Señor Presidente, Sres. Legisladores:
Quiero destacar nuestra permanente vocación de colaboración en la construcción de políticas públicas de promoción y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución.
Nuestro trabajo se nutre con los datos incontrastables de la realidad que hemos ido recogiendo, y son producto de la interacción permanente con los ciudadanos de nuestra provincia.
El accionar de la Defensora del Pueblo resulta inobjetable desde la legalidad.
Somos responsables, prudentes, estudiosos y comprometidos en cada una de nuestras intervenciones. Hemos hecho sugerencias y recomendaciones, hemos solicitado informes y documentación en el marco de nuestras investigaciones. Y hemos hecho con absoluta responsabilidad, y al margen de cualquier cuestión personal, las denuncias penales pertinentes, en base a la prueba fehaciente colectada en nuestros expedientes, solo inspirados en el compromiso con la ética que debe imperar en toda gestión de gobierno.
Sin embargo, muchas de las observaciones efectuadas para corregir las deficiencias, los errores, las omisiones, han sido interpretadas como ataques a la gestión de gobierno.
La reacción ha sido de rechazo, de resistencia, habiendo llegado inclusive a la obstrucción o al entorpecimiento de las investigaciones en curso.
Se ha menospreciado nuestra tarea, hasta se ha montado una campaña de desacreditación pública hacia mi persona hacia mi familia y hacia la Institución que represento.
Acciones basadas en una interpretación errónea de cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo y del "Deber de Colaboración" que impone la ley a todos los organismos públicos y privados que forman parte del Gobierno o que interactúan con él. Esto en algunos casos, en otros, primó la mala intención de eludir al Organismo de Control, que no hace ni más ni menos que cumplir con lo que le impone expresamente la Constitución y la Ley.
Estos comportamientos atentan contra la esencia misma que la Constitución le ha asignado a este Órgano de Control externo de la Administración Pública Provincial en sentido amplio, y todos los funcionarios que incurren en ellos, están violando la Constitución que juraron respetar al asumir en sus cargos. Incurriendo en el típico penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
No voy a usar esta Tribuna para defender a Ana Piccinini. No corresponde. Solo quiero hacerles saber a los señores Legisladores que todas las amenazas que he recibido, las calumnias, las injurias, están siendo dirimidas por los jueces penales. Todas están en trámite, a través de las demandas que inicié contra los funcionarios que considero responsables de las agresiones.
De todas formas, lo que más me preocupa no es que la Defensora del Pueblo no reciba respuesta a sus requerimientos. Lo más grave es que mis representados, el Pueblo de Río Negro se queda sin respuesta.
El Gobierno ha perdido la capacidad de resolver las necesidades de la gente. No tiene políticas activas de prevención, se ausenta, no se adelanta, no se preocupa ni se ocupa. Tiene graves dificultades de comunicación. No interactúa con sus administrados. Se observa una actitud abandónica para con las distintas problemáticas.
El Gobierno no tiene un orden de prioridades. Carece de un plan de gobierno.
En la sociedad rionegrina se está desarrollando el mal de "la naturalización". Este fenómeno es, lisa y llanamente, el acostumbramiento por parte de la ciudadanía a la deficiente calidad en la respuesta institucional del Gobierno.
Nos preguntamos ¿quiénes recurren a la Defensoría del Pueblo?
Y también nos deberíamos preguntar cómo está el ciudadano cuando llega a la Defensoría del Pueblo. Es decir, quién golpea nuestra puerta y como está.
Como Defensora podría contarles la gran cantidad de casos, que me ha tocado abordar en forma personal y a través de mis colaboradores. Pero me veo en la obligación de resumir y expresar nuestro conocimiento cabal y empírico en tres palabras: vienen los carentes, vienen en un estado casi de desesperación porque hasta su más sencilla pretensión no esta saldada. Podemos hablar de salud, de educación, de seguridad, de corrupción; podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la falta de calidad en la vida cotidiana.
La vida debería ser sencilla y los conflictos solucionados, en el marco de la equidad y de la ley, salvo obviamente lo fortuito, lo imponderable lo que los seres humanos no podemos manejar, lo que nos obliga a la resignación. Frente al resto de las contingencias, principalmente las que dan origen a las desigualdades, la respuesta del Estado debe ser inmediata, porque existe todo un aparato organizacional que si estuviera en su óptima capacidad, debería estar presente y abarcar todas las problemáticas. Viendo al hombre como una integralidad y llegando a él como tal, con una interactuación sólida, eficiente y sin fisuras entre todos los actores gubernamentales.
Sin la previsión y sin la ejecución de políticas fundamentales para el normal funcionamiento de la vida cotidiana de un conjunto social, éste se socava, se mina y se aleja de la paz social. No hay núcleo ni lazo social que pueda resistir la indiferencia y los oídos sordos a las necesidades básicas insatisfechas de la gente. Mas grave aún cuando esto se prolonga tanto tiempo, profundizándose.
Un ejemplo es el Barrio Lavalle de esta ciudad. En él, situado a metros del epicentro del poder político de Río Negro, incomprensiblemente se ve claramente, cómo todas las problemáticas y los conflictos se desbordan, sin ningún tipo de cohesión institucional.
Semejante situación no es sino la consecuencia de la falta de presencia y de respuesta, de la falta de interactuación entre poderes u organismos.
Una sociedad pacífica y organizada es el resultado de mucho trabajo. La dignidad del hombre debe constituir el desvelo de los gobiernos. El abandono de éste objetivo trae como correlato la degradación de la vida.
Nada se construye mientras algunos funcionarios crean que una persona con padecimiento mental, por ejemplo, debe ser internada cuando ellos consideren discrecionalmente que así sea.
Después de muchas gestiones de esta Defensoría un joven fue internado y se esta rehabilitando en Bariloche. Pero según la más alta autoridad del Servicio de Salud Mental del Ministerio de Salud "Está así porque se junta con sus amigos borrachines a tomar vino". Incalificable, imperdonable. Lo hicimos solos, no pudimos contar con ellos.
Ante reiteradas consultas realizadas por vecinos de la Línea Sur, nos constituimos en Ing. Jacobacci a los efectos de tomar los reclamos respecto de la aplicación de los subsidios (Adelantos del Tesoro Nacional –ATN-) destinados a las zonas afectadas por la sequía y cenizas del Volcán Chaitén. Se iniciaron actuaciones donde se evacuan dudas puntuales, como asimismo avanzamos en los interrogantes, que aún tenemos, respecto de personas que lo recibieron sin estar inscriptos en el Registro creado al efecto.
Sobre el particular no puedo dejar de mencionar la ansiedad de los pequeños productores por mi presencia, ante la ausencia de funcionarios del área que evacuen en forma directa la información que necesitaban.
Quiero dejar sobre esta banca un dato que no es menor, desde que llenaron la solicitud para la obtención del beneficio, hasta el día en que los entrevistamos, nadie los había impuesto del resultado de sus gestiones, ya habían transcurrido meses y todos guardaban expectativas sobre el subsidio. Hablamos de crianceros de muy pocas ovejas que habían hecho mas de 5 Km para verme, caminando. Este es otro ejemplo.
El discurso político contrasta con el accionar de los Ministerios. Hay una negación de la realidad. La gente padece las consecuencias de la inoperancia y la mala administración de la "cosa pública". La gente sufre en Río Negro.
El gasto público, está descontrolado. Los recursos propios ya no alcanzan para pagar los sueldos de los empleados públicos.
Se recurre al crédito, aceptando tasas de interés que son verdaderamente usurarias.
Hoy no existe registrada; ni oficialmente ni en ningún medio de prensa, una explicación por parte del gobernador, sobre las razones que hicieron desembocar a la provincia en la crisis que estamos inmersos. Todos sabemos que no hay plata, lo que no nos dicen es porqué no hay plata. Luego del tránsito durante todos estos años de la gestión Saiz, privilegiada por un sin número de variables económicas benignas, con aumentos inéditos, en materia de regalías, coparticipación e ingresos genuinos.
Y como "a río revuelto, ganancia de pescadores", una buena forma de obtener ingresos es apelar entre otras cosas, por ejemplo, a la prórroga anticipada de las Concesiones Petroleras. Contratos que todavía no están vencidos. Contratos que no sabemos si pueden prorrogarse, porque no contamos con la información sobre el cumplimiento o no de los compromisos asumidos por las empresas. Sobre este punto me explayaré más adelante.
Hablamos de un Gobierno que no escucha, de un Gobierno que no analiza, de un Gobierno que ignora y subestima las graves denuncias de corrupción que involucran a Ministros del Poder Ejecutivo y a funcionarios provinciales.
Pero no se advierte la más mínima actitud correctiva, todo lo contrario, las desprolijidades están a la orden del día. Basta con mirar lo que pasa con la obra pública tema sobre el cual estamos trabajando.
Nada conmueve al Sr. Gobernador. Ha minimizado la gravedad de los actos de su gobierno que han sido puestos a su consideración y a la de los jueces penales por esta Defensora del Pueblo, en algunos casos lo hizo expresamente en declaraciones a la prensa y en forma lamentablemente grosera. La gente más vulnerable, deambula a lo largo y a lo ancho de la Provincia buscando soluciones. No hay respuesta al problema de la salud pública que está sufriendo el mayor deterioro en la historia de la Provincia, ni hablar de la Obra Social Provincial que no da respuestas mínimas a sus afiliados sino a través de la judicialización de sus reclamos. No hay respuesta seria y contundente al déficit de la vivienda, no hay una actitud por parte del Ejecutivo con respecto al grave problema que rayana el delito penal, relacionado con las usurpaciones en la Provincia. Es grave la situación en Bariloche, en Cipolletti, en Allen y en Gral. Roca Se vaticina una profundización de estas acciones que son generadoras de violencia. El gobernador debería interactuar apoyando a los Intendentes. Agiornando al Instituto Provincial de la Vivienda que debe dar la respuesta habitacional que hoy aquí y ahora necesitan sus administrados, convocando a capitales privados y gestionando fondos públicos para la compra de tierras y la construcción de viviendas, controlando el cumplimiento efectivo de la ley de locaciones urbanas, cuyo incumplimiento genera situaciones de abuso que solo el gobierno puede y debe regular y detener, en la búsqueda de soluciones equitativas. Garantizando el efectivo ejercicio de sus derechos, tanto al propietario de la tierra usurpada, como al ciudadano que tiene el derecho constitucional, de acceder a una vivienda digna.
El gobierno debe ser el garante de la paz social.
El Gobernador no puede con las rencillas internas dentro de su propio gabinete. Sin antecedentes en nuestra provincia, para dar un solo ejemplo, la obra pública provincial la gerencian, el Ministro de Economía y su Secretario de Obras públicas. Enemistados, sin dialogo desde hace más de un año. Dos funcionarios, dos criterios .Se subvierte el orden jerárquico, esto es de una gravedad institucional inusitada. Como consecuencia, la respuesta institucional es mala. Existe en la sociedad la sospecha. Cuales serán las motivaciones que determinan esta relación que esta fuera de la ley y de la razonabilidad que debe imperar en todo acto de gobierno. Y en este contexto, que rol juega el gobernador? El Órgano de Control, está atento y preocupado por esta grave situación.
El Gobierno no tiene iniciativa, a veces, actúa por reacción.
Insisto, no prioriza, prioriza mal o prioriza en base a intereses subyacentes que nosotros desconocemos.
El gobierno ha tomado la decisión política de construir el edificio nuevo de la Jefatura de Policía en Viedma. El gobierno debería priorizar el salario de sus policías, la capacitación, la vivienda y la salud de los integrantes de la fuerza, hoy, todo librado a su suerte .Con respecto a la falta de insumos y el estado calamitoso de las comisarías ya lo hemos expuesto con detallada consideración. Tiene graves problemas el policía de Río Negro, nosotros los hemos relevado y puesto a consideración de esta Asamblea en anteriores informes. También volveremos sobre este tema.
Quiero que todos los ciudadanos de la Provincia sepan que sentimos un gran compromiso con la tarea de control, que esta Legislatura nos ha encomendado. Creo conveniente resaltar, que la opinión de la defensoría estuvo presente en los grandes temas, en los principales temas que son absoluta responsabilidad del gobierno resolver: Salud, Educación, Seguridad, desenvolvimiento de la Fuerza policial, trabajo, vivienda, acción social, en todos opinamos porque estuvimos en contacto directo con cada uno de ellos, en algunos casos a requerimiento de los ciudadanos en otros, de oficio. Lamentablemente reitero, siguen sin solución y en algunas áreas, la calidad institucional desmejoró aún más.
Las denuncias, recomendaciones, y puestas en conocimiento de las autoridades siempre las respaldamos con prueba documental, con imágenes de los lugares visitados donde se puede apreciar el deterioro y las irregularidades relevadas. Nuestro trabajo es requerido por las autoridades judiciales de las distintas circunscripciones de la provincia, en los expedientes y amparos que tramitan ante los mismos. Y porque no, manifestamos nuestra alegría porque hoy nuestros niños y familias carenciadas comen alimentos frescos, esto, en parte, se lo debemos a este Órgano de Control que ante los desgraciados hechos protagonizados por el Gobierno, estuvo a la altura de la Constitución.
Quiero expresar también nuestra satisfacción cuando vemos como algunos funcionarios colaboran con la tarea de control, llevando adelante cambios marcados por el organismo. Calladamente, por temor a las represalias. Y también porque advertimos que ahora se alzan algunas voces destacando falencias por nosotros ya denunciadas, lo que nos da mas fuerzas para seguir adelante.
Deberíamos mencionar que todos los diagnósticos que hicimos con respecto a las distintas áreas del Gobierno, y que hemos expuesto ante esta Legislatura en forma escrita y verbal acompañando prueba documental y fotográfica, se han ido profundizando negativamente en su deterioro. Estoy haciendo referencia a los informes "in voce" que antecedieron al presente. Con respecto a las nuevas intervenciones que ha realizado esta Defensoría durante el año 2009, los Legisladores cuentan con el Informe Anual escrito del cual en este acto voy a extraer algunos temas preocupantes, cuyo estudio hemos emprendido en el año 2009 y periodos anteriores a los cuales seguimos abocados en algunos casos hemos efectuados las presentaciones judiciales necesarias.
RESEÑA DE PRESENTACIONES JUDICIALES EFECTUADAS.-
AMPARO (GAS) S/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DEL PEN Nº 2067/08 Y NORMAS DICTADAS EN SU CONSECUENCIA ( JUZGADOS FEDERALES DE VIEDMA, ROCA Y BARILOCHE)
- AUTOS "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO" (EXPTE. 569/09)
- AUTOS CAUTELAR "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ PIEZA SEP. CON MOTIVO DE LA APELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR" EXPTE. 569/I/09. JUZGADO FEDERAL DE LA CIUDAD DE VIEDMA.
