar de estos intentos, agravada la situación de corte de las prestaciones con la suspensión también a los afiliados del IPROSS y en riesgo de colapsar la capacidad de atención de los hospitales públicos, con fecha 6 de diciembre del 2007, esta Defensora del Pueblo promovió acción de amparo colectivo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra el PAMI y la FECLIR, ante el Juzgado Federal de Gral. Roca, invocando la defensa de los intereses colectivos de todos los jubilados rionegrinos afiliados a la obra social nacional.
· LEY DE SALUD MENTAL
La Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental que fuera promulgada por nuestra Legislatura Provincial el día 10 de octubre de 1991, conocida comúnmente como “ley de desmanicomialización” , fue considerada en su momento, por la mayoría de los profesionales que tenían relación directa o indirecta con la problemática en análisis, una normativa de avanzada que ponía a la Provincia a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento mental.
Se buscaba con ello, que los pacientes con sufrimiento mental, sean atendidos y contenidos en el ámbito familiar, por profesionales dependientes del estado provincial, que aseguraran su tratamiento y rehabilitación, concibiéndose la internación como el último recurso, luego de agotadas todas las formas y posibilidades terapéuticas previas, con el objeto de lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona.
Con la prohibición de manicomios y neuropsiquiátricos, el objetivo de la ley, era implementar un sistema de salud que tienda a la externación de la persona y a su tratamiento ambulatorio.
La reinserción comunitaria de quien resulte internado, debía constituir el eje y la causa de esta instancia terapéutica, teniendo en cuenta la singularidad de la persona humana, sus diversos momentos vitales y sus potencialidades de autonomía.
El Estado Provincial, tenía un rol importante que cumplir en el diseño y puesta en marcha del sistema, mediante la creación de los centros de atención previstos en la Ley, que garantizarían que la misma no reproduciría el dispositivo del poder manicomial que se intentaba eludir.
Las diferentes crisis económicas y financieras que afectaron al sector público provincial, y la ausencia de políticas públicas para una planificación adecuada, la falta de recurso humano, la escasa o nula capacitación, la emigración de profesionales a la órbita privada, constituyeron algunas de las causas del “derrumbamiento del sistema”.
Hoy en día, los nobles preceptos que inspiraron la sanción de dicha ley, han demostrado que resultan ser de difícil aplicación, por causas atribuibles o no, en mayor o menor medida a los responsables del Sistema Público de Salud Mental.
Lo que no se puede negar, es el momento de crisis por el que atraviesa.
La famosa “Ley de Desmanicomialización” pretendió erradicar la internación del sufriente mental en la provincia; sin embargo, hoy no es más que una norma muy prolija y ambiciosa, pero que carece de sustento en una sociedad que apenas puede satisfacer las necesidades básicas de salud.
No podemos ser “progresistas en la provincia”, y trasladar a los rionegrinos que padecen estos trastornos mentales a comunidades terapéuticas y/o centros de rehabilitación privados que funcionan en ésta u otras provincias, abonando para ello sumas siderales que van desde los 1.300 a los 4.500 pesos por paciente por mes.
Le atribuyen al déficit presupuestario la no apertura de las “casas de medio camino” y de “las casas del inimputable” y demás infraestructura edilicia que garantice la contención institucional y familiar, así como la falta de recurso humano capacitado y, por otra parte, se destinan recursos económicos cuantiosos (desde las arcas de distintas reparticiones públicas) al sector privado.
Miles de pacientes que se encuentran en condiciones de marginación social y económica, que por su propia vulnerabilidad sumó centenares de personas al conjunto de los padecimientos mentales producto de adicciones a las drogas y al alcohol, golpearon las puertas de los hospitales públicos sin poder encontrar respuestas satisfactorias a sus demandas.
Este panorama desalentador, nos conminó desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro a abocarnos al estudio de la problemática, replantearnos el tema, adaptándolas a la realidad.
