Visita Presidencial 14 octubre 2008 Hospital Zatti (fotos)

Dr. Florencio Randazzo (Ministro del Interior de la Nación) y Dr. Carlos Mercapide (Jefe Servicio Cirugía Hospital A. Zatti)

Con el Senador Nacional por Río Negro (PJ) Dr. Miguel Pichetto

Cristina visita el Zatti

Durante la visita al hospital Artémides Zatti, la presidenta Cristina Fernández, recorrió el área de maternidad, donde saludó a algunos niños internados, y entregó un subsidio de 500 mil pesos a las autoridades del nosocomio que será utilizado para la adquisición de equipamiento médico y movilidad. Durante la visita al hospital Artémides Zatti, la presidenta Cristina Fernández, recorrió el área de maternidad, donde saludó a algunos niños internados, y entregó un subsidio de 500 mil pesos a las autoridades del nosocomio que será utilizado para la adquisición de equipamiento médico y movilidad. En la oportunidad, la Jefa de Estado, saludó a una mujer que hacía pocas horas había sido madre, y se encontraba internada en el hospital, junto a su hijo recién nacido, quien fue fotografiado junto a la Presidenta.

En cuanto a la entrega del subsidio, el director del nosocomio, Gonzalo Toundaián, destacó que los 500 mil pesos, serán utilizado para la adquisición de una mesa de anestesia, un monitor multiparamétrico con analizador de gases, una incubadora de traslado, una caja de cirugía mayor, un sillón ortopédico, un vehículo utilitario para el programa de Atención Primaria y una Ambulancia, entre otros fines.

Con respecto a la visita, el profesional manifestó que "fue relativamente corta, la saludamos, le mostré un pasillo del hospital, y luego la Presidenta pudo entrar a maternidad, que fue el único momento de relativa tranquilidad, vio a algunos chicos internado y una mamá reciente". Poro otro lado, Toundaián señaló que la mandataria nacional, "saludo a muchas personas integrantes del personal hospitalario y nos entregó un subsidio importante". A lo que agregó, "en este sentido, le agradecimos y nos dijo ojala que les sea útil". Finalmente, tras la rápida recorrida por el nosocomio, Fernández y toda la comitiva presidencial, se retiró del establecimiento de salud de Viedma por la puerta trasera que da a calle Tucumán.Allí donde lo aguardaba una importante cantidad de vecinos, con intenciones de conocer, fotografiar y saludar a la Jefa de Estado.

La Señora Presidenta Dra. Cristina Fernandez de Kirchner visitó el Hospital Artémides Zatti

El Gobernador de Río Negro Dr. Miguel Saiz, la Ministra de Salúd de Río Negro Dra. Cristina Uría , el Director del Zatti Dr. Gonzalo Toundaíam y el Jefe de Servicio de Cirugía y Presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital A. Zatti Dr. Carlos H. Mercapide, acompañan a la Sra. Presidenta en su recorrido por la institución.
La Sra. Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y el Dr. Carlos H. Mercapide Jefe de Servicio de Cirugía.

El Dr. Carlos H. Mercapide y el Senador (PJ - Presidente de la bancada) por Río Negro Dr. Miguel Pichetto.

Piccinini describió graves falencias en servicios del Hospital de Viedma

25-09-2008 - 09:40:48
La Defensoría del Pueblo entregó al Ministerio de Salud Pública una resolución en la que detalla las graves falencias que a su juicio presenta el servicio del Hospital Zatti y once centros de Viedma.
En su nota oficial, Piccinini detalla que no existe un registro informatizado de pacientes lo que
implica una falta de control en la farmacia, que existe una falta de recursos humanos,especialmente en el área de enfermería, que el hospital está fuertemente endeudado y que algunos médicos trabajan más de 24 horas y después atienden en consultorios.
Además consignó que no funciona el mamógrafo y se carece de de procesador de radiografías. Dijo que tampoco andan bien las incubadoras y que en terapia intensiva los monitores son antiguos y limitados, porque solo leen actividad cardiaca, lo que obliga a realizar onerosas derivaciones.
Por último descubrió que hay áreas completas que funcionan en forma ilegal como es "El Galpón" que se dedica a las enfermedades de transmisión sexual.
En la Resolución - de mas de 50 hojas -se indica que desde el punto de vista económico elHospital cuenta con un presupuesto destinado al funcionamiento que asciende a la suma de 360 mil pesos y el estado de déficit (deuda proveedores principalmente) asciende a un millón ochocientos mil pesos.
Por otra parte se observa que el 40 por ciento del presupuesto lo absorbe la adquisición demedicamentos mientras que la obra social provincial IPROSS le adeuda al hospital una suma de un millón de pesos.
En otro orden la Resolución indica que el Director del hospital manifestó las necesidades existentes para efectuar los controles necesarios en la farmacia y para que dichos insumos se destinen a pacientes que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontarlos.
Esto acontece principalmente porque no existe ningún programa informático que permita detectar a aquellos afiliados que tienen cobertura médica.
En forma general puede mencionarse, luego del análisis efectuado por este organismo de control, que el mamógrafo no funciona desde hace meses. Se carece de procesador de radiografías.
Existe un reclamo constante por la incorporación de recurso humano, principalmente en el área de enfermería.
En algunos sectores como el lavadero no poseen agua caliente ni cuentan con baños, en tanto en el servicio de neonatología las incubadoras no funcionan adecuadamente, y en terapia intensiva los monitores tienen más de 10 años y sólo registran actividad cardíaca, motivo por el que muchos pacientes son derivados a otros centros de salud; si el servicio funcionaria a pleno las derivaciones serían mínimas y no haría falta la contratación de tantos vuelos sanitarios que tienen un costo de 15 mil pesos.
Por otra parte también, cabe mencionar que el área de enfermedades de transmisión sexualdenominada "El Galpón" no existe legalmente ya que no aparece en el organigrama.