- AUTOS "PICCININI ANA IDA C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO" EXPTE. 533 FOLIO 243 AÑO 2009. JUZGADO FEDERAL DE GENERAL ROCA
- AUTOS EN CÁMARA DE APELAC. GRAL. ROCA "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÏO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN" EXPTE. N° C13409.
- AUTOS "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÏO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PEN) Y OTROS S/ AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR". EXPTE. N° C14609 (BARILOCHE). TAMBIEN CON APELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR (PENDIENTE).
AMPARO (NAFTAS) POR ILEGITIMIDAD DEL COBRO DEL ADICIONAL SERVICIO DE PLAYA EN ESTACIONES DE SERVICIO..
- AUTOS: "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/AMPARO COLECTIVO LEY 2779". EXPTE.Nº 22167/07. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. SECRETARÍA: ASUNTOS ORIGINARIOS.
- AUTOS: "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/ AMPARO COLECTIVO LEY 2779". EXPTE. 492/2008 TOMO 44, LETRA D TIPO RHE. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SECRETARIA JUDICIAL NRO. 4 .
RECLAMO POR COBRO EN EXCESO DEL TOPE MEM (ENERGÍA ELÉCTRICA)
- AUTOS "ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (PROCONSUMER) C/PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y EDERSA Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXTE. Nº 106 – CADM- 2001 CAMARA CIVIL DE GENERAL ROCA.
DENUNCIAS PENALES
FLAVORS & CIA S.A (PROVISIÓN DE ALIMENTOS PREELABORADOS CON DESTINO A PROGRAMAS SOCIALES)
- AUTOS "DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA" EXPTE. NRO. 730/08
JUZGADO DE INSTR. NRO. 4 DE VIEDMA.
- APELACIÓN (QUERELLANTE PARTICULAR)
AUTOS "DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA S/ INCIDENTE DE APELACIÓN"
EXPTE. 256/145/09 CÁMARA CRIMINAL SALA B DE VIEDMA
AUTOS: "CARDOSO, CARLOS ABEL S/ DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA". EXPTE. JUDICIAL Nº S3-08-210. EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SECRETARÍA Nº 3, CON ASIENTO EN BARILOCHE. ANOTICIAMIENTO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA PRESUNTA VINCULACIÓN DEL ENTONCES CANDIDATO A LEGISLADOR NACIONAL HUGO CASTAÑON E INTEGRANTES DE SU FAMILIA, EN LA VENTA IRREGULAR DE LOTES EN BARILOCHE TAL COMO SURGE DE NUESTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
AUTOS: "DEFENSORÍA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA-DEFRAUDACION" EXPTE. Nº 5682-J20-09. CONTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES EN LA PERSONA DE SU SECRETARIO GENERAL CARLOS ALBERTO SANSUERRO Y CONTRA LA SRA. OLGA CIMINELLI. POR PRESUNTA ESTAFA EN LA VENTA DE LOTES A CIUDADANOS DE VILLA REGINA.
"DANIEL SARTOR S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" EXPTE. 42231/09. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 2 DE VIEDMA.
"DEFENSORÍA DEL PUEBLO C/ DANIEL SARTOR S/INCUMPLIM. DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" EXPTE. C1F 4884/09. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 2 DE VIEDMA.
AUTOS "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ PCIA. DE RÍO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPTE. 0021/2009 – CAMARA CIVIL DE APELACIONES DE VIEDMA. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CONTRA RESOLUCION DE ARCHIVO DEL FISCAL DE INVESTIG. ADM. DR. PABLO BERRAZ CON RELACION A LA CAUSA POR PRESUNTO CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DEL PATRIMONIO DEL LEGISLADOR DANIEL SARTOR)
AUTOS "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756" EXPTE. NRO. S7-09-1186. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 4 DE VIEDMA. S/ SOLICITUD DE ALLANAMIENTO FISCALÍA DE INV. ADMINISTRATIVAS
AUTOS "DRA. ANA IDA PICCININI EN AUTOS "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756" S/ RECURSO DE QUEJA" . EXPTE. NRO. 258147/09 CÁMARA CRIMINAL DE VIEDMA, SALA A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA.
REMISION AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (05/02/10) AUTOS: "DRA. ANA PICCININI EN AUTOS "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACION EN TÉRMINOS DEL ART. 11 LEY 2756 S/ RECURSO DE QUEJA S/ COMPETENCIA" EXPTE 24262/10 STJ, SECRETARIA 4.
AUTOS: "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA (GASTOS EN PASAJES OFICIALES)". EXPTE. Nº 2965/08. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VIEDMA.
AUTOS: "OTERO, GUSTAVO S/ AMENAZAS" (EXPTE. Nº 42862/09) EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2. POR INSULTOS Y AMENAZAS A LA DEFENSORA DEL PUEBLO CON FECHA 01/09/09.
AUTOS: "PICCININI ANA C/ SARTOR DANIEL Y OTRO S/ AMENAZA SIMPLE" (EXPTE. Nº C1F - 3522-09), INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. POR ACCIONES QUE PODRÍAN CONFIGURAR EL DELITO DE AMENAZAS Y COACCIÓN AGRAVADA.
AUTOS: "PICCININI, ANA IDA S/DENUNCIA" EXPTE. 42986 AÑO 2009. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VIEDMA. CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD POR FALTA DE CONTROLES A LA EMPRESA CENEC EN EL USO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO.
AUTOS: "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PROMUEVE INVESTIGACIÓN". POR MUERTES EN HOSPITALES PUBLICOS. DOS PACIENTES EN ROCA (19-06-09) Y UN NIÑO EN SAO (01-06-09). FISCALIA DE TURNO DE GRAL. ROCA Y VIEDMA, RESPECTIVAMENTE.
QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS CONTRA EL JEFE DE LA POLICÍA, CRIO VÍCTOR CUFRÉ (EXPTE. Nº 1504/08). EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO CORRECCIONAL Nº 6 DE VIEDMA.
QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS CONTRA EL SEC. GRAL. DEL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES, CARLOS SANSUERRO (EXPTE. Nº 1636/09). EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO CORRECCIONAL Nº 6 DE VIEDMA.
ACCIONES JUDICIALES CONTRA EL AUMENTO DEL GAS.
Con el objeto que se declare la Inconstitucionalidad de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y normativa dictada en consecuencia por el Enargas que incrementaban los montos que pagaban en sus facturas los rionegrinos para la potencial importación de Gas.
Inmediatamente iniciamos una acción de amparo buscando restablecer los derechos colectivos de los usuarios del servicio público de gas natural por redes de nuestra Provincia, perjudicados por un incremento arbitrario, unilateral e inconsulto de los montos que pagaban en sus facturas a raíz de la aplicación de estos cargos.
Nos presentamos en cada juzgado federal de la Provincia (Bariloche, Alto valle y zona Atlántica) cubriendo de esta forma toda la geografía, y solicitamos preventivamente la suspensión de su aplicación en atención a la jerarquía de los derechos involucrados.
Es de publico conocimiento que los jueces Federales de nuestra Provincia Dra. María del Carmen García de Gral. Roca; Dr. Leonidas Moldes de Bariloche y Dra. Mirta Filipuzzi de Viedma priorizaron en sus fallos el derechos de los usuarios. Logramos dos objetivos, nos tuvieron como legitimados a dicho fin e hicieron lugar a la medida cautelar, siendo en consecuencia la ÚNICA Provincia donde el cargo mencionado no fue aplicado a nuestros ciudadanos.
Actualmente siguen en trámite las actuaciones principales relacionadas con el fondo de la cuestión, la inconstitucionalidad planteada sobre este Decreto.
GESTIONES REALIZADAS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL
OBRA SOCIAL BANCARIA.-
Siguiendo con las gestiones que venimos realizando desde el año 2008 el día 11 de Febrero de 2009, concurrí a la Gerencia de Relaciones Interjurisdiccionales del ANSES, sita en Moreno 423 Piso 2º Capital Federal, siendo atendida por el Sr. Gerente Dr. Cristian Michelsen, el motivo de la reunión fue tratar el traspaso de los Jubilados de la Obra social Bancaria (OSBA) a la orbita del IPROSS, en razón de los reiterados reclamos de los afiliados por el mal funcionamiento de la mutual bancaria. El Dr. Michelsen nos manifestó, que se encuentran muy avanzadas la gestiones con la mutual rionegrina, que el ultimo informe recibido era que sobre fin de año el Directorio del Ipross se había reunido y que uno de los integrantes del mismo no estaba de acuerdo con esta incorporación, pero que a la fecha tenia noticias que habría aceptado autorizar que la obra social provincial incorpore a estos jubilados, estaba esperando información oficial. Que había mantenido reuniones con el Secretario General de la Bancaria de Rió Negro, Sr. Ricardo Páez.-
En el mes de Diciembre del 2009, concurrimos a la Superintendencia de Seguro de Salud y nos entrevistamos con el Cr. Alberto Mangiaterra, Gerente de Articulado de los Integrantes del Sistema de Salud, en esta oportunidad el funcionario nos informó que se encuentra analizando el Expediente de los ex bancarios a los fines de dictaminar la viabilidad del traspaso a la Obra Social Provincial, y para el caso se les efectué un solo descuento en sus haberes Previsionales.. En los primeros días del mes de Febrero de este año, en una comunicación telefónica el Cr. Mangiaterra me manifestó que el expediente se encuentra en asesoría legal para su dictamen.-
RADIO NACIONAL SAN CARLOS DE BARILOCHE
Un Grupo de vecinos de la Localidad de San Carlos de Bariloche remite a esta Defensoría del Pueblo una nota en las que reclaman nuestra intervención ante las autoridades Nacionales a los efectos de agilizar los tramites para la adquisición de equipos transmisores nuevos. Motiva tal petición entre otros motivos, que la Emisora es el único medio con alcance, que llega con su vos, a los pobladores de la Línea Sur, cumpliendo una extraordinaria labor social. En el mes de Marzo del año 2009, concurrí al edificio de A.T.C. de Capital Federal donde funciona el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, siendo atendida por su Presidente el Sr. Tristán Bauer, quien me manifestó que los equipos se encontraban en proceso de Licitación, que ya se había realizado una a nivel Nacional y que ningún proveedor local contaba con la cantidad de equipos solicitados en tiempo y forma, por lo que hubo que realizar un nuevo llamado, esta vez invitando a Empresas Internacionales. En el mes de Setiembre del año 2009 nuevamente los vecinos acuden a esta Defensora a los efectos de solicitar nuestra intervención para la instalación de los nuevos equipos, los cuales ya estaban en San Carlos de Bariloche desde el mes de Julio. En esta oportunidad se cursaron notas al Gerente de Emisoras de la Cadena Publica, Sr. Roberto Brennan y al Presidente Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado Sr. Tristan Bauer. A la fecha se encuentra en construcción el lugar físico donde se instalaran los mismos.-
GESTIONES EN VIALIDAD NACIONAL
En el mes de Marzo del año 2009, me reuní con el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingeniero Nelson Guillermo Periotti, manifestando la urgente necesidad sobre la reconstrucción de la nueva alcantarilla sobre la ruta 22 a la altura de la localidad de Chimpay, la que se había destruido a principios de año a raíz de las lluvias. En esa oportunidad le acercamos al Sr. Administrador fotos del lugar y recortes periodísticos de la zona en donde se manifestaba la preocupación de los vecinos que circulan diariamente por esa ruta y principalmente la de los empresarios frutícolas debido a que esa época del año es la de mayor circulación de camiones que transportan frutas a los distintos mercados del país como así también al Puerto de San Antonio Oeste. Nos informo que la Obra se encontraba en pleno proceso de Licitación, la que se concluyo al poco tiempo de esta reunión. En esa oportunidad también se le pidió precisiones sobre la nueva traza de la ruta 232 que une el tramo La Japonesa con Chelforó y la contratacción del puente "Paso de los Molles" en Pilcaniyeu. Con respecto a la primera nos informó que se encontraba en proceso de adjudicación. Con relación a la segunda se estaban realizando junto con VIARSE los estudios técnicos para su reubicación. En el mes de Agosto del 2009, concurrí a una nueva Audiencia con el Ing. Nelson Periotti, Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad. En la misma se trato principalmente el tema del Puente "Paso de los Molles" el cual se encuentra aun sin construir. El Ing. Periotti nos informo que el día 12/08/09 habían viajado al lugar técnicos de la Subsecretaria de Puentes de Vialidad Nacional encabezados por el Ing. Orlando Bello, los cuales fueron acompañados por el Sr. Intendente de la localidad de Pilcaniyeu y el Jefe de Distrito Viedma Sr. Montero Espinoza quienes después de realizar una recorrida por el lugar acordaron el nuevo emplazamiento del Puente (adjuntando foto del emplazamiento) en razón que el proyecto elaborado por VIARSE no era viable. Ahora los técnicos de Vialidad Nacional están elaborando el Proyecto Definitivo el que consistirá en un puente con estructura de vigas de Acero. Que una vez finalizado el mismo en función del convenio firmado entre Vialidad Nacional y Viarse, la obra será Licitada y dirigida por esta última.
Además en esa reunión se le pidió informe sobre el avance de la Obra de Repavimentación de la Ruta que une La Japonesa y Chelforó, sobre la cual con los productores de la zona estuvimos trabajando desde un principio para su impulso. La misma hoy está en pleno proceso de ejecución, he hecho dos inspecciones oculares en forma personal relevando el avance de las obras y les adelanto que esta ruta será de un beneficio importante no solo para el Alto Valle, sino para la comunicación de nuestra provincia toda. En una última comunicación con el Ing. Periotti en el transcurso de Febrero del 2010 nos informó por escrito la situación actual de estas dos Obras, lo que pongo a disposición de los sres. Legisladores..-
GESTIONES SOBRE EL PROYECTO BARDA DEL ÑIRECO
En el mes de Noviembre del 2009 concurrí a una audiencia a la Comisión Nacional de Tierras Fiscales con el fin de gestionar ante ese organismo un aporte económico para solventar el estudio realizado por una consultora de Córdoba a pedido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche sobre la factibilidad de las obras a realizar sobre la Barda del Ñireco, y otro aporte para realizar obras a los efectos de evitar desmoronamientos en ese sector de la ciudad. Fui atendida por el Dr. Roberto Perito, Director General de la Asesoría Legal del organismo, quien después de hacer un pormenorizado detalle de la situación - dado que el mismo había concurrido a Bariloche y conocía muy bien el tema - nos informó que las tratativas estaban encaminadas y que dependían de la decisión política del Intendente Municipal, quien debía solicitar los aportes.-
GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE PLANIFICACION SOBRE OBRAS DE ASFALTO EN LOS MUNICIPIOS
En esta Defensoría del Pueblo se recibieron numerosas consultas y denuncias por parte ciudadanos de las distintas localidades de la Provincia, sobre los elevados costos de las obras de pavimento. Por este motivo y en función de que muy pocos municipios contestaron nuestros requerimientos, solicite una audiencia en el Ministerio de Planificación y Desarrollo con el Subsecretario de Coordinación de Obra Publica Federal Arq. Carlos Santiago Kirchner, con el fin de interiorizarme sobre los aportes que otorga ese organismo para las obras de asfalto. A pesar de haber concurrido en tres oportunidades, no pudimos entrevistarnos con el arq. Kirchner, siendo atendidos por un asesor. Nos manifestó que una vez presentados los proyectos de cada localidad se analizan los mismos y se resuelve el otorgamiento de los fondos,estos tienen el carácter de no reintegrables, y a partir de su recepción es resorte de los municipios su manejo de los mismos (siempre refiriéndose a que deben ser utilizados para las obras proyectadas).