Algunos sectores con intereses económicos desinterpretaron nuestra postura, pero aquí ratifico que nuestra intención es el sinceramiento y que he recibido el apoyo de otros actores, como familiares de sufrientes mentales, que se comprometieron a participar de un amplio debate que propiciaremos este año, sin hipocresías, sobre esta temática de la desmanicomialización en Río Negro.
· Falta de control en la venta de alcohol a menores
A poco de comenzar a ejercer mis funciones como Defensora del Pueblo, por Resolución Nº 1.461/06, advertí a las autoridades públicas que no había suficientes controles sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores, especialmente en la localidad de San Carlos de Bariloche, que recibe grandes contingentes de turismo estudiantil.
En el marco de nuestra investigación solicitamos informes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al Ministerio de Turismo, a Ministerio de Salud y a la Policía. Los informes incorporados y las actas de inspección a cargo de las autoridades locales, nos permiten concluir que es reiterada la violación a la venta de alcohol a menores.
Por otra parte, la respuesta brindada por el Hospital de Bariloche revela la existencia de un importante número de casos de jóvenes atendidos con síntomas producto de intoxicaciones alcohólicas, así como menores accidentados o heridos con arma blanca, también relacionados con el consumo de alcohol.
El pasado mes de septiembre ocurrió un trágico accidente en Bariloche donde murieron cuatro jóvenes que habían ingerido alcohol en un local bailable que no tenía habilitación municipal. Me manifesté públicamente denunciando que el acuerdo, en sede judicial, entre la Municipalidad y los propietarios del local, para que éste continuara funcionando, era una burla a la población y a los padres de las víctimas. Nuestra denuncia fue determinante para que las autoridades municipales dispusieran, finalmente, la clausura definitiva de local.
Me siento obligada a decir que existe una gran hipocresía, pues por un lado se impulsan campañas de prevención para concientizar a los menores sobre el peligro del consumo de alcohol y a la par, se promocionan paquetes turísticos poniendo el acento en las salidas nocturnas y no se respetan las normas sobre prohibición de venta de alcohol a menores.
Esto desde ya, no es privativo de San Carlos de Bariloche, pues a lo largo de toda la Provincia, se observan desde estaciones de servicios, hasta pequeñas despensas, que venden alcohol a menores hasta la madrugada.
Formulo entonces una fuerte exhortación a las todos los Intendentes y a las autoridades provinciales, para que se comprometan con la custodia de la salud e integridad física de los menores y ejerzan los debidos controles sobre la venta de alcohol a nuestros jóvenes. Una acción conjunta entre los Municipios, la policía y el sistema de Educación va a redundar, con plena seguridad, en alejar a los jóvenes rionegrinos de los accidentes graves y de los actos delictivos casi siempre relacionados con el consumo de alcohol y drogas.
· Hospitales
En el marco del relevamiento intensivo de distintas dependencias del Estado Provincial, recorrimos 29 hospitales provinciales y algunos centros periféricos, cuestionados en denuncias particulares.
El aspecto y las prestaciones de la estructura edilicia de los mismos en muchos de los casos es lamentable, Sierra Grande, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mexía, El Cuy, Chichinales, Luís Beltrán y otros.
Detectamos anomalías tales como, parches de mampostería, techos que se llueven, paredes con grietas alarmantes, cielorrasos que se caen, vidrios rotos, baños con pérdidas sanitarias, fallas estructurales, hundimiento de cimientos, falta de pintura, filtraciones, pisos levantados, cañerías corroídas, mantenimiento deficiente, presencia de salitre, falta de higiene, sólo por enumerar algunos puntos sobresalientes.
También inspeccionamos en el mes de agosto la obra en ejecución del nuevo Hospital de El Bolsón, cuyo plazo de entrega se encontraba ya fenecido y aún pendiente de finalización.
En cuanto a los recursos humanos, se observa que existe insuficiente dotación de personal tanto en cantidad como en especialidades. Encabeza la carencia, el personal de enfermería. Con relación al personal de maestranza o mucamas pudimos advertir que figura en los listados de personal, gran cantidad de los mismos desempeñando tareas administrativas para las que no están capacitados, en menoscabo de las tareas de limpieza e higiene y de la excelencia del trabajo hospitalario.