Corruptos abroquelados

	Alimentos contaminados, juicio político al archivo y blindaje para sindicalistas... El gobernador está más preocupado por quién tiene la llave del Comité.
	Los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz no muestran tener práctica en diálogo político. Parecen, más bien, representantes de un estilo unidireccional, que esgrime tener la totalidad de las respuestas, no importa cuáles sean las preguntas. Por eso, y en detrimento de las prácticas democráticas, ubican en el campo de los enemigos a todo aquel que se atreva a dudar, a cuestionar o a inquirir. Al hacerlo, desconocen dos componentes inseparables de los mecanismos de la política, de la que son parte: la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus actos y el carácter público que tiene toda la información producida o almacenada por el Estado. Ya es evidente que, por los motivos que fuere, han tomado la defensa de la compra de alimentos a un grupo cuyano como una razón de Estado. Sólo así se admite que desde el Ministerio se atribuyera ayer a un "show mediático" la difusión del resultado de un análisis científico que certificó tierra y pelos de rata o ratón dentro de una bolsa de estofado que se distribuye a personas carenciadas y a comedores escolares de la provincia. ¿Qué significa eso? ¿Que el pelo sería menos pelo si no saliera en los diarios? Hasta hace unos días, el tema hacía pensar en una estrategia política diseñada para encubrir un área de contratos del Estado que está sospechada a raíz de que, durante diez años, un solo oferente -representado por un amigo de funcionarios de primer nivel- se adjudicó todas las licitaciones, y en algunos casos como único aspirante. Era, por lo tanto, una cuestión administrativa clásica. Ahora, y a partir de las respuestas oficiales ante lo indefendible, la cuestión se mueve a otro plano y deja al desnudo una llamativa insensibilidad social. Se prioriza una órbita de negocios por encima de la obligación de velar por sectores vulnerables como son los niños y las familias de pobres recursos económicos. A modo de ejemplo, ningún criterio con legitimidad en lo administrativo puede explicar por qué se prorrogaron en abril las dos contrataciones con Flavors y Masily, sin realizar una licitación legal. El fin de un contrato de dos años no es un suceso imprevisto, pero ningún organismo de control objetó el procedimiento. Desde el punto de vista de la calidad alimentaria y la salud de las personas, esta semana se conocieron dos análisis que ponen en cuestión la decisión de persistir en un gasto de razonabilidad dudosa: " El realizado por un laboratorio privado de Bahía Blanca sobre muestras de leche en polvo de dos marcas, a pedido del fiscal de Investigaciones Administrativas Pablo Berraz, arrojó que no son nutritivas. " El realizado por el Instituto Nacional de Alimentos sobre una muestra de estofado, a pedido de la defensora del Pueblo Ana Piccinini, detectó tierra y pelos de rata o ratón en el interior del envase. Como única respuesta, el oficialismo ha resuelto abroquelarse en el informe de Salud Pública de la provincia que, sobre muestras entregadas por la empresa proveedora, indicó que los ali mentos son aptos para el consumo humano, sin profundizar en su calidad nutricional. Hay varias muestras más que están siendo analizadas, por lo que es de prever la multiplicación de informes e incluso la posibilidad de que uno contradiga a otro. No asombraría que el gobierno siguiera eligiendo de ellos el que más le convenga. El jueves, y ante los elementos existentes en la causa penal, la fiscal Zágari sugirió a Berraz la exclusión del Registro