Al respecto, entiendo que los costos de dichas obras en las diferentes ciudades no deberían cobrarse a los frentistas beneficiarios de las mismas, porque son subsidiadas por el Gobierno Nacional. En su caso, se podría aceptar que por ordenanza se genere un fondo para poder beneficiar a otros vecinos para que en el futuro puedan contar con obras de asfalto. Estamos en pleno proceso de investigación ya que también hemos detectado una importante variación de costos entre las distintas ciudades, teniendo en cuenta que se trata de obras de similares características.-
TIERRAS FISCALES
El desarrollo de la humanidad ha estado siempre asociado a la tierra. Mas allá de las políticas económicas, de los sistemas de gobierno que llevan adelante los diversos países, encontramos un común denominador, cual es la pertenencia al suelo. Por ello, la política relacionada con las tierras resulta esencial para el desarrollo de una sociedad. Así lo ha entendido el Constituyente y el legislador al sancionar la Ley Provincial Q Nº 279 la que en su articulo 2 establece que "Para la interpretación y aplicación de esta Ley, se establece como principio fundamental el concepto de que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social, para alcanzar los siguientes fines:
a) La integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social;
b) Que la tierra sea de propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad;
c) El ordenamiento metódico y racional de la política demográfica, que tienda a la expansión equilibrada de la población;
d) La radicación efectiva y estable de la familia agraria.
En nuestro país y en nuestra provincia, la política de tierras tiene rango constitucional. Los conflictos acerca del acceso a la tierra, siempre existieron, con el agravante que se agudizan en la actualidad. El Gobierno rionegrino no tiene diseñadas políticas claras en esta materia. Con una desmesurada burocratización, por demoras en la tramitación de los expedientes o en la expedición de títulos de propiedad, profundiza los conflictos.
Existen en esta problemática, intereses económicos que no ven al campo como una unidad productiva para el desarrollo sustentable.
Las temáticas más recurrentes con las que tomamos contacto están referidas a la perdida de derechos de ocupación, a cesiones de derechos irregulares, a la falta de intervención de los organismos responsables frente a conflictos entre particulares ocupantes de tierras fiscales.
Reitero, ausencia del Estado, que al no intervenir en forma concreta contribuye con su omisión, a que personas inescrupulosas, se aprovechen de la ignorancia de otros, haciéndoles ceder derechos y acciones sobre un lote fiscal, sin que alcancen a comprender su significancia jurídica. Sobre esto tenemos una gran cantidad de denuncias.
La falta de una política fuerte, sólida, tiene como consecuencia el padecimiento que trae aparejada, la inseguridad jurídica. No tener es mortificante, pero no saber si tenemos o no, dudar de nuestra situación dominial, también lo es. La tramitación de expedientes lleva décadas. Los pobladores se han ido muriendo, generaciones enteras tras un expediente sin resolver.
Todo un tema, es el precio de las tierras ofrecidas en venta por el Estado Provincial.
Contamos en nuestro organismo con expedientes relacionados con el traspaso de tierras de la provincia a los Municipios de Ingeniero Jacobacci, y San Antonio Oeste, entre otros.
Nos preocupa y le estamos prestando suma atención a la venta de tierras en la Zona Andina de nuestra provincia, particularmente aledañas a El Manso y El Foyel donde los precios establecidos resultan llamativamente bajos, con relación a los valores inmobiliarios en el mercado local, nacional e internacional.
A modo de ejemplo podemos citar el caso de 32 has aledañas a El Bolsón que se vendieron por $ 25.948,89 siendo su valuación Fiscal de $ 85.550,76 y la Valuación Fiscal para el cálculo del Impuesto Inmobiliario de $ 51.330,46. Es decir que el propio Estado vendió a un precio notoriamente inferior al valor fiscal de la tierra lo cual esta siendo ampliamente investigado por este Órgano de Control.
Las consecuencias del mal manejo de la tierra en nuestra Provincia esta a la vista de todos.
EMPRESA CENEC
El Estado Provincial ha contratado para la esterilización de material quirúrgico a una empresa neuquina que no cuenta con habilitación para ello.
Así surge de las constataciones que personalmente hemos hecho con vista del Expediente radicado en el Ministerio de Salud Publica de Neuquén .La empresa tiene su domicilio en esa Provincia. Le enviamos al Ministerio de Salud Publica de Rio Negro gran cantidad de pedidos de informes, algunos nunca respondidos. A través de nuestras investigaciones obtuvimos copia de la nota Nº 1010/08 suscripta por la Coordinadora Provincial de Fiscalización Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, dirigida al Director del Hospital de San Carlos de Bariloche en la que le expresa: "Por la presente me dirijo a Ud. con motivo de poner en su conocimiento que la Empresa Neuquina CENEC aun no cuenta con habilitación sanitaria, la misma se halla en trámite. Para mayor información dirigirse al Director General de Fiscalización Sanitaria de la Secretaria de Estado del Neuquén"
Especial mención merece también la Resolución Nº 114/09 de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la Secretaria de Estado del Neuquén que habilita provisoriamente a Cenec y le ordena adecuar sus instalaciones. El Gobierno Rionegrino contrata sin ejercer controles sobre la empresa.
Los cuidados y los controles de las autoridades sanitarias deben extremarse, en especial tratándose el óxido de etileno de un gas que a temperatura y presión normales, es soluble en el agua y fácilmente licuable a temperatura ambiente. Se utiliza como producto de síntesis y como agente de esterilización.
Surge de lo investigado, que el Estado rionegrino, a través de sus hospitales, esta contratando los servicios de esterilización de material quirúrgico con esta empresa sin ejercer un adecuado y debido control sobre la misma, su situación legal, desconociendo los montos contratados y la calidad del servicio prestado.
Según nos consta, no pudieron acreditar que hayan efectuado visitas o controles a las instalaciones de la empresa CENEC y han admitido durante años con su propio obrar, el haber trabajado y contratado con una empresa que no tenia habilitación de las autoridades sanitarias del Neuquén para su funcionamiento.
El Estado rionegrino desconoce asimismo los costos que implicaría la instalación de los equipos adecuados que permitan la esterilización de los materiales que se derivan a Neuquén en cada Nosocomio o en su caso en los de mayor complejidad. Debemos aclarar que esta empresa opera en Rio Negro desde hace años. Esta omisión de controles pone en riesgo cierto la salud de los rionegrinos que son atendidos en lo hospitales públicos de la Provincia.
Todo ello, motivo la presentación de una denuncia penal contra el Ministerio de Salud Publica de Río Negro. No se nos informa sobre las fechas de las contrataciones el Ministerio de Salud Publica nos manda a averiguar datos a cada uno de los hospitales.
Los Hospitales que contratan los Servicios de la Empresa CENEC son: San Carlos de Bariloche, Allen, Catriel, Choele Choel, El Bolsón, General Roca, Rio Colorado, San Antonio Oste y Villa Regina.
Transcribo a continuación las resoluciones del Gobierno de Neuquén, que por si mismas describen la gravedad de la situación :
Disposición 114/09 de fecha 20/02/2009 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia del Neuquen en la que en se DISPONE: "1. Habilitar en forma provisoria por el termino de ciento ochenta (180) días el establecimiento "Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC insumos y Servicios" sito en calle Fava Nº 144 de la ciudad de Neuquen, propiedad del Sr. Pedro Rubén Lasala D.N.I. Nº 12.480.717. Cumplido el plazo otorgado ésta habilitación caduca automáticamente." "2. Autorizar a la Fca. Lilia Cirrincione Matrícula Provincial de Farmacéutica Nº 309 a ejercer la Dirección Técnica del mencionado establecimiento"
Disposición Nº 694/09 del 23/09/09 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquen mediante la cual se Habilita en forma provisoria por el termino de sesenta días al establecimiento "Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC".
Disposición Nº 868/09 del 26/11/09 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquen mediante la cual se Habilita en forma provisoria por el termino de una año al establecimiento "Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC".
Cabe destacar que la primera de las habilitaciones provisorias a CENEC es en febrero de 2009, cuando nuestras investigaciones comenzaron en Octubre de 2008. Y después de muchos años de funcionamiento.
Según el listado actualizado al 15/10/2009 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la empresa CENEC, inscripta como droguería y no como planta esterilizadora, ha sido dada de baja por cierre.
Ochenta y dos por ciento móvil
La tutela de los derechos previsionales de los ciudadanos rionegrinos es una prioridad para esta Defensora del Pueblo.
Desde la Trasferencia de la Caja Previsional Provincial a la Nación, en el año 1.996, se comenzó a aplicar la legislación previsional nacional (leyes 24.241 y 24.463) que limitó el derecho previsional garantizado por la Constitución Nacional y Provincial: la movilidad sin topes.
La movilidad previsional implica garantizar una razonable proporcionalidad entre los haberes de un trabajador en actividad y los haberes jubilatorios. Proporcionalidad entendida como el mantenimiento del mismo nivel de satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud, etc., que se tenía en actividad.
En nuestra provincia contamos con una cláusula constitucional de importante contenido social y protector: el derecho al 82 % móvil plasmado en el art. 40 inciso 9º de la Constitución Provincial.
Con el fin de solicitar el pago del 82 % móvil para todos los jubilados rionegrinos de los tres poderes del Estado Provincial, de la administración pública descentralizada, de los organismos de control y de los Municipios, en relación con el haber que perciben los trabajadores en actividad, hemos efectuado recomendaciones al Gobernador, solicitudes a la ANSeS.
Incluso presenté una demanda de Amparo Colectivo –Mandamus contra la Provincia de Río Negro, Poder Ejecutivo Provincial, que fuera desestimada inmediatamente por el Superior Tribunal de Justicia.
Suscitó mucho debate, discusión, reuniones, y oposiciones gremiales al tratamiento legislativo, el proyecto de ley de ratificación del Acta Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la provincia de Río Negro a la Nación, suscripta el 15 de junio de 2.007 entre los Poderes Ejecutivos de la Provincia de Río Negro y la Nación. A través de dicho Acta, se concretó aplicar los artículos 8 a 17 y 26 a 33 de la ley nacional 24.018 a los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Provincial.
Finalmente con fecha 24 de septiembre de 2.009 fue aprobado el proyecto bajo el número de ley 4.449.
Si embargo llama la atención la redacción plasmada en el art. 2 de la ley donde se expresa que: "El Poder Ejecutivo provincial continuará llevando adelante ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las gestiones necesarias para la aplicación en la provincia, de lo dispuesto por la ley nacional nº 24018 y sus modificatorias, haciendo extensiva la aplicación del porcentaje de ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondientes al cargo en actividad, a todos los agentes públicos provinciales que en la actualidad perciban beneficios previsionales de dicho organismo y a los que en el futuro accedan al mismo." (Negrita me pertenece).
Es una expresión de deseos, plasmada en una norma jurídica.
Observo que la Provincia de Río Negro cumple con los jueces. Los restantes trabajadores deberán esperar el resultado de las buenas gestiones, que pueden tener resultados desfavorables.
Se utilizó como fundamento para promover la defensa de este proyecto de jubilación especial, la circunstancia que las restantes provincias habían o estaban firmando similares convenios con la ANSeS, y que ello era una consecuencia lógica de la especialidad de las funciones y régimen del Poder Judicial.
Pero también es cierto que la provincia de Mendoza pudo negociar con la ANSeS el pago del 82 % móvil para todos los jubilados provinciales.
Ese antecedente parece que no pesó tanto en el ánimo de nuestros negociadores.
Reglamentariamente se dispuso que para no resentir el servicio de Justicia con respecto al 82% móvil otorgado a los jueces, el Superior Tribunal de Justicia sería el órgano encargado de conducir la implementación del nuevo régimen previsional especial y coordinaría con el funcionario o magistrado que, cumplimentara los requisitos establecidos en la ley 24.018 y quisiera hacer efectivo ese derecho. Al momento de hacer efectiva la solicitud de su baja.
Esta Defensora del Pueblo, cree que es válido el régimen diferencial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Así como es válido el régimen especial docente, de embajadores, investigadores, etc.
Pero también es justo y válido el pago y reconocimiento del 82 % móvil para todos los jubilados rionegrinos.
En consecuencia, y en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Aban Francisca" de agosto de 2.009, en el que se reconoció el derecho de una jubilada de la provincia de Jujuy, a percibir su haber previsional sin topes, encomendé a mis asesores legales a estudiar la presente cuestión.
Cabe resaltar que el fallo se trató de una jubilada que accedió al beneficio antes de la transferencia de la Caja Previsional de la Provincia de Jujuy, y se entendió que adquirió el derecho a percibir el 82 % móvil y sin la aplicación de los topes de la ley nacional.
Este nuevo antecedente del máximo organismo jurisdiccional, renueva las esperanzas acerca de la protección de los derechos de nuestros adultos mayores.
Convencida de la existencia de la conculcación del derecho, decidí nuevamente reclamar judicialmente la movilidad previsional, pero esta vez ante la Justicia Federal con asiento en nuestra Provincia.
Por ello convoqué a los jubilados de la provincia de Río Negro, comprendidos en el ámbito jurisdiccional del Juzgado Federal de General Roca a acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para asesorarse sobre el reclamo judicial del 82 % móvil.
Asimismo concurrimos a las ciudades de Choele Choel, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Río Colorado, entre otras, recabando datos y documentación de ciudadanos rionegrinos beneficiarios previsionales.
La estrategia procesal de esta Defensora del Pueblo fue reclamar primeramente ante el Juzgado Federal de General Roca y próximamente ante las jurisdicciones de los Juzgados Federales de Viedma y de San Carlos de Bariloche.
Acompañamos y patrocinamos demanda judicial de amparo ante el Juzgado Federal de General Roca, que tramita por expediente Nº 1129/09, encontrándose en trámite normal y con informe pendiente por parte de la demandada ANSeS.