Es una denuncia recurrente de los usuarios del servicio el incumplimiento de los profesionales médicos en atención de consultorios. Por lo que reclamamos mayores controles.
Vehículos obsoletos, inadecuados para las regiones donde prestan servicios, sin el debido mantenimiento, determinan en ocasiones que los traslados, derivaciones o atención domiciliaria de urgencia, se vea seriamente comprometida.
Hay hospitales que carecen de aparatología básica, como una incubadora de traslado y otros que tienen en exceso tecnología que está disponible en centros cercanos, pudiendo ser destinada y optimizado su uso si se instalan en otros hospitales del territorio provincial. Ello, además, de que es necesaria en muchos Hospitales la renovación de aparatología, ya obsoleta.
Otro punto preocupante es que hay morgues en mal estado, precarias o con sistema de refrigeración fuera de servicio. El caso más grave es la del Hospital de Allen (documento fotográfico).
Residuos patógenos: Lugares de acopio, no guardan las mínimas condiciones de seguridad que requiere este tema conforme al Manual de manejo dictado por el propio Ministerio de Salud. Villa Regina y Viedma, son dos claros ejemplo de ello (fotografía de ambos hospitales), allí se observan recintos con vidrios rotos o inexistentes, que tornan en extremo peligroso su almacenamiento.
Controles internos: Cito el caso particular del hospital Artémides Zatti de Viedma, que en nota remitida por su Director explicando por qué este centro hospitalario, con más de 600 agentes, no cuenta con un reloj de control de horario, indicó que no era relevante en tanto que el reloj no asegura la permanencia de los empleados en el Hospital y sólo firman una planilla.
Provisión de insumos: Salvo contadas excepciones, los directores no muestran satisfacción con relación al tipo de medicamentos que provee el PROZOME, que además no son entregados con regularidad.
Con respecto al programa nacional “Remediar” también se han expresado quejas por la distribución inequitativa entre los distintos centros y por el menú de medicamentos que ofrecen, tanto en su tipo como en la cantidad.
Sistema de otorgamiento de turnos: Este sigue siendo un problema al parecer de imposible solución. Insto enfáticamente a los responsables de Salud Pública de la Provincia para que solucionen esta problemática crónica. Sí destaco, un estudio que se está realizando con rigor, en el Hospital de Viedma, relativo a los turnos hospitalarios, para el que solicito apoyo oficial.
Entregaron nuevo equipamiento para el Hospital Zatti
La ministra de Salud, Cristina Uría, entregó ayer nuevo equipamiento para emergencias, auditoría médica y diagnóstico por imágenes al hospital de Viedma. Lo hizo en el marco de un recorrida por las nuevas instalaciones del nosocomio.
La funcionaria entregó equipos de atención del trauma y recuperación de vía aérea en ambulancias de emergencia, principalmente utilizadas para asistir a víctimas de accidentes. Se trata de dos bolsos con instrumental cuyo costo asciende a los 5 mil pesos cada uno.La provisión de equipamiento incluyó una computadora completa para ser destinada al sector de auditoría médica, un ecógrafo móvil, en el cual se invirtieron 27.500 pesos, y un software de anatomía patológica valuado en 4 mil pesos.La titular de la cartera -acompañada por el secretario general de la Gobernación, Francisco González- visitó además los sectores de servicios de hemoterapia, laboratorio y bacteriología que fueron habilitados hace pocos días. Además, aprovechó la ocasión para dialogar con el director del hospital, Gonzalo Toudaian y los profesionales que se desempeñan en el nosocomio capitalino.
En contacto con la prensa la ministra explicó que el sector de hemoterapia fue prácticamente construido a nuevo y ahora "cuenta con una entrada independiente y se destaca su comodidad, no solo para los trabajadores del sector sino también para las personas que allí asisten, ya sea porque son donantes voluntarios o por alguna enfermedad".