de Proveedores de las firmas objetadas. El fiscal pudo hacerlo directamente, pero prefirió pedírselo al Ejecutivo. Pero Saiz y su ministro optaron por desoírlo: ni excluyeron a Flavors y a Masily ni suspendieron la licitación en marcha. Es decir que el fiscal de Investigaciones Administrativas tiene ahora dos caminos: " o avanza él con la suspensión en uso de sus facultades -lo que podría acarrearle quedar en el "campo enemigo" del grupo gobernante-, " o se queda callado y en muy mala situación respecto de las obligaciones que le impone su cargo. Desde el gobierno ya le han recordado que su mandato vence el año próximo, y que su renovación depende de la propuesta que el gobernador haga a la Legislatura. También la defensora del Pueblo es identificada como "enemiga". Del mismo modo en que dirigentes del radicalismo fueron tratados como parias cuando se atrevieron a expresar una voz crítica. El propio vicegobernador Bautista Mendioroz está siendo sospechado de no haber cortado el diálogo con Ana Piccinini. Con igual actitud unidireccional, el oficialismo asumió la defensa irrestricta del fiscal de Estado, Alberto Carosio, frente al pedido de juicio político presentado por legisladores del Partido Justicialista a raíz del pago de honorarios a abogados privados por encima de lo correspondiente. La Comisión Acusadora resolvió casi a la medianoche del jueves rechazar la denuncia, invocando que, si bien Carosio firmó las liquidaciones mal efectuadas en beneficio de abogados particulares, cuando el tema salió en la prensa él mismo aportó pruebas a la causa penal que aún se sigue contra la que fue su mano derecha en el organismo, y que sigue trabajando en él. Tal argumento dejaría mudo a un juez Penal y resulta menos atendible aún si se considera que no corresponde a la Legislatura analizar si Carosio cometió un ilícito, sino sólo su responsabilidad política en un hecho contrario a las obligaciones de su cargo. Pero tres votos son más que dos... y el caso fue al Archivo. Es una metodología que revela que, en ocasiones, las instituciones del Estado son puestas a disposición de lealtades y conveniencias de partido. Similar actitud se advirtió también esta semana, cuando la Legislatura aprobó la ley que declara inembargables los bienes de los sindicatos rionegrinos, una iniciativa de Daniel Cortés, un peronista que se anunció aliado del radicalismo aun antes de asumir su banca. Claro que, si bien resulta indeseable que el radicalismo rionegrino devuelva favores políticos abusando para ello de facultades legislativas, igualmente lo es que el peronismo provincial todavía no haya aprendido a seleccionar sus candidatos a legisladores de manera tal que el resto de los rionegrinos no tenga que sufrir las consecuencias. En síntesis, y en virtud de la norma promovida por el hermano del dirigente mercantil barilochense Walter Cortés -gremio que tiene varias demandas pendientes que caerán ahora en virtud de tan interesada ley-, los afiliados a los sindicatos no tendrán cómo resarcirse si sus dirigentes incurren en manejos patrimoniales que los perjudiquen. Y los comerciantes tampoco podrán cobrarles a los gremios que no cumplan con el pago de cuotas de compras de sus afiliados. Pero pese a la trascendencia de estos temas en danza, es evidente que al gobernador Miguel Saiz lo tiene infinitamente más preocupado quién tiene la llave de los comités de la UCR, en una puja que tiene más de pulseada personal con Gerardo Morales que de debate ideológico o de políticas públicas. ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Más presión de médicos terapistas en Cipolletti: cobran más o se van