Como Defensora del Pueblo ratifico que el derecho al 82 % móvil para nuestros jubilados se encuentra vigente; garantizado en la Constitución Provincial y Nacional; y la omisión de aplicar un derecho operativo, constituye una violación de la Constitución.
La emergencia financiera y el decreto 80/09 del Poder Ejecutivo Provincial
El 24 de marzo de 2.009 el Sr. Gobernador dictó el Decreto 80/09, que establecía a partir del 01 de abril de 2.009 que el haber máximo a abonar en el ámbito del "... Poder Ejecutivo Provincial y Sociedades del Estado Provincial..." no podía superar el sueldo del Gobernador.
Advirtiendo los vicios de la norma en cuestión inicié actuaciones de oficio.
A poco de estudiar el decreto, observé que era infundado, arbitrario, confuso, contradictorio, y desprolijo, tornándose inconstitucional de manera manifiesta.
No acreditaba el "desequilibrio financiero" al que aludía. No había fundamentos, ni motivos expresados. Además no se fijaban límites temporales para su vigencia, alterando la sustancia de la contratación de empleo público.
Se configuró una vulneración de la intangibilidad, e irrenunciabilidad del concepto jurídico de salario. En algunos casos las reducciones fueron confiscatorias.
Consideré que también era arbitrario y excesivo, con respecto a las facultades otorgadas al Gobernador por la Constitución Provincial.
Recordemos que apenas 15 días antes el Poder Ejecutivo había otorgado a toda la Administración Pública un aumento salarial general. Se observaba una contradicción flagrante.
Por ello el 14 de mayo me pronuncié por medio de la Resolución Nº 48/09, recomendando al Gobernador que reconsidere la medida, disponiendo la derogación por contrario imperio del decreto 80/09, o su anulación.
Finalmente el 22 de mayo el Gobernador corrigió el error, exceptuando a los docentes de los topes, en sintonía con la recomendación formulada por esta Defensora del Pueblo.
La emergencia financiera y el decreto 80/09 del Poder Ejecutivo Provincial
El 24 de marzo de 2.009 el Sr. Gobernador dictó el Decreto 80/09, que establecía a partir del 01 de abril de 2.009 que el haber máximo a abonar en el ámbito del "... Poder Ejecutivo Provincial y Sociedades del Estado Provincial..." no podía superar el sueldo del Gobernador.
Advirtiendo los vicios de la norma en cuestión inicié actuaciones de oficio.
A poco de estudiar el decreto, observé que era infundado, arbitrario, confuso, contradictorio, y desprolijo, tornándose inconstitucional de manera manifiesta.
No acreditaba el "desequilibrio financiero" al que aludía. No había fundamentos, ni motivos expresados. Además no se fijaban límites temporales para su vigencia, alterando la sustancia de la contratación de empleo público.
Se configuró una vulneración de la intangibilidad, e irrenunciabilidad del concepto jurídico de salario. En algunos casos las reducciones fueron confiscatorias.
Consideré que también era arbitrario y excesivo, con respecto a las facultades otorgadas al Gobernador por la Constitución Provincial.
Recordemos que apenas 15 días antes el Poder Ejecutivo había otorgado a toda la Administración Pública un aumento salarial general. Se observaba una contradicción flagrante.
Por ello el 14 de mayo me pronuncié por medio de la Resolución Nº 48/09, recomendando al Gobernador que reconsidere la medida, disponiendo la derogación por contrario imperio del decreto 80/09, o su anulación.
Finalmente el 22 de mayo el Gobernador corrigió el error, exceptuando a los docentes de los topes, en sintonía con la recomendación formulada por esta Defensora del Pueblo.
MEDIO AMBIENTE
COLECTORA- BARILOCHE
En reiteradas ocasiones nos constituimos en S. C. de Bariloche a los efectos de verificar el vuelco de líquidos cloacales crudos al lago Nahuel Huapi, actuaciones que datan de más de un año repitiéndose una situación que de manera urgente se debe corregir.
Lo expuesto fue realizado a pedido de organizaciones ambientalistas locales, quienes denunciaron la existencia de un sistemático desahogo de la colectora oeste, directamente en crudo al lago.
Se analizó la limitación de la planta depuradora prevista para 80.000 habitantes contra los 140.000 existentes. Lo cual pone de resalto que solo cabe la posibilidad de vuelcos constantes y programados para poder brindar el servicio a todos los residentes. No siendo -como cita el DPA- que nos encontramos ante "vuelcos excepcionales" para los casos de saturación del sistema en los días de lluvia o bien por cortes de energía eléctrica. Esto me recuerda lo dicho en otras oportunidades, y que me movió a realizar gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación, la situación energética de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Cuestión que debe ser prioritaria en la política energética provincial, esto es avanzar hacia la construcción de la Segunda Línea de abastecimiento a Bariloche, sea desde el anillo patagónico entrando por el sur o en paralelo a la existente (Alicurá - Bariloche), otorgando confiabilidad y calidad al servicio, evitando gran parte de los cortes que se suceden actualmente. Pasan los años y no se concreta la obra, manteniéndose una situación precaria para el desarrollo de la zona, que estaría en serio peligro de colapsar.
Siguiendo con el tema del vuelco de líquidos cloacales al lago, consta en nuestras actuaciones diferentes estudios de muestras tomadas en la zona, que exceden los límites permitidos de Esqueriquiacoli y coliformes; material fotográfico y videos recabado por nosotros, junto a otros aportados por los reclamantes que dan cuenta de la situación, todo lo cual pusimos en conocimiento de la Fiscalía actuante para su evaluación y consideración.
Entiendo que existen varios responsables en la problemática, y no se puede cargar toda la responsabilidad a la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (C.E.B.), concesionaria del servicio, debiendo instarse a los organismos de control y planificación para que tomen real carta en el asunto, creando un sistema de emergencia sustentable que impida los vuelcos del material referido.
Considero que necesariamente debe realizarse un plan de contingencia que contemple no ampliar la Colectora Oeste hasta tanto se resuelva la situación, la construcción de cisternas para recibir los líquidos mientras dure un evento puntual, como asimismo no se deberán habilitar medianos o grandes emprendimientos sin que presenten su programa de tratamiento de líquidos cloacales propios, entre otras medidas .
Deberán el Municipio, la Provincia y hasta el Estado Nacional, colaborar en la gestión y financiación de los fondos para la construcción de una nueva planta depuradora que reordene la situación y ponga fin a la cuestión.
Necesariamente se deberá replantear las responsabilidades de los diferentes beneficiarios del sistema en la tarifa, requiriendo un mayor compromiso de los emprendimientos comerciales a escala, en relación a los simples usuarios residenciales.
El artículo 41 de la C.N. declara que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" y exige: "que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo" continua luego "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho…", como se puede apreciar la propia constitución nos muestra el camino.
Nos encontramos analizando y evaluando como canalizar la situación si la respuesta institucional no llega, no descartando una eventual presentación judicial en defensa de los derechos colectivos de los vecinos de S. C. de Bariloche ante lo que considero una grave lesión al medio ambiente y un riesgo claro a la principal fuente de recursos de la zona.
RESUMEN EXPEDIENTE CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE DEL VALLE INFERIOR
El expediente sobre el Consorcio de Riego y Drenaje del Valle Inferior surge de una preocupación de los Productores Autoconvocados de San Javier. Los motivó los continuos aumentos en el canon de riego, que a su parecer fueron inconsultos e injustificados ya que el sistema de riego se veía en continuo deterioro.
Cabe recordar que dicho Consorcio esta intervenido por el Departamento Provincial de Aguas desde el 28 de Agosto de 2006. El DPA le asigno al Consorcio el mismo Interventor del IDEVI.
Recordemos que el Consorcio de Riego fue creado en el año 1999 según lo establece la Ley 2952 (Código de Aguas) y que tenía como objetivo que los productores manejen el agua, otorgándoles el gobierno del mismo.
Esta Defensoría tomo la denuncia el 24 de Febrero de 2009 (es decir luego de mas de 2 años de intervención), y como política habitual del organismo, salió a verificar el estado del sistema secundario y primario de riego del Valle Inferior, junto con un representante de los Autoconvocados idóneo en la temática por haber trabajo varios años en el mismo.
En la recorrida, que duro aproximadamente un mes y medio, se verificó que el sistema carece de elementos fundamentales para su seguridad, como para su correcto funcionamiento.
Constatamos que los sifones, amil, avios, módulos, marcos y compuertas, todos estos, elementos que conforman el sistema automático de los canales están deteriorados, haciendo que los sistemas de seguridad de los mismos, no funcionen, implicando un grave riesgo para los productores y sus tierras. Todos estos elementos están en tal mal estado que no cumplen su función. Falta de mantenimiento general en las banquinas, en algunos canales terciarios se observaron rajaduras de varios metros en las losetas, en la mayoría de los elementos advertimos mucho nivel de oxido sin sus correspondientes procesos de arenado y pintado antioxidante. Se observó que el sistema se mantiene con los requerimientos mínimos para asegurar el agua al productor. No se efectuaron mejoras, recambios completos ó a nuevo en estos años. Se abusó del parche y la reparación de lo viejo.
Hicimos una verificación exhaustiva, minuciosa y pormenorizada de las cuentas del Consorcio para conocer su situación financiera. Entre otros, los objetivos eran verificar el manejo de las cuentas de la intervención.
Durante nuestra investigación, se nos retaceó mucha información hasta la salida de Claudio Vidondo, lo que hizo nuestra tarea mucho más trabajosa. A partir de la Asunción del nuevo interventor, nos acercaron gran cantidad de material que nos costo procesar en forma responsable.
Cual era nuestro objetivo? Saber si el Consorcio se encontraba en este estado porque no tenía los fondos suficientes o los fondos existían y estaban mal direccionados. Para establecer un parámetro de comparaciones en cuanto a los requerimientos financieros y estructurales del sistema, se utilizó un estudio realizado por el propio personal del Consorcio junto con profesionales de la Universidad Nacional del Comahue en el año 2007.
Por el lado de los ingresos, se verificó que el "flujo de fondos" recibido por el Consorcio entre los años 2007 y 2008 no logro alcanzar lo requerido por el Presupuesto Ideal calculado en el Informe. Pero, dejo en claro que se podrían haber realizado un 76,86% de las tareas propuestas en el año 2007 y un 83% en el 2008. Estos porcentajes no se condicen con el mal estado del sistema de riego, concluyendo que se dedico mucho menos dinero del que podría haberse destinado.
Hacia dónde fue el dinero entonces?
En un análisis de varias partidas del gasto, se observa a partir del año 2007 una gran incorporación de personas (según testimonios reservados, serían todos enviados por el DPA). La mayoría de estas incorporaciones tienen una particularidad, y es que son contrataciones encubiertas, es decir son personas que presentan facturas de otras personas físicas ó jurídicas inscriptas en el régimen del Monotributo, para mantener mensualmente el equivalente a un sueldo. Estas contrataciones encubiertas están contenidas en la partida "Reparaciones Varias" en los gastos de Taller Mecánico. A su vez, encontramos empleados de Planta Permanente que facturaban servicios al Consorcio. Advertimos a lo largo de nuestro análisis que existió una disponibilidad total por parte del Ex Interventor respecto no solo de los bienes de la organización sino de sus recursos humanos, obviamente este resultado es la consecuencia de que, el que tenia que controlar IDEVI, es la misma persona que el controlado, Consorcio. Porque recordemos que el Sr. Vidondo era el Interventor del Consorcio y a su vez el interventor del Instituto.
Un rubro que insume muchos recursos es el referido al consumo de combustible. En las planillas que registran su uso se detectó que existen varios vehículos y maquinarias que no son del Consorcio y extraen combustible a cuenta del mismo, pertenecientes al IDEVI, DPA, y otros. También aparecen consumos de vehículos del Consorcio pero que de hecho son utilizados por personal del IDEVI (Ford Ranger). Cabe aclarar que se detectaron innumerables falencias en la confección de las planillas de registro, no pudiendo identificar en algunos casos claramente el vehículo o maquinaria que cargó el combustible.
En los gastos de Taller Mecánico, otro rubro que insume una gran cantidad de recursos, no se cuenta con una planilla de reparaciones por vehículo. Es casi imposible verificar los repuestos incorporados y las reparaciones realizadas a cada vehículo o maquinaria particularmente. Encontramos facturas donde figuran reparaciones realizadas a vehículos que no son del Consorcio (presumiblemente del IDEVI), y cuantiosas reparaciones a una camioneta del Consorcio que es utilizada por el IDEVI (Ford Ranger).
En los gastos de Herrería y Tornería aparecen reparaciones a organismos y personas distintas al Consorcio que no tiene como correlato su aparición en los Ingresos por Servicios de Terceros.
En la partida Gastos Generales aparecen facturaciones de la Sra. Amanda Núñez, por servicios de "confección, corrección y diagramación del Boletín Informativo" .Este Boletín informativo es realizado por personal del Área de Comunicación y Prensa del IDEVI. La dirección fiscal de la prestadora del servicio, es la misma que la actual residencia del ex Interventor. La inscripción en el régimen al Monotributo se produjo poco tiempo antes de la primera factura presentada al Consorcio.
Además de otras consideraciones realizadas en el Informe, queremos destacar que los balances del Consorcio fueron auditados oportunamente en forma externa, pagándose por esta auditoría una importante suma de dinero. Esta tarea de auditoria no encontró falencia alguna en los balances. Cabría resaltar que quien ofició de auditor externo, es el Sr. Mario A. Francioni, hermano del Sr. Antonio Francioni, actual Intendente General de Riego del DPA. La función de este último es la de ser el nexo entre el Superintendente General del DPA y el Interventor del Consorcio de Riego del Valle Inferior.
Hay muchas irregularidades, más material probatorio, que hoy me veo inhibida de divulgar ante esta Honorable Cámara, para no perjudicar la estrategia procesal que estamos siguiendo. A su debido tiempo, estas actuaciones serán enviadas a la justicia para que investigue.
La devolución del Consorcio a los productores es algo que no merece ya más dilación en el tiempo. Habiendo transcurrido más de 3 años, la intervención de esta organización esta vulnerando el verdadero sentido de autonomía y democracia en el manejo del agua de riego, en la que se fundó, cuando fue concebida su creación por el legislador.
LA SITUACION DE LA OBRA PÚBLICA
Los constantes reclamos y requerimientos que esta Defensoría ha recibido respecto a las necesidades de obras de mejora en edificios afectados a los servicios sociales y obras de infraestructura básica para sectores de menores recursos nos llevan a preguntarnos: Cómo se define la obra pública en Río Negro? Quién determina los proyectos y prioriza su ejecución? La obra pública, se realiza en función de las necesidades reales de la gente o en función de acuerdos políticos y sectoriales según el peso y la oportunidad de cada sector? O lo que puede ser peor aún, se determina en función de acuerdos corporativos con las empresas contratistas?