"El laboratorio el hospital es un orgullo para los viedmenses y la provincia. Cuenta con recurso humano calificado y alta tecnología en equipamiento y con las reformas efectuadas en el área de bacteriología estamos cumpliendo con la normas de garantía de seguridad", aclaró la ministraAdemás, anunció que "este año se estará comenzando la construcción de un nuevo sector de internación para ampliar el número de camas" con que cuenta ese centro asistencial."La obra figura en el presupuesto de este año y con su concreción estaremos cubriendo la creciente demanda que está teniendo este hospital que, hay que recordar, es cabecera de la Tercera Zona Sanitaria", indicó Uría.
Recordó que el nosocomio "atiende a pacientes no solo de Viedma, sino además a los que son derivados desde San Antonio, Sierra Grande, Valcheta, General Conesa y Guardia Mitre", explicó la Ministra Uría.De la recorrida participaron también el secretario de Salud, Daniel Chiosso y su par de Gobierno, Robin Del Río.
viernes, 29 de febrero de 2008
Reunión de salúd con los directores del área programa Zona Atlántica
| | | |
| |
Viedma.- Los funcionarios y técnicos del Ministerio de Salud concretaron hoy la primera reunión de la ronda regional de contactos que está planificado mantener con los directores de área programa de las seis zonas sanitarias de la provincia. El objetivo es “trabajar en equipo sobre las alternativas que nos permitan optimizar el recurso de la mejor manera, tanto humano como presupuestario, para superar las dificultades de gestión de cada hospital”, indicó la ministra Cristina Uría. foto archivo
Este encuentro inicial fue mantenido con los responsables hospitalarios de
“Estamos acá para conocer las dificultades y fortalezas de cada hospital. Soy una convencida de que nada se puede hacer sin un trabajo en equipo”, remarcó la titular de Salud en la apertura de la reunión concretada en esta capital, para luego sostener que “el hospital es el Ministerio, y sus directores son los representantes del Ministro en sus localidades”.
En ese marco, Uría presentó los principales ejes de trabajo de su gestión y las nuevas áreas que componen la estructura ministerial, como las coordinaciones de Atención Primaria de
En la reunión, la ministra estuvo acompañada por el secretario de Salud, Daniel Chiosso y la subsecretaria de Políticas de Salud, Beatriz Namor.
“Nos conocemos de muchos años en el sistema público de salud y existe una confianza mutua, de manera que siéntanse acompañados, nuestra consigna es la de teléfono abierto a cualquier requerimiento de ustedes”, puntualizó Uría al dirigirse a los directores.
Al reconocer la existencia de “dificultades” en el funcionamiento de los hospitales públicos, la titular de la cartera provincial de Salud adelantó a sus responsables que se apuntará a “optimizar el recurso de la mejor manera” y que desde su gestión “los vamos a ayudar a resolverlas”
Entre las “herramientas” de las que serán dotados los equipos de conducción de las 34 áreas programa con que cuenta Río Negro, Uría anunció la puesta en marcha durante este año de un pos grado en Gestión Hospitalaria, capacitación que, dijo, “servirá, entre otras muchas cosas, para que se sientan más firmes y seguros en su tarea diaria”.
La ministra aseguró que es “enriquecedor” hacer este tipo de reuniones en diferentes localidades. “Estamos ratificando que la política sanitaria de esta provincia es
Agregó que se están proyectando hacia el presente ejercicio algunos lineamientos de trabajo relacionados con un refuerzo en la gestión de hospitales y por eso “estamos con un proyecto de formación y capacitación dirigido a los directores y sus equipos”.
Inauguración y recorrida
Por otra parte, la ministra de salud confirmó que hoy estará inaugurando y recorriendo las instalaciones nuevas del hospital “Artémides Zatti” de Viedma.
“Entregaremos equipamiento necesario para el nosocomio como un ecógrafo, material para el sistema de emergencia y además vamos a dar a conocer la gestión de compra de una mesa de anestesia, uno de los temas que ha imposibilitado que las cirugías tengan cierta agilidad en esta institución”, explicó Uría.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)