Más presión de médicos terapistas en Cipolletti: cobran más o se van

Tienen ofertas para pasar desde el hospital a un sanatorio privado

CIPOLLETTI (AC).- Si en plazo perentorio no tienen una respuesta positiva de parte de las autoridades, los cinco médicos que atienden con dedicación exclusiva la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de Cipolletti renunciarán a sus puestos. Los especialistas -como ya se adelantó- están en conversaciones con los directivos de un conocido centro privado de la ciudad y aunque todavía no hay nada cerrado se avanza para contratarlos. Para contrarrestar esta posible sangría de profesionales muy preparados, entre hoy y mañana habría una reunión entre representantes de la entidad que nuclea a los médicos del hospital con la ministra de Salud, Cristina Uría. Otra alternativa es que los mismos médicos, ya sin full time por su presunta inclusión en el complejo privado, continúen conectados de alguna manera con el nosocomio, convenio mediante. A la ministra se le solicitará una recomposición de los sueldos -directamente o con determinadas compensaciones- para acercar la brecha existente entre lo que cobra un facultativo al servicio del sistema estatal y lo que percibe uno del sector privado. En el hospital, con guardias incluidas, cada uno de esos especialistas puede llegar a percibir por mes unos 6.000 pesos, suma que consideran insuficiente en función de la responsabilidad que tienen. "En los privados la oferta supera los 8.000 pesos", dijo ayer una fuente cercana a la UTI. Más aún, advirtió que los médicos "ya tienen redactadas sus dimisiones incluso con conocimiento de sus propios superiores", aunque enfatizó que "todo se puede revertir si hay una decisión política de parte de las autoridades competentes, en Viedma". "Todos vienen indicando desde hace tiempo que así no pueden seguir. Y el tema de las renuncias es un secreto a voces", confió otra persona, cercana a la conducción del hospital. La novedad de que el equipo en pleno fue tentado por un sanatorio se mantiene, y se acrecienta. De cara a esta situación se aceleran las gestiones. De todas formas se aclaró que "de ninguna manera" quedará desactivada la UTI, que consta de seis camas y costosa aparatología. "El sector de Terapia Intensiva seguirá cumpliendo sus importantes funciones", puntualizó el director del hospital, Daniel Bergero. No lo confirmó pero gente de su entorno pudo de relieve que el encuentro entre la ministra Uría y la Asociaciones de Profesionales del Hospital Cipolletti "es un hecho" y que se desarrollaría entre hoy y mañana, tal vez en Roca o en Regina". De Diario Rio Negro

Se reunió el Consejo de la Función Pública

Se reunió hoy en Viedma el Consejo Provincial de la Función Pública, oportunidad en que se avanzó en la respuesta a distintos planteos del sector de los trabajadores estatales, principalmente en el área Salud.
Participaron del encuentro el secretario general de la Gobernación, Francisco González; el ministro de Hacienda, Pablo Federico Verani; el secretario de la Función Pública, Carlos Oliva y el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi.
Al respecto, Oliva indicó que “en la reunión de hoy se avanzó en distintas inquietudes de algunos sectores de los trabajadores estatales”.
Uno de los temas analizados fue la situación de las enfermeras, las cuales pueden revestir bajo la Ley 1844 –aquellas que no poseen título universitario- o bien bajo la 1904 –si lo poseen. En tal sentido, Oliva explicó que “la ley establecía que cuando ingresaban por la Ley 1904, lo hacían con la categoría mínima, sin tenerse en cuenta la antigüedad que habían adquirido cuando revestían en la 1844. Esto provocaba una distorsión salarial”.
“Oportunamente se elaboró un proyecto para corregir esta situación y se determinó ahora que en el caso específico de las enfermeras, se les considerará la antigüedad que hayan alcanzado en su paso por la Ley 1844 y su posterior capacitación”, sostuvo.

En tal sentido, Oliva remarcó que “esta medida es un incentivo para la capacitación de nuestro recurso humano, en este caso, en enfermería”.
“Otro de los puntos resueltos fue establecer una prolongación en el pago del adicional por embarazo (actualmente es de tres meses) a todas aquellas mujeres que padezcan alguna enfermedad oncológica o bien sufran un prolitraumatismo. Este adicional contemple el promedio del último año de las guardias u horas extras que estaba trabajando”, indicó Oliva.

(acá falta el tope de 55 años para hacer guardias de emergencia para profesionales full time -con el beneficio de cobrar 3 guardias de días de semana y un domingo (165 puntos)-)

El Consejo de la Función Pública también autorizó ayer al Ministerio de Salud a iniciar los concursos para cubrir distintos cargos en los hospitales provinciales. “De esta forma, apuntamos a seguir jerarquizando la carrera en la Administración Pública Provincial”, sostuvo.
Por otra parte, Oliva informó que “se comenzará también a analizar un futuro proceso de pase a planta de los contratados, para lo que habrá que determinar la fecha de corte en los ingresos a la Administración Pública”.
“También se acordó la implementación del un Secundario a Distancia para todos los empleados públicos provinciales, por lo que seguiremos avanzando en la instrumentación de este mecanismo. Esta alternativa se comenzará a implementar el año próximo en Viedma y luego se hará extensivo al resto de la provincia”, indicó el titular del Consejo de la Función Pública.

Gestiones ante la Anses

Por otra parte, Oliva adelantó que “juntamente con el gremio UPCN realizaremos una serie de reclamos formales ante ANSES para el pago de retroactivos mal liquidados a jubilados provinciales sobre todo el sector salud, al tiempo que buscaremos precisiones sobre la futura implementación de la movilidad jubilatoria impulsada por el Gobierno Nacional”.
Recordó que “la medida alcanzará a los jubilados transferidos de la ex Caja de Previsión Social, lo que les representará una ventaja porque los aumentos en las jubilaciones estarán establecidos a través de una fórmula que tendrá en cuenta el 95% de los ingresos a la Anses, sumado a un 50% de aumento del nivel salarial de los sueldos”.