Si se utiliza cualquiera de estos mecanismos de distribución, separados o en conjunto, no cabe duda que se abre el camino a una aplicación, cuanto menos, arbitraria de los recursos públicos y se desemboca, irremediablemente, en la corrupción administrativa.
Distribución de los recursos públicos y asignación de las obras a las empresas contratistas son dos temas que requieren una respuesta concreta a la gente.
La distribución de los recursos tiene que ver con el plan de gobierno y si su ejecución no es la correcta tendrá una condena política, pero si la contratación de las empresas no está en concordancia con la ley entonces la condena debe ser la que la ley impone.
La pregunta inmediata que le surge a esta Defensora es: Se está cumpliendo con la ley de Obras Públicas? Hablo del cumplimiento real y leal de la ley y no de su utilización para hacer parecer prolijos los acuerdos de los funcionarios del Gobierno con los empresarios .
La Ley 286 fue creada con el fin de dar trasparencia a la adjudicación y ejecución de las obras públicas, a la determinación de sus costos y a la calidad de las mismas. Pero las distintas modalidades "sui generis" que se fueron incorporando con el paso del tiempo han transformado esta ley en una mera formalidad.
Estas consideraciones nos hace pensar, a priori, que es necesario volver a la aplicación plena de la Ley de Obras Públicas, y esa es una de las principales tareas que vamos a realizar en este año que se inicia.
Quiero que lo expuesto sea tomado por el Gobernador Saiz como una recomendación expresa, de esta Defensora del Pueblo. Y si comparte mis dudas, lo invito a que sea él quien lleve el desenvolvimiento de la Obra Pública en Río Negro a la Justicia, para que se investigue y se revise. Nosotros desde luego haremos nuestro aporte, con la prueba que tenemos, y el entrecruzamiento de información y datos a lo que estamos seriamente abocados.
SITUACION DE LA POLICIA DE RIO NEGRO.
Las distintas irregularidades que afectan el desempeño de la Institución Policial las vengo denunciando desde el inicio de mi gestión en Setiembre de 2006, en especial las violaciones a los derechos humanos (está todo documentado en los informes anteriores y puede ser consultado en la página web de la Defensoría del Pueblo, www.defensoriarionegro.gov.ar).
Destaco la Recomendación formulada al Sr. Gobernador de la Provincia con fecha 27 de Mayo de 2008 mediante Resolución Nº 83/08 "DPRN", ignorada por completo.
Además denunciamos las irregularidades y disfuncionalidades dentro de la fuerza al Auditor General de Asuntos Internos y al Ministro de Gobierno, sobre lo que nunca tuve respuesta.
La designación del Comisario Yves Vallejos como titular de la Unidad Regional V de Cipolletti pareciera ser una demostración más de poder, no cayó bien en la comunidad, la que cuestiona su desempeño en la investigación del Primer Triple Crimen y en el caso Otoño Uriarte.
Tampoco cayó bien en la comunidad la expulsión de la Fuerza del Oficial Gabriel Ormeño, por colaborar en una investigación judicial sobre proxenetismo y trata de personas, con policías involucrados.
"El caso de Ormeño no tiene parangón. Exhibe además de un increíble abuso de autoridad por parte de la Jefatura de Policía que conocía la decisión jurisdiccional de comisionarlo, una conducta que es factible de considerarse penalmente reprochable y respecto de la que solo pecando de muy ingenuo podría pensarse que no busca bajar líneas como comúnmente se dice… No es posible que el Jefe de la Policía no tenga en claro que un funcionario policial no puede oponerse a una decisión jurisdiccional y, que de hacerlo, no tiene otra vía que la de cuestionarla en el ámbito correspondiente. Ormeño está imposibilitado de incumplir la orden de la Juez, como también Cufré no puede en modo alguno oponerse por vías de hecho a que aquel cumpla con el mandato policial. Esto es algo muy elemental. No registro casos en que se haya seguido una línea de acción como la que se postula desde la Jefatura de Policía; ni siquiera durante la última dictadura militar… (fdo) Gustavo Adrián Martínez (Auditor Judicial General).".
Esto es parte del escrito de denuncia penal contra el Jefe de la Policía Provincial, destaco que el mismo se encuentra involucrado en una nueva causa penal, denunciado que fuera con fecha 30 de enero de 2009 por el ex Auditor Judicial General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Martínez. actuaciones que tramitan en el Juzgado de Choele Choel.
Desde la Defensoría de Pueblo hemos dicho que la Policía debe estar sometida al control de los representantes del gobierno republicano.
Le hemos pedido al Gobernador reiteradamente que conduzca la Policía a través de su Ministro de Gobierno.
Contrariamente el nuevo Ministro de Gobierno se muestra muy comprometido con el Jefe de la Policía. Y por lo que podemos ver a través de la prensa pareciera ser la policía, la única área a su cargo, cuando es responsable de otras muy importantes, totalmente abandonadas y funcionando gracias al compromiso de su personal. Queda perfectamente claro que, al igual que el resto de las autoridades en materia de seguridad, están comprometidos, reitero, con una estrategia de seguridad que es gestada, que es diseñada, desde la Jefatura de la Policía. Cuando debería ser precisamente al revés. Todas las decisiones relacionadas con la seguridad, la prevención del delito y los derechos humanos surgen de la propia estrategia del jefe de la Fuerza. Con los pobres, magros resultados que están a la vista.
El jefe de la Policía en el caso Vallejos y Ormeño reincide en sus demostraciones de poder, desafía en el primer caso, nuevamente a la sociedad Cipoleña como lo hizo en el caso de Ana Zerdan, donde terminó involucrado en un proceso penal relacionado con su actitud proteccionista hacia Aguirre , uno de los principales sospechosos del asesinato de Ana. Entre otras cosas, haciéndolo comer en la mesa principal junto a él, y prevista también para el Ministro de Gobierno y el Gobernador, frente a cientos de personas, un ocho de diciembre hace poco más de un año en San Antonio Oeste.
Sabemos que la Policía de Río Negro tiene respuestas pendientes sobre muchas muertes de jóvenes rionegrinos en sus calabozos, generalmente los días feriados. Voy a reservarme las identidades de estas personas, pero esto no va a impedir que ponga a consideración de los Sres. Legisladores, esta desagradable información:
- Febrero de 2007. Dos jóvenes, a minutos de su encierro, mueren quemados en la Comisaría de Mainqué .
- Junio de 2007 Un joven apareció muerto en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma.
- Julio de 2007. Un trabajador rural murió quemado en Comisaría de Cervantes.
- Junio de 2008. Un joven muere en la Comisaría 21 de Gral. Roca (aparente suicidio con el cinturón).
- Octubre de 2008, Un interno muere asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2 de Gral. Roca.
- Octubre de 2008. Muere un Joven de 17 años en la Comisaría Tercera de Gral. Roca (aparente suicidio).
- Junio de 2009. Muere una joven de 23 años en un calabozo de la Comisaría Tercera de Gral. Roca (aparente suicidio)
- Julio de 2009. Joven de 26 años muere ahorcado en un calabozo de Lamarque (presunto suicidio)
- Agosto de 2009. Muere un hombre de 28 años en la Ex Alcaidía de Gral. Roca (supuestamente por un facazo).
- Enero de 2010. Un joven de 21 años muere ahorcado en un calabozo en la Comisaría Primera de Viedma (aparente suicidio).
Detenidos circunstanciales, en su gran mayoría por contravenciones, no procesados. Ni hablar de la cantidad de jóvenes a lo largo y a lo ancho de la provincia sometidos a golpizas con lesiones graves que dejaron su marca y la Policía sigue pegando. Todo lo que digo esta documentado.
Recordemos también en Octubre de 2006 la muerte de un joven baleado por la Policía en su propia casa, en Valcheta.
La novedad en el informe de este año es la presunta violación o abuso de una joven de 14 años en la comisaría de Guerrico, a manos de dos uniformados.
Los presuntos responsables "Están apartados del servicio en la zona de Guerrico, pero están trabajando en la zona de Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia. Por razones precautorias se los apartó..." (dijo el Jefe Cufré).-
Luego las declaraciones del Ministro Larreguy: "Cuando el juez penal se expida respecto de la culpabilidad tomaremos una definición". Confirmando que la única sanción para los supuestos violadores fue el traslado... Sin comentarios.
No se trató igual, con la misma fuerza sancionatoria, con el mismo criterio a los dos policías que supuestamente sustrajeron una cartera en un pool de Viedma el pasado 26 de enero. Estos fueron desafectados de la Fuerza a través de sendas Resoluciones del entonces Secretario de Seguridad y Justicia "por la aparente comisión de un hecho ilícito".
Quiero destacar sólo dos casos de apremios ilegales de los últimos sobre los que estamos trabajando (están las correspondientes autorizaciones para suministrar las respectivas identidades).
Uno el de Daiana Allapán, la joven de 20 años que en junio de 2009 terminó internada en el Hospital Zatti de Viedma a causa de una brutal paliza que le habrían propinado efectivos policiales a la salida de un boliche. La joven perdió varias piezas dentales, y sufrió fractura de maxilar por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y le colocaron una prótesis.
La respuesta de la Jefatura sobre este hecho contrasta absolutamente con la realidad:
"Queda debidamente establecido que este Comando Superior, no tolerará ningún hecho de vehemencia injustificada que pudiera comprometer el normal funcionamiento de nuestra Institución; prueba de ello lo constituye el total compromiso institucional de capacitar e inculcar los fundamentos esenciales establecidos en las normas nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos (fdo). Crio. Víctor Cufré. Jefe de la Policía".
El otro más reciente, también en la ciudad de Viedma:
Un joven de 18 años no falleció de milagro. Fue literalmente acribillado a balazos con municiones de goma por dos efectivos policiales el pasado 23/01/10. Provocado por los uniformados cuando se encontraba en una esquina con otros jóvenes, recibió primero un cabezazo, luego un disparo en la pierna, culatazos de Itaka, más disparos a quemarropa y ya en el suelo una brutal paliza. Su madre embarazada trató de impedir que le siguieran pegando y también recibió un culatazo en la cabeza. De no haber sido por la presencia de testigos, "lo hubieran asesinado" coincidieron la víctima, la madre y los testigos. Los efectivos están identificados pero siguen trabajando como si nada hubiera pasado.
Quiero que los señores Legisladores observen la cantidad alarmante de presuntos suicidios que ocurrieron en estos últimos años, en algunos casos según se argumenta con el cordón de las zapatillas, con el cinturón, con el encendedor. Si fuera así es indiscutible que fallaron en la obligatoria requisa. En el cuidado y vigilancia que deben ejercer durante la detención, según lo impone el Reglamento de Unidades de Orden Público de la Fuerza Policial, Decreto Nª 2248/93 (BO 07-03-94). El que claramente expresa:
"Art. 31 - La Oficina de Guardia… tendrá las siguientes tareas:
ch.Informarse en todo momento de la situación de los demorados y detenidos alojados, recibiéndolos cuando ingresen en la Unidad, identificarlos, registrarlos y controlarlos directamente con el fin de verificar su estado de salud y el de los alojamientos, siendo los responsables directos de su guarda y custodia interna, por lo cual en forma permanente se cerciorarán de su seguridad y buen trato, recorriendo sus alojamientos y efectuando todo tipo de tareas con los mismos con el mayor celo y seriedad".
El incumplimiento de esta obligación objetiva debería importar una inmediata sanción, de la que se deben hacer cargo el Jefe de la Policía y el Ministro de Gobierno, independientemente del trámite a cargo del juez penal.
Sería bueno que el Ministro explique qué pasó con los responsables vinculados con estos hechos desgraciados. Lo único que sabemos es que se habría iniciado algún sumario interno, pero es necesario saber qué sanciones concretas se impusieron, cuántos fueron cesanteados o exonerados, de entre aquellos policías que estaban a cargo del cuidado de los fallecidos.
PRORROGA DE LOS CONTRATOS PETROLEROS
Si analizamos lo que sucede con el sector hidrocarburífero de nuestra provincia, nos encontramos con otro caso paradigmático. La prorroga de las concesiones de explotación. Se llegó a entrever la posibilidad de hacerlo por Decreto de Naturaleza Legislativa. Inmediatamente nos preguntamos ¿donde esta "la necesidad y la urgencia" de renegociar contratos con vencimientos que empezaran a operar recién en el 2015? ; Para encuadrar con el art. 181 de la Constitución Provincial, ¿donde se encuentra la "amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos"?.
No es necesario profundizar al respecto pero aseguro a este auditorio que si son dictados, esta Defensora del Pueblo los recurrirá judicialmente.
Sabiendo del poco futuro que posee un Decreto de Naturaleza Legislativa frente al artículo 79 de la Constitución Provincial que establece "Los yacimientos de gas, petróleo... en el territorio provincial y en la plataforma marítima son bienes del dominio público provincial. Su explotación se otorga por ley...", el Sr. Gobernador, afilo un poco más el lápiz, y sabemos que ronda los pasillos un borrador de Proyecto de ley.
Tengo ese borrador, una mala copia, retocada, de la Ley de renegociación aplicada por Neuquén, Ley N° 2615.
Dicho borrador delega en el Poder Ejecutivo toda la renegociación de los contratos a partir de un modelo de contrato "marco" en el cual no constan las cuestiones esenciales, para finalmente "poner en conocimiento" de esta legislatura su resultado, la cual no puede opinar al respecto, solo archivar una copia.
No está demás decir que dicho proyecto, que no dudamos esta legislatura rechazará, si es sancionado le cabe la máxima impuesta por el art. 29 de la Constitución Nacional (aplicable conf. el Art. 1 de la Nuestra), que me voy a tomar el tiempo para leerlo completo "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
Circunstancia que ocurriría aquí si se lo faculta al gobernador a disponer de bienes del dominio público, por decreto y sin intervención de la legislatura, en un área que como sabemos resulta sensible a los intereses de todos los rionegrinos.
Ya en años inmemoriales la comunidad internacional comprendió a través de Montesquieu que la división de poderes no es un sistema para gobernar mejor, sino la respuesta a la enseñanza histórica de que todo poder concentrado es poder tiránico. Que para detener la tiranía hay que dividir al poder político en su ejercicio
Dichos principios son coherentes con el sistema que establece la división de poderes y toda alteración de esa división produce un desequilibrio que altera el sistema constitucional.
Ello ocurre con el ejercicio de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo si ese ejercicio no está limitado a las excepciones estrictas establecidas por la Constitución.
Queda en las manos de esta Legislatura la decisión que se avecina.
A pesar de lo dicho anteriormente, me quiero explayar sobre algunas cuestiones que han salido a la prensa como argumentos para incentivar y apresurar estas renegociaciones y prorrogas que también se pueden ver en el mencionado borrador.
En estos fundamentos encontramos claras falencias que nos llevan necesariamente a cuestionar las intenciones del Sr. Gobernador de la Provincia.
Se afirma, sin más, que los vencimientos de las concesiones operan recién a partir del año 2015, pudiendo haber casos del 2020, no se sabe.
Se hace alusión a que la declinación de los volúmenes de petróleo y de la producción de gas natural que ocurren tanto a nivel nacional como provincial, llevarían –a su entender- a la necesidad de prorrogarlos para estimular programas de inversiones, y promover la exploración de otros niveles de los yacimientos de las aéreas.
Remata afirmando, sin ninguna prueba teórica y práctica, que las amortizaciones financieras de las inversiones del sector hidrocarburífero tienen un horizonte de largo plazo que se extiende superando el vencimiento de las concesiones.
Todas estas afirmaciones, además de ser abstractas, no son respaldadas con datos técnicos – profesionales- o por lo menos, nos lo negaron-.
Se intenta confundir expresando que las empresas necesitan para invertir, un periodo más extenso que el de su concesión, ya que el período de amortización y recupero de las mismas no baja de los 4 años.
Aclaremos que en las concesiones de explotación solo son necesarios de 1 o 2 años para que las inversiones maduren. Situación distinta es cuando se habla de exploración. No solamente hay que hacer esta distinción, sino también hay que tener en cuenta si la inversión es hundida o no, es decir en infraestructura o en equipos móviles, ya que si la concesión no es renovada, la empresa en este caso puede llevarse todos los equipos móviles y cosas muebles.
Se dicen verdades a medias, cuando se quiere hace creer que la única, o la más importante, variable que influye en el volumen de producción de hidrocarburos es la inversión. Hay que informar que la extracción es más dependiente del precio de venta que de cualquier otro factor. No así, repito, la Exploración.
Hoy en día, el ejecutivo tiene, como tuvo los cuatro años anteriores todas las herramientas para que las empresas cumplan con sus compromisos y obligaciones, tanto de inversión, como ambientales a partir de la Leyes vigentes y que viene al caso citar (Nacional de Hidrocarburo (Ley 17.319), la denominada Ley Corta (Ley 26.197) y la Ley Provincial N° 4296.
Es responsabilidad del Ejecutivo controlar y aplicar las sanciones pertinentes a los incumplimientos de las concesionarias. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo informar al pueblo de esos incumplimientos y respetar la ley en el sentido de que si fueron constatados, limitan la posibilidad de las prorrogas, tal lo establece expresamente la Ley.
Estamos ante una gran decisión, la que recae en el señor Gobernador y en esta Legislatura. Las acciones que hoy se tomen van a repercutir por más de 20 años. Y esto no es solo una mera enunciación.
Consideren Sres. Legisladores que en el año fiscal 2009 la Provincia recaudó $286 millones de pesos en Regalías Hidrocarburíferas que tuvieron como destino los Municipios y la Administración Central. A esto hay que sumarle los ingresos por servidumbre, canon y daños derivados de tal actividad.
Porque se dice que es un recurso valioso? Considerando el precio promedio anual del petróleo obtenido por las concesionarias en sus Ventas al Mercado Interno en Río Negro a Septiembre de año 2009 ,último dato publicado por la Secretaria de Energía de la Nación, se obtiene una valuación de nuestro recurso, para ese mismo periodo, de $2.457 millones de Pesos. Realizando el mismo cálculo para el Gas, el valor da $833 millones de Pesos. Si los sumamos estamos hablando de $3.290 millones de Pesos.
Este número debe ser evaluado y comparado en el contexto actual, donde nuestra deuda provincial asciende a $3.710 millones de pesos y el último presupuesto ejecutado fue de $4.036 millones de pesos.
Solo observando estas dos realidades, cae de maduro cuan valioso es el recurso que yace en nuestro suelo.
Sabemos que Neuquén renegoció con YPF un pago Inicial por única vez de U$S 175 millones de Dólares, comprenderán entonces uno de los motivos de este arrebato desenfrenado. Pero la salvedad, es que en nuestro caso, en vez de ser destinado para equipamiento y obras de infraestructura como lo dictaminó la Provincia vecina, el 50% de este fondo puede ir a gastos corrientes (Art. 3 del Proyecto Ley Borrador). Si se sancionara el proyecto de Ley tal cual lo habría redactado el Sr. Gobernador lo estaríamos facultando a negociar discrecionalmente las sumas devenidas de la extracción del recurso y su aplicación, permitiéndole salvar graves deficiencias de gestión dilapidando nuestros recursos hidrocarburíferos estratégicos y no renovables.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Ley 17.319 de Hidrocarburos (art. 31 y 32)
Art. 31. — Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas.
Art. 32. — Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 22 (un vez culminada la etapa de exploración, la empresa deberá manifestar su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación) y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 33.
Ley Corta N° 26.197
ARTICULO 6º — A partir de la promulgación de la presente ley las provincias, como Autoridad de Aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas, entre otras materias, para: (I) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; (III) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y (IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos).
Las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente emergentes de la Ley Nº 17.319 y su reglamentación.
LA CORRUPCION
Ratifico lo que ya dije en mi informe anterior ante esta Legislatura: en este Gobierno hay corrupción. Hemos hecho denuncias, aportado gran cantidad de prueba. En su mayoría documental fehaciente, colectada por el Organismo luego de mucho trabajo. Pero, como estamos hoy?, Hoy nuestro sentimiento es de sospecha. Estamos, dadas las respuestas recibidas ante los hechos planteados, sospechando sobre la posibilidad de que exista una estrategia montada a fin de no permitirnos desentrañar toda la verdad. Y tenemos derecho a sospechar, claro que lo tenemos como todos los ciudadanos rionegrinos lo tienen. Las razones que dan origen a tal sensación las pasaré a describir, circunstanciadas en algunos de los casos que considero emblemáticos.
SARTOR DANIEL S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO" EXPTE. Nº 42231/09 Juzgado de Instrucción Nº 2 –Viedma.-
1- Se inicia un pedido de investigación ante el Presidente de la Legislatura en un todo de acuerdo con lo que establece la ley 3550 de Ética en la Función Pública por presunto "Crecimiento Desproporcionado del Patrimonio" del Legislador.
2- Se sustancia el expediente en la Legislatura, que en su dictamen final gira las actuaciones al Fiscal de Investigaciones Administrativas.
3- Desde la presentación en la Legislatura, dejamos pasar un tiempo prudencial, aproximadamente seis meses, e hicimos la presentación por presunto Enriquecimiento Ilícito ante la Justicia Penal.
4-El Fiscal de Investigaciones Administrativas decide archivar las actuaciones considerando que el crecimiento desproporcionado no existe y que los bienes que posee el funcionario los adquirió antes de ingresar a la función pública en el año 1995. Pese a la abultada documental aportada por nosotros de donde surgen fehacientes, las fechas de las escrituras públicas y de las inscripciones en los Registros de la Propiedad Inmueble, el Fiscal Berraz sustenta como prueba del archivo, pretendiendo deslegitimar nuestra jerarquía documental, boletos de compraventa sin fecha cierta y declaraciones testimoniales que no servirían ni como fundamento de una prescripción adquisitiva, usucapión.
5-En la tramitación de la causa penal, el Juez Reussi manda la actuaciones a la justicia Federal tomando como fundamento de esa competencia los cuatro meses que el funcionario se desempeño en Capital Federal contra los 15años de desempeño en la Provincia.
6-El Fiscal Ricardo Falca apeló esta resolución del Juez Reussi y logró un fallo de la Cámara que ordenó al Juez, investigar al Funcionario dada su incuestionable competencia. para el abocamiento.
7-Con relación al archivo administrativo, que dictaminó sobre la inexistencia de crecimiento en el patrimonio de Sartor después de su ingreso a la función pública, esta Defensora del Pueblo, intento a través de dos solicitudes bajo los Nº de notas 2456/09 y 2490/09 conseguir que el Fiscal de Investigaciones Administrativas Dr. Berraz le facilite la documentación que sirvió como sustento de su resolución.
8- Ante la negativa reiterada e infundada. Apelando la Defensora a lo que claramente establece el art. 11, Inc. K de la ley 2756 le pide al Juez Penal en turno, libre orden de allanamiento contra la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de poder secuestrar la documentación que era negada por su titular.
9- El juez, procede a dictaminar en forma negativa al pedido de allanamiento. Pero no brinda ninguna otra alternativa para que éste Órgano de Control pueda hacerse de dicha información.
10-Esta resolución del Juez Reussi , la apelamos y hace pocos días la Cámara elevo las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia considerando que dicho Tribunal es el que debe resolver y en su caso, mandar (Mandamus) al funcionario renuente a cumplir con la ley B1829 ,que regula el acceso a la información pública en la Provincia.
11-Porque queríamos esa documentación ? porque a nuestro criterio la resolución de archivo tiene todos los defectos para ser catalogada como nula de nulidad absoluta y debíamos avanzar en el planteo contencioso administrativo , cosa que igual hicimos, con los elementos que teníamos. Seguiremos adelante con esta cuestión porque creemos fundamental transparentar la verdad de los hechos.
CASO FLAVORS
AUTOS: DRA. ANA PICCININI S/ DENUNCIA" EXPTE. 730/08.-.
1-Entre las primeras medidas, se solicitó al Juez Funes pusiera una faja para impedir el acceso al establecimiento por parte de los dueños de la empresa a fin de preservar toda la materia prima , allí depositada, de la cual aún hoy no se conoce el origen , medida que jamás se tomo. Debo aclarar que el grupo MATAS en tres oportunidades intentó ingresar a la planta de Conesa y gracias a la custodia permanente de los trabajadores y la celeridad del agente fiscal Dra. Daniela Zagari, se pudieron preservar los elementos probatorios.
2-El Juez Funes durante el Secreto del Sumario impuso al abogado de la empresa de distintas medidas y diligencias realizadas y a realizar a través de cédulas de notificación.
3-Ante tamaña irregularidad, la Defensora del Pueblo pidió el juicio político del Juez por Mal Desempeño.
4-El pedido de Juicio político que tuvo un procedimiento totalmente irregular, inédito, postergando permanentemente la traba del mismo por parte del sumariante designado, alegando que no podía notificarlo porque no lo encontraba. En ese momento el Juez Funes estaba con licencia por enfermedad y la solución a tal cuestión alegada por el sumariante estaba en la última reforma del reglamento Interno del Consejo de la Magistratura el que fue ignorado.
5-El pedido de Juicio Político al Juez Funes que luego amplié por nueva violación al secreto de sumario y agudización de la demora a favor del Ministro Alfredo Pega , termino mandándose al archivo.
6-Al poco tiempo sin reintegrarse a sus tareas, las que interrumpe cuando esta Defensora le inicia Juicio Político, el Juez Funes renuncia y la renuncia le es aceptada, en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio.
7-A días de ocurrido este acontecimiento político-jurídico, el Superior Tribunal de Justicia advierte retrasos y disfuncionalidades en el juzgado del juez Funes alegando que hay 200 expedientes atrasados e iniciando sumario a los Dres. Daniela Zagari y Ricardo Falca. Llamativamente a la Dra. Zagari que es la fiscal de grado que promovió acción penal contra los ministros del Poder Ejecutivo Verani, Uría y Pega; y contra la Legisladora Gutiérrez y los empresarios Matas y Bicchi. Y el Dr. Ricardo Falca es el Fiscal que promovió acción penal por Enriquecimiento Ilícito contra el legislador Sartor.
8- La Cámara de Superintendencia de la Primera Circunscripción Judicial, Sala A, elevó con anterioridad a estos acontecimientos al STJ un frondoso expediente que cuenta con severos señalamientos de disfuncionalidades en el Juzgado del juez Funes. Este detallado expediente fundado en casuística, que también estuvo a consideración del Consejo de la Magistratura solo alcanzó a conmover la voluntad sancionatoria del STJ al punto de una sanción denominada "Llamado de atención" creación "sui generis" del más alto Tribunal desconocida por el derecho positivo vigente. El Consejo de la Magistratura por mayoría ignoró lo que marcó el Tribunal de Superintendencia. Con toda esta información se contaba antes de la renuncia de Funes.
9-Se nos esta negando en primera instancia la posibilidad de presentarnos en esta causa Flavors como querellante, en defensa de todos los ciudadanos rionegrinos que comieron estos alimentos. Se pretende asimilar y suplir nuestra presencia en el juicio dada la presentación en el mismo, del Fiscal de Estado que se constituyo en nombre del Estado rionegrino. Nada más alejado de la realidad y del derecho. Apelamos esta decisión ante la Cámara, si nos niegan la posibilidad allí planteada, vamos a pedir ser testigos en la causa por los alimentos. Nadie sabe más de esta causa que este organismo de Control.
Además de lo hechos expuestos que fundan las razones que dan origen a nuestras sospechas, a lo largo de nuestras investigaciones en el tema provisión de alimentos para los planes sociales en la Provincia de Rio Negro, advertimos que también existen llamativas coincidencias.
Coincidencias que creo, la justicia debería investigar.
En el tema provisión de Alimentos, planes alimentarios, a lo largo de los años en esta Provincia, la coincidencia es que son siempre los mismos los beneficiarios del mercado casi cautivo y siempre los mismos los decidores institucionales que hacen recaer en estos empresarios los contratos y las licitaciones.
ROCAFE
La empresa en cuestión nace en Gral. Roca y su actividad principal era tostadora de café. Cualquiera de los presentes oriundos del Valle recordarán el aroma a café que sentíamos al pasar por esas instalaciones.
La primera en existir fue Rocafé S.R.L. nacida en el año 1961.
Aparece en el año 1972 la sociedad denominada Establecimiento Libertad S.A.
En ese año el paquete de cuotas de Rocafé pasa a integrar Establecimiento Libertad S.A.
En l973 cambia la denominación y vuelve a ser Rocafé pero ahora como S.A.
En el año 1990 se hace la adecuación a la L 19.550.
A lo largo de los años los socios de la empresa fueron cambiando.
En el año 1995, Daniel Alberto Sartor asume como Subsecretario de Acción Social de la Provincia de Rio Negro.
Es a partir de allí donde podemos marcar que durante años esta empresa, contrató con la Provincia en el rubro alimentos casi con exclusividad en las grandes compras.
Las personas que representaban a la Provincia con poder de decisión para la adjudicación de estos contratos eran, las que continuaron a través del tiempo, en los distintos períodos y continúan aún hoy.
En nombre y representación de la empresa Rocafé actuaba el Sr. Daniel Fernández. No solamente proveían a la Provincia de los alimentos para los planes sociales, sino que además instalaban máquinas de Café que fueron distribuidas en todos los organismos públicos provinciales a través de contrataciones mensuales de importantes montos por máquina. También, de nuestras investigaciones surge que la empresa Rocafé fue adjudicataria de la provisión de mercaderías para el Programa Nutricional PRANI implementado en la Provincia a través de un convenio que firma con Nación. El gobierno nacional subvencionó el programa infantil PRANI. El Expte. Nacional era el Nº 9392/99 y por una suma de $92.000 (dólares).El compromiso de la Provincia radicaba en armar con ese dinero 5.500 módulos de acuerdo a lo pactado para el programa infantil PRANI. Este programa en su momento fue auditado por Nación con dictamen negativo.
En 1998 de acuerdo a nuestras verificaciones, aparece una inhibición general de bienes sobre Rocafé .El juicio en el marco donde se ordena esta inhibición, era una demanda ejecutiva por parte del Banco Central de la República Argentina.
Ante esta situación y con una medida cautelar Rocafé habría seguido negociando con la Provincia sin caer del Registro de Proveedores del Estado .En su última aparición pública Rocafé, compite para el abastecimiento de los alimentos con la empresa MASILY S.A en la licitación 33/99expte N° 89255-S.P.A-99 .Esta última, en esta licitación hace su primera aparición pública; lo llamativo que surge incontrastable del análisis de la documental, es que Rocafé compulsa contra Masily en esa Licitación, ofreciendo productos alimenticios de Masily. Es decir una Empresa que compulsa con otra para mantener el mercado de provisión de alimentos para planes sociales en toda la provincia, ofrece para "ganarle", los alimentos de la otra que recién ingresaba en la Provincia. La licitación tiene como ganadora a Masily.
En la siguiente licitación en que se presenta Masily para la provisión de alimentos, el representante de esta nueva empresa proveedora que viene de la provincia de San Luis es… el Sr. Daniel Fernández. El mismo Daniel Fernández que representaba a Rocafé. Ante la apertura del Concurso de Acreedores de Masily en San Luis y su potencial caída del Registro de Proveedores del Estado de nuestra provincia, se inscribe en el Registro Proveedores de la misma, una nueva empresa: Flavors y Cia S.A. También proveedora de alimentos preelaborados. La coincidencia es que los alimentos que ofrece se encuentran registrados a nombre de Masily.
Quien es el representante de Flavors en la Provincia de Río Negro? El Sr. Daniel Fernandez, el mismo Daniel Fernández que representó a Rocafé y luego a Masily. Repito ahora a Flavors.
Otro dato importante es que Masily juntamente con Flavors conforman dos de las empresas del grupo Matas.
Es relevante hacer notar que de nuestras investigaciones surge que la empresa Rocafé, Masily, Flavors y la transportista de los hermanos Calabozo compartieron, durante años en Gral. Roca, las mismas instalaciones: Tucumán Nº 2334.
Quien es el Sr. LUIS RAMON MESTRES?
Un anciano de 83 años, de escasos recursos económicos que viene a presidir el directorio de Rocafé. También se lo supo ver en un listado de empresarios de Uruguay. Este señor pudimos investigar, era una persona que se dedicaba a la gestoria en Capital Federal. Tenemos constancia que vino a Gral. Roca una sola vez.
Quien es el Sr. SERAFIN CEFERINO LOPEZ?
Un anciano con las mismas características de Mestres, que vive en un humilde barrio de la Provincia de Mendoza, según pudimos constatar y que figuraba como integrante del Directorio de la empresa Flavors en Mendoza.
Queda mucho por delante en esta causa que considero una de las más importante en trámite, porque se trata de dilucidar quienes fueron los responsables de haber dado de comer por años alimentos a las personas de menores recursos, alimentos de mala calidad, carentes de nutrientes y de higiene y de los cuales hoy desconocemos su origen y desconocemos las consecuencias que en la salud pudieron haber provocado en estos consumidores.
Reitero llamativas coincidencias que profundizan las sospechas.
Causa: "DEFENSORA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA (GASTOS PASAJES OFICIALES)
Esta causa que tiene por objeto desentrañar la existencia efectiva de los viajes de personas indigentes a la ciudad de Buenos Aires, dado la exagerada cantidad de pasajes emitidos y los montos invertidos en este rubro por el Ministerio de Familia, tiene dos situaciones profundizando la sospecha desde su inicio.
1.-La presentación se realiza el día sábado 06/12/08 por la mañana ante el Fiscal en turno.Es tan completa la denuncia en lo que a la justificación de preservar la prueba se refiere, que el día lunes por la mañana se estaba llevando a cabo el allanamiento.
2.-A las pocas horas el propio gobernador anoticiado de la simple y ritual diligencia procesal que se había llevado a cabo, propia de la actividad de los jueces, exclusiva y excluyente facultad sólo reservada a su criterio y a la valoración de sus probanzas; convoca a los miembros del S.T.J. para advertirles que no iba a tolerar este tipo de avasallamiento al Poder Ejecutivo y que procedería junto al Fiscal de Estado presente en la reunión, con un escrito, a iniciar Juicio Político al Juez y al Fiscal del allanamiento, Dres. Reussi y Marcelo Álvarez respectivamente. Hizo la presentación ante el Consejo de la Magistratura, el que luego de un breve tratamiento la mandó al archivo. Dos conductas, dos roles totalmente fuera de contexto, la del Gobernador desconociendo las competencias y facultades constitucionales de jueces y fiscales y el fiscal de Estado desconociendo las propias. Y desconociendo además que el Consejo de la Magistratura no es el Superior del Tribunal de Justicia; es un órgano extrapoder.
3.-En esta causa hay una importante cantidad de prueba, expedientes liquidados y pagados, cuya lista con carátula y número elevamos al fiscal. Recordemos los montos devengados por el Ministerio de Familia aplicados a este gasto, estamos hablando de $ 2.542.312,21 en el año 2008, con una llamativa inclinación en la contratación hacia una empresa de transporte, con referencia a otras, que hacen el mismo recorrido. Les recuerdo a los señores Legisladores que los montos denunciados son todavía mayores si se tiene en cuenta que este Ministerio no es el único que otorga pasajes oficiales. Volviendo a la materia probatoria, hay una cantidad de expedientes importantes que todavía no han sido entregados al Juzgado en una actitud a esta altura más que renuente, alegando que no se los puede encontrar.
4.- Pasaré ahora a detallar los gastos actuales en el mismo rubro por parte del Ministerio de Familia. En la actualidad entonces, desde nuestra presentación judicial en adelante, en el Ministerio de Familia, la cifra se redujo en el 126% siempre con una preeminencia ponderable hacia la misma empresa.
Parece que nuestra denuncia ayudó a la razonabilidad del gasto. A través de nuestra simulación realizada por nosotros concluimos que el Ministro de Familia autorizaba el transporte de un colectivo diario completo tramo Viedma-Buenos Aires.
CAUSA: DEFENSORIA DEL PUEBLO S /DENUNCIA DEFRAUDACION-EXPTE. Nº 5682/09-JF20-VILLA REGINA
Hablamos de sospechas y en esta denuncia se profundizan las mismas. Este Sr. Sansuerro, Secretario General del Sindicato de Viales y Director de una empresa del Estado Viarse fue denunciado ante esta Defensoría del Pueblo por un grupo importante de personas a quienes les vendió parcelas destinadas para la construcción de su vivienda familiar alegando la existencia de un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) .Habiendo constatado esta Defensora del Pueblo que tal convenio no existía y que en los próximos dos años, no había posibilidades que de que se suscribiera, atento que el Instituto carece de cupos .Además de otras irregularidades detectadas, como que el terreno no estaba mensurado y que la fracción mayor estaba a nombre del propio Sansuerro y de un tercero ajeno al Sindicato ; el inmueble tenía una hipoteca en primer grado por una importante suma de dinero. Ante tal circunstancia denunciamos penalmente a Sansuerro.
Sansuerro sigue operando, no solamente en Villa Regina sino en otras ciudades de la Provincia, sigue integrando el Directorio de Viarse y el IPPV a nuestro entender no ha controlado ni controla en la actualidad un servicio que obviamente ha tercerizado y que deja en manos de personas por lo menos inescrupulosas problemáticas tan vitales para la gente como lo es la adquisición de su primer vivienda familiar.
La sensación es que el gobierno protege a Sansuerro dado que luego de todas estas denuncias, la situación no cambia, sigue vendiendo presuntos lotes y presuntas viviendas; incluso sigue siendo Director de una empresa del Estado. Amenazó a esta Defensora del Pueblo públicamente y a una de las denunciantes de la situación. Su actitud fue tan violenta que nos obligó a solicitarle al Fiscal custodia policial para la Señora, la que temía por su propia seguridad y la de sus hijos.
Tengo que confesar Sres. legisladores que cuando describo esta situación no puedo dejar se sentir desazón.
DESIGNACION DE ECHARREN
Un capítulo especial, y que agrava esta sensación que describo merece la designación del Dr. Nelson Echarren como fiscal General.
Un dato no menor, Echarren era hasta hace unos días, abogado del legislador Sartor en las causas denunciadas por esta Defensora del Pueblo. Respeto la libertad de mis colegas de elegir las causas donde actuar y respeto el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a ser defendidos en juicio por el abogado que elijan. Cuando el Fiscal de Investigaciones Administrativa Dr. Berraz en la causa por presunto Crecimiento Desproporcionado del patrimonio del Legislador Sartor, saca la Resolución de archivo, el Dr. Echarren salió a la prensa ha anunciar que la cuestión ya estaba terminada. Que se presentaría ante el Tribunal Penal donde tramita la causa por presunto Enriquecimiento Ilícito del Legislador Sartor iniciada por nosostros a fin de que el juez se notificara de la resolución y se termine con esa investigación, fundando el derecho de su cliente en la resolución liberatoria del Dr. Berraz.
Eso generó una gran confusión en la gente. El Dr. Echarren conoce perfectamente la incidencia que puede tener una resolución administrativa sobre una investigación penal.
Podría en todo caso tomarla el Juez Penal como una prueba más de la que esta colectando, a favor o en contra del denunciado, pero de ninguna manera relegar su facultad de "Decir el Derecho" ( jurisdicción) a la autoridad administrativa.
El Dr. Echarren esta siendo juzgado en causa penal por prevaricato, en su significado etimológico prevaricato deriva del verbo latino "prevaricare" que quiere decir desviarse del camino recto o caminar torcido. Este delito esta contemplado en el Código Penal Argentino, dentro de los delitos contra la Administración Pública .Se trata de un delito cometido por jueces, árbitros, amigables componedores, abogados, fiscales, y funcionarios similares, que actúan con falsedad, o violan las leyes vigentes. El prevaricato del juez requiere el dictado de una resolución judicial fundada en hechos falsos o contraria a la ley. El prevaricato del abogado, fiscal, mandatario, asesor o funcionario judicial, implica que estos sujetos defiendan o representen partes contrarias en el mismo juicio, o que de cualquier otro modo, perjudiquen deliberadamente la causa que le estuviere confiada.
Además tiene una causa pendiente administrativa ante el STJ. En la causa penal se negó a comparecer cuando fue citado a Explicativa alegando fueros, que no tiene .Desconozco cual fue la resolución del juez penal ante semejante planteo. La causa administrativa todavía no fue resuelta por STJ. Esto sucede en forma simultánea al desarrollo del procedimiento para su designación, en estas condiciones llega al Consejo de la Magistratura como candidato para compulsar por el cargo de Fiscal General y lo eligen por mayoría en contra inclusive de la propia autoridad del Ministerio Público, quien sería su superior jerárquico.
Porque forzaron su designación por mayoría? Porque incluso impusieron una nueva mecánica de elección?. Sobre tablas y por mayoría, cambiaron los parámetros que se venían utilizando para resolver las distintas incorporaciones a la justicia en toda la provincia.
El legislador Martín Soria voto en las dos oportunidades en contra y los legisladores del gobernador sin poner la mínima resistencia, fueron parte también de esta designación forzada y plagada de irregularidades.
Es lamentable el comportamiento del Dr. Echarren. Estará ahora a cargo de la persecución del delito una persona que esta sospechada de haberlo cometido; someterse al esclarecimiento pleno de su situación le hubiera hecho mucho bien a su persona y a las Instituciones. Debemos aclarar que fue denunciado por un Juez, cuando el Dr. Echarren aceptó ser juez en una causa donde el Estado Rionegrino demandaba civilmente a su defendido por la misma causa, en sede penal.
Es lamentable la actuación del entonces Presidente del STJ y presidente del Consejo de la Magistratura, que teniendo a su cargo la resolución del procedimiento administrativo, donde se debía juzgar la conducta del Dr. Echarren no resolvió el expediente pendiente, donde estaba cuestionada su conducta, antes de su designación.
Y es lamentable la actuación del Poder Ejecutivo que no solo acompaña y legitima todos estos despropósitos sino que además el actual Ministro de Gobierno en un acto de desafío ante los públicos cuestionamientos a esta designación, recibe al Dr. Echarren en su despacho dándole a la visita una calidad institucional de la que carecía en ese momento. Echarren no había asumido.
Que pasará con los dos procesos pendientes contra el Dr. Echarren? El penal y el administrativo. Los dos deben ser resueltos. Para el caso de ser resueltos a favor, el pueblo agradecerá la premonición de los consejeros, pero si el Dr. Echarren fuera condenado penalmente por prevaricato o sancionado administrativamente por el Superior Tribunal de Justicia, el bochorno institucional no tendrá dueño. Y otra vez el precio lo pagará la credibilidad en las instituciones.
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber como los funcionarios manejan los asuntos públicos, que decisiones toman, que destino le dan al dinero del Estado o que hacen o dejan de hacer.
Este derecho de acceso a la Información Pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y en la Argentina y en nuestra provincia, tiene jerarquía constitucional.
Según Damian Loreti "El derecho a la Información Pública es un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Su culminación esta en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un Estado de Derecho Democrático. Es también un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte de los estados, los grupos de presión o los partidos políticos."
Creo que la violación permanente por parte de este gobierno a la ley B 1829 que regula el libre acceso a la información pública en Rio Negro .es un síntoma más de la falta de transparencia con que se maneja la cosa de todos nosotros. Y es además un retroceso, porque esta provincia, una vez puesto en marcha el Sistema Democrático, fue una de las primeras en sancionar leyes de esta naturaleza. El descreimiento del ciudadano se profundiza día a día, la sociedad pareciera ya no tener esperanzas de que las cosas se hagan con transparencia y bien.
Esta forma casi lasciva de construir y ejercer el poder ofende y genera un clima de indiferencia y resignación sobre el cual es imposible construir el progreso.
La normativa vigente queda en la nada ante la negativa de los funcionarios a dar información. Como ejemplo podemos citar la negativa del Fiscal de Inv. Administrativas Berráz, cuando obstruyó nuestra labor impidiéndonos acceder a la documental que sirvió de fundamento a su Resolución de archivo en el caso Sartor. Esto nos llevó a solicitarle al Juez Reussi una orden de allanamiento. La negativa de Reussi sin ninguna opción alternativa para hacernos de dicha información, nos obligó a apelar la medida. También puedo citar el dictamen de la Dra. Silvia Jañez, Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación que hoy es usado como formulario tipo por muchos funcionarios para violar la normativa vigente, lo que motivó oportunamente, la advertencia de esta Defensora, sobre las consecuencias que deberán afrontar en el futuro. Escudados en él nos han hecho más difícil la tarea en temas tan importantes como Publicidad Oficial, Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Concesiones Petroleras, entre otros.
Quiero expresar que cada vez que se le niega información a esta defensora del Pueblo se la esta negando a todos los ciudadanos de la Provincia a quienes por mandato constitucional represento. En Río Negro se esta violando flagrantemente la Constitución concretamente el Art. 26 tercer apartado que textualmente dice:" todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a la fuentes públicas de información…".El constituyente ha querido que todos estén informados y tengan acceso a lo que hace el gobierno, en el caso concreto de la Defensora del Pueblo la ley 2756 es muy clara al respecto no solo reafirmando el derecho sino que en su Art.11 Inc. c de la ley orgánica de la Defensoría ,se expresa sin dar lugar a interpretación que hasta el secreto gubernamental cede , ante el pedido de la Defensora del Pueblo.
DUDAS Y SOSPECHAS QUE ESTAMOS INVESTIGANDO
Los funcionarios públicos, tenemos un sin números de cargas, de obligaciones, que superan ampliamente a las personas del común. Pero como contrapartida, somos nosotros los que a diario tenemos el poder de modificar con nuestras acciones la vida de los demás, para bien o para mal. El ciudadano, tiene derecho a exigirnos honestidad, y no solamente en el sentido de la buena y sana administración de los dineros públicos sino también con respecto a nuestra capacidad, destreza y experiencia para manejar los asuntos del estado.
Existen en Río Negro, casos donde diría yo, las actitudes de algunos funcionarios tienen un cierto grado de obscenidad.
Para usar algunos hechos como ejemplo, de las constataciones realizadas por el Organismo de Control que dirijo y sobre las que estamos trabajando advertimos:
1) Existen amigos de funcionarios públicos, que aparecen ganando licitaciones millonarias. Las empresas de las que son parte se constituyen un año antes del llamado a licitación, y con un capital que no alcanzaría para responder ante el mínimo daño causado al Estado o a las personas.
2) Existen cónyuges de funcionarios al frente de Empresas que ganan licitaciones y contrataciones directas, con recaudaciones anuales millonarias. Sin antecedentes ni empresariales ni profesionales en el rubro, tan solo por haber sido empleados o funcionarios del Ministerio al que ahora proveen.
3) Nuestras investigaciones revelaron que el Dr. Alberto Romero que se desempeñaba como responsable del Programa de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, al mismo tiempo Auditor del Área oncológica del IPROSS, estaba vinculado con el principal proveedor de medicamentos oncológicos de la Provincia, Gavazza a través de una sociedad denominada Kroin .
4) Contratos con empresas, sin habilitación para el tipo de servicio para la que son contratadas.
Debo destacar que todas estas empresas tienen su domicilio fuera de la provincia.
5)Tenemos dudas, sobre la Renegociación de los Contratos Petroleros.
6) Dudas, sobre la renegociación de los Contratos de Concesión del Juego.
7) Dudas, sobre la actividad de Vialidad Provincial.
8) Dudas, sobre las actividades de la Dirección Provincial de Tierras.
9) Dudas, sobre la transparencia en la distribución y adjudicación de la Obra Pública, tanto la que se hace con dineros propios como la que se realiza con aportes nacionales.
10) Dudas, sobre la confesión de un empresario viedmense, contratista por excelencia del Estado, con respecto a la construcción de una mansión en Viedma, a través un crédito de materiales otorgado por él a un alto funcionario rionegrino, decisor con gran predicamento dentro del gobierno.
11) Dudas, sobre una funcionaria abogada, que maneja contrataciones millonarias y que omitió en tiempo y forma la presentación de su Declaración Jurada. Y dudas que surgen de su tardía presentación, que generó por parte de esta Defensora una investigación vía la aplicación de la ley de Ética Pública Nº 3550. Las investigaciones sobre el patrimonio de la Doctora Tamara Perez Balda todavía se encuentran sin resolver.
12) Dudas, cuando este gobierno le otorga exenciones impositivas a una empresa insolvente con un grado de morosidad ante sus acreedores, que llamaría la atención de cualquier buen hombre de negocios.
13) Dudas, cuando empresas insolventes y concursadas son registradas en el Registro Provincial de Proveedores del Estado, y sin autorización de las sindicaturas, compulsan y ganan licitaciones millonarias.
14) Dudas, cuando se negocia con empresas de transportes sumas millonarias de pasajes oficiales para supuestos indigentes y ante la denuncia, el Ministerio responsable, Sr. Alfredo Pega, se niega a aportar expedientes claves, para desarrollo de las probanzas, alegando que se perdieron.
15) Dudas, cuando ante las investigaciones de la defensoría, por caso las que estamos realizando sobre el Consorcio de Riego intervenido, el funcionario mas comprometido en nuestra investigación renuncia antes de dar explicaciones.
16) Dudas, cuando el propio gobernador, pide el juicio político del juez Reussi y del fiscal Marcelo Alvarez, por proceder en un todo de acuerdo con la ley, a allanar el Ministerio de Familia en busca de prueba ante una denuncia.
17) Dudas, porque son siempre las mismas empresas proveedoras y son siempre los mismos decisores dentro de las empresas y dentro de las estructuras del gobierno. Aunque a veces las empresas cambien de nombre y los ministros también.
18) Dudas, sobre la conducta desplegada en el ejercicio de la presidencia del Superior Tribunal por parte del Dr. Luis Lutz dado que su actividad rectora como máxima autoridad del Poder Judicial no reveló la energía suficiente en lo que a la causa Flavors llevada adelante por el Juez Funes se refiere, como así también sobre sus colaterales, pedido de Juicio Político al Juez Funes ante el Consejo de la Magistratura, tramite plagado de irregularidades y el expediente denunciando disfuncionalidades por parte de la Superintendencia, prácticamente ignorado por los decisores. Tampoco observamos un abocamiento pleno en lo que al avance de la policía sobre la autoridad de los jueces se refiere. Es conocida la destitución del Oficial Ormeño por obedecer las órdenes de la jueza, lo que significó la subversión del orden jerárquico Institucional establecido, sobre lo que la máxima autoridad judicial no dijo nada. Cerrando su gestión sin haber emitido dictamen sobre el expediente administrativo que pesa sobre el Dr. Echarren, con la gravedad de que presidía el órgano que lo designó; es decir su rol, reitero, era doble ante algunos de los hechos planteados.Tenía entonces doble responsabilidad. Todo esto tiene como resultado que el ciudadano sospeche sobre la existencia de alguna garantía de impunidad pactada.
19) Dudas, cuando solicité audiencia ante el S.T.J. para interiorizarme sobre sus ideas, sus políticas activas en materia de lucha contra la corrupción , previo hacerme agregar en la nota los temas que pretendía abordar, corrupción y 82% móvil les hice saber expresamente, me negaron el ingreso al Tribunal.
Todas estas dudas generan interrogantes, desazón, cansancio en la ciudadanía pero a su vez, redobla el compromiso de la Institución que represento. Y si alguna vez la ciudadanía y el periodismo comprometido que siempre nos acompaña, observa alguna retracción en nuestra actividad, tengan la plena certeza que será para tomar impulso.
"LA MUJER DEL CESAR ADEMAS DE SER DEBE PARECER"
Julio Cesar había sido designado Pontífice Máximo, cargo que implicaba una casa nueva en el Foro, la Domus Publica, la presidencia del Colegio de Pontífices y una cierta preeminencia en la vida religiosa de Roma, así como la asunción de los deberes y derechos del paterfamilias sobre las Vírgenes Vestales. Su estreno como Pontifex Maximus fue marcado por un escándalo. Después de la muerte de Cornelia Cinna, César se había casado con Pompeya Sila Como esposa del Pontifex Maximus y una de las mujeres más importantes de Roma, Pompeya era responsable de la organización de los ritos de la Bona Dea en diciembre, una liturgia exclusivamente femenina, donde los hombres no podían participar. Pero durante las celebraciones del año 62 a.C. un joven líder demagogo, conceptuado peligroso, consiguió entrar en la casa disfrazado de mujer, al parecer, movido por el lascivo propósito de yacer con Pompeya. En respuesta a este sacrilegio, del cual ella probablemente no era culpable, Pompeya recibió una orden de divorcio. César admitió en público que él no la consideraba responsable, pero justificó su acción con la célebre máxima:
"La mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo".
"La mujer del Cesar no solo debe ser honesta, sino que además debe parecerlo".
A todos nosotros esta máxima nos resulta familiar porque la escuchamos desde niños. De la boca de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros maestros. Y siempre que la escuchamos la referenciamos a la autoridad. Autoridad que no debe posar de honesta sino que esta honestidad debe ser clara y cabalmente percibida por toda la gente.
En esta época de crisis total de la credibilidad que debe existir necesariamente entre el que administra la cosa pública y el administrado, la cuestión se torna difícil. Los que dirigen, todos los que dirigen, los gobiernos, la justicia, los sindicatos, las empresas, deben prestar una especial atención cuando se trata de calificar la probidad de sus colaboradores y una gran celeridad y capacidad de reacción para imponer las sanciones.
En los últimos tiempos, en esta Provincia se trasparentaron situaciones, que han tenido a este Órgano de Control como protagonista de algunas de las muchas denuncias por presunta corrupción en el gobierno, el que ha tratado de encubrir o de esconder irregularidades y no ha colaborado a mantener la imagen de la Administración ni la de la política. En el sentir de la ciudadanía rionegrina, ambas están degradadas.
Este desprestigio solo podrá ser reparado si asumen en los cargos personas probas con capacidad innegable de liderazgo, idóneas y con dotes suficientes para el verdadero trabajo en equipo.
El que manda debe revisar los antecedentes de las personas que van a colaborar en su gestión. Debe seleccionar y luego monitorear el cumplimiento por parte de éstos de sus deberes y de las leyes que regulan la actividad pública.
Es necesario que el Sr. Gobernador tome estas palabras como una recomendación expresa de la Defensora del Pueblo.
Un caso paradigmático lo representa Carlos Alberto Lorenzati, designado en el año 2006 como Director General de Análisis Delictivo en el Gobierno de Miguel Sáiz.
Lorenzati aparece en la lista de colaboradores de la represión que publicó la Revista Veintitrés en su última edición. Figura como "agente de producción", esto es como informante del organismo de inteligencia durante la última dictadura militar, más precisamente el Batallón 601.
Cabe recordar que Lorenzati, al momento de ser cuestionada su designación, con el respaldo de las autoridades provinciales argumentó que se trataba de un homónimo, cuando se supo que el juez Rafecas lo investigaba en el año 2008.
Esta Defensora le pregunta al Sr. Gobernador: Por qué, con qué finalidad fue designado Lorenzati en el Gobierno Provincial, a quién tenía que vigilar?.
Deben existir castigos ejemplares y aquellos funcionarios públicos que traicionen la confianza depositada por la gente, sus mandantes, aquellos funcionarios públicos que conciben la política como un medio de enriquecimiento personal, aquellos funcionarios públicos que cometan actos de corrupción deben ser expulsados, deben ser apartados, deben ser sometidos a Juicio Político o a la Revocatoria Popular y juzgados penalmente por sus delitos.
Y aquí debo detenerme sobre el papel central que le cabe a los jueces de mi Provincia en la lucha contra la corrupción pública. Los párrafos anteriores también corresponde aplicárselos a los jueces. Sus superiores deben revisar cuidadosamente sus antecedentes y luego monitorear su desenvolvimiento.
Sin la independencia real, efectiva y no declamada de la justicia, nada se podrá corregir. El mal funcionario, el corrupto, trata de garantizarse la impunidad manipulando a la justicia. Los jueces tienen la obligación constitucional y moral de asegurar a la ciudadanía de Río Negro que no habrá delincuencia enquistada en el sector público.
El Gobernador de la Provincia, Dr. Miguel Ángel Saiz y gran parte de su gabinete, como así también otros funcionarios provinciales, creen que son seres superiores. Superiores a sus mandantes y superiores a todos. Sin mostrar ni evidenciar respeto por cargos constitucionales que conforman el Estado, ejercidos por personas con idoneidad, que son denostadas y apartadas por pensar diferente, en una actitud totalmente autoritaria e intolerante frente al disenso. Administran la cosa pública, la cosa común, la cosa de todos, como si se tratara de sus bienes personales. Efectivamente se creen seres superiores, he podido constatar actitudes de soberbia, especialmente hacia mis colaboradores, que son imperdonables.
En sus agendas advertimos contenidos, por ejemplo la Reforma de la Constitución, alejados totalmente de la realidad en que vive el ciudadano común y de sus necesidades urgentes.
Actúan de sordos y ciegos, se hacen los que no ven y los que no
escuchan los reclamos de la gente, que sufre permanente y cotidianamente por sus errores. Se aíslan en "burbujas de irrealidad".
Para terminar quiero expresar que este Órgano de Control va a sumar un nuevo desafío a su tarea. Hemos emprendido la lucha contra la corrupción, ahora vamos a emprender, en lo que queda de nuestra gestión, la lucha contra la impunidad, contra la falta de castigo.
Cuando existe impunidad la corrupción se torna aun más nociva. Este condimento la protege e impide su corrección. Así como queremos terminar con la corrupción, sabemos que para ello debemos derrotar a la impunidad.
Mientras transitamos este camino, a veces altivos, otras cabizbajos, escuchamos muchas voces, algunas de aliento, otras de desaliento. Muchos creen que cambiar las cosas es posible, otros, nos vaticinan que jamás nada va a cambiar. Pero a pesar de sentirnos a veces turbados entre tantas opiniones encontradas sobre nuestra gestión, para nosotros lo más importante es el camino que hemos elegido.
Ese camino sobre el cual coincidimos en volcar todas nuestras fuerzas y nuestras esperanzas, en ese camino nos mantendremos firmes. Aunque caigan sobre nosotros cientos de tormentas. Tenemos que llegar al final, tenemos que lograr la meta.
Volver a creer, es el desafío. Volver a respetar es la garantía. Volver a soñar es un deber.
Nadie, por más poderoso que se pretenda, tiene el derecho de manipular nuestro destino.
Muchas gracias